La futura EU Kids Act prohibirá el acceso a las redes sociales antes de los 13 años y solo permitirá cuentas supervisadas entre los 13 y los 15. La verificación de la edad, la protección de datos y la facilidad para eludir las restricciones se perfilan como los principales obstáculos.
La Comisión Europea presentará este jueves su propuesta para restringir el acceso de los menores a las redes sociales. La futura EU Kids Act establecerá una prohibición total para los menores de 13 años y un acceso limitado y supervisado para los adolescentes de entre 13 y 15.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció las líneas generales de la iniciativa durante su discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo.
“Ha llegado el momento de que Europa actúe. Somos nosotros quienes decidimos nuestras reglas, no las grandes tecnológicas”, declaró.
El proyecto seguirá un modelo gradual. Los menores de 13 años no podrán acceder a las redes sociales, mientras que los adolescentes de entre 13 y 15 solo dispondrán de “minicuentas” creadas y supervisadas por sus padres, con funciones restringidas y límites de tiempo. Entre los 15 y los 18 años, las plataformas estarán obligadas a aplicar un diseño específicamente seguro.
La propuesta deberá ser negociada y aprobada por el Parlamento Europeo y los Veintisiete antes de entrar en vigor.
Reglamento o directiva
Todavía quedan por conocer aspectos centrales del texto, entre ellos si la nueva legislación adoptará la forma de reglamento o de directiva.
La Comisión está sometida a presión para optar por un reglamento, que permitiría aplicar directamente unas normas armonizadas en toda la Unión. Una directiva, en cambio, tendría que incorporarse posteriormente a la legislación de cada Estado miembro.
La iniciativa europea llega cuando una docena de países tramitan o estudian sus propias restricciones. Entre ellos figuran España, Francia, Dinamarca, Grecia e Italia.
Bruselas quiere evitar que la multiplicación de normas nacionales genere un marco fragmentado y diferentes niveles de protección para los menores en función del país en el que residan.
Las normas que ya existen
La Unión Europea ya dispone de instrumentos legales para proteger a los menores en internet. El Reglamento de Servicios Digitales prohíbe la publicidad dirigida basada en perfiles de menores y obliga a las grandes plataformas y motores de búsqueda a evaluar y reducir los riesgos sistémicos, incluidos los relacionados con la salud mental.
El Reglamento General de Protección de Datos sitúa entre los 13 y los 16 años la edad a partir de la cual un menor puede prestar por sí mismo su consentimiento digital. Cada Estado puede determinar el umbral concreto dentro de ese intervalo.
La Comisión pretende ampliar el alcance de las nuevas obligaciones más allá de las redes sociales, incluyendo videojuegos, tiendas de aplicaciones, asistentes de inteligencia artificial, chatbots y “compañeros” virtuales.
El Reglamento europeo de Inteligencia Artificial prohíbe desde febrero de 2025 los sistemas que exploten las vulnerabilidades de las personas por razón de edad. Sin embargo, no establece todavía un régimen general de diseño digital específico para los menores.
La difícil verificación de la edad
La aplicación efectiva de las restricciones se perfila como el principal desafío. Bruselas dispone desde abril de una solución europea de verificación de edad preparada para ser adaptada por los Estados y las empresas. El sistema debe permitir que un usuario demuestre que supera una determinada edad sin revelar otros datos personales.
Francia, Dinamarca, Grecia, Italia, España, Chipre e Irlanda trabajan en la integración de soluciones de verificación en sus sistemas nacionales, como paso previo a la futura cartera europea de identidad digital.
La experiencia internacional demuestra, sin embargo, que imponer una edad mínima no garantiza su cumplimiento. En Australia, donde las redes sociales están prohibidas para los menores de 16 años, el regulador constató que más de ocho de cada diez adolescentes continuaban utilizándolas con una frecuencia similar, entre otros medios mediante redes privadas virtuales o VPN.
“Deberíamos verlo como una especie de carrera armamentística: se desarrollan mejores medidas de verificación y después los menores y otros usuarios encuentran nuevas formas de sortearlas”, explicó a EFE Miriam Buiten, investigadora del Centro sobre la Regulación en Europa.
No basta con fijar una edad mínima
Los expertos advierten de que la protección no puede limitarse a comprobar la edad de los usuarios. Elizabeth Kuiper, investigadora del Centro de Políticas Europeas, considera que la Comisión también debe obligar a modificar el diseño de las plataformas.
Entre las funciones cuestionadas figuran el desplazamiento infinito, la reproducción automática y los algoritmos que conducen progresivamente hacia contenidos más extremos. Estas herramientas pueden afectar a usuarios de todas las edades.
Un borrador de la propuesta contempla prohibir para los menores determinadas funciones consideradas adictivas, como el desplazamiento ilimitado y las recomendaciones ultrapersonalizadas. Las empresas podrían afrontar multas de hasta el 6 % de su facturación mundial si incumplen sus obligaciones.
“Si el diseño es perjudicial a los 13 años, no se vuelve mágicamente seguro al cumplir 15 o 18”, advirtió Simeon de Brouwer, de la organización europea de derechos digitales EDRi.
Derechos fundamentales y proporcionalidad
La Comisión también tendrá que demostrar ante el Parlamento y el Consejo que las restricciones son proporcionadas y que la intervención europea respeta el principio de subsidiariedad.
España y Países Bajos han pedido que, antes de introducir una prohibición, se evalúe su impacto sobre derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección de los datos personales.
“Queda por determinar si realmente queremos esta prohibición, sopesando los derechos en juego, y después abordar la cuestión diferente de si puede aplicarse de manera efectiva”, resumió Buiten.
Von der Leyen defendió que las plataformas deben asumir la responsabilidad de demostrar que sus servicios son seguros. También recordó que las consecuencias del diseño adictivo no se limitan a los menores.
La iniciativa abre así una compleja negociación europea. El objetivo político está definido: reducir la exposición de los niños a contenidos, algoritmos y funciones perjudiciales. El verdadero desafío será convertirlo en un sistema técnicamente eficaz, respetuoso con la privacidad y difícil de eludir.
