El Gobierno australiano prepara una nueva ofensiva regulatoria contra las grandes plataformas digitales. Las empresas deberán prevenir los daños que sus servicios puedan causar, especialmente entre los menores, y permitir a los usuarios elegir entre un contenido seleccionado por algoritmos o un muro limitado a las cuentas que hayan decidido seguir. Las sanciones por incumplimiento podrán superar los 100 millones de dólares australianos.
Australia quiere dar un paso más en su batalla contra los efectos nocivos de las redes sociales. Después de convertirse en pionera al restringir el acceso de los menores de 16 años a estas plataformas, el Gobierno de Anthony Albanese ha presentado este martes su proyecto de «Digital Duty of Care», una suerte de deber legal de protección que trasladará a las empresas tecnológicas una parte mucho mayor de la responsabilidad por los daños derivados de sus productos.
La filosofía del proyecto supone un cambio significativo: ya no se trata únicamente de controlar quién puede abrir una cuenta, sino de obligar a las plataformas a prevenir riesgos previsibles derivados de su propio funcionamiento.
Para los menores de 18 años, las empresas deberán adoptar medidas frente a contenidos relacionados con pornografía, acoso, misoginia, trastornos alimentarios, glorificación del crimen y otras formas de contenido susceptibles de causar daños graves. La obligación alcanzará además a otros servicios digitales, incluidos determinados videojuegos, aplicaciones, motores de búsqueda y sistemas de inteligencia artificial.
La medida más novedosa afecta directamente al mecanismo que ha transformado las redes sociales en una poderosa industria de la atención.
Bajo la iniciativa denominada «My Feed, My Way», los mayores de 16 años deberán poder decidir si quieren recibir contenidos personalizados por el algoritmo o prefieren ver únicamente las publicaciones procedentes de las personas y cuentas que siguen. Para los menores de 16 años, además, las plataformas deberán desactivar funciones como los algoritmos personalizados y el desplazamiento infinito como protección adicional a la restricción de acceso ya vigente.
El cambio apunta a uno de los aspectos más controvertidos del modelo de negocio de las redes sociales. Los sistemas de recomendación están diseñados para mantener la atención del usuario mediante una selección continua de contenidos basada en su comportamiento, una práctica sometida a creciente escrutinio por su capacidad para conducir hacia contenidos cada vez más extremos o adictivos.
Las plataformas que incumplan el nuevo deber de protección podrán enfrentarse a multas de hasta 109,2 millones de dólares australianos, alrededor de 79 millones de dólares estadounidenses. En determinados supuestos acumulativos, el propio Gobierno australiano señala que las sanciones podrían superar los 200 millones de dólares australianos por infracción.
La autoridad australiana de seguridad digital, eSafety, dispondrá además de mayores facultades para exigir la retirada rápida de determinados contenidos dañinos o ilegales y supervisar las medidas adoptadas por las compañías.
El proyecto no está exento de críticas. Algunos sectores políticos y defensores de la libertad de expresión temen que una regulación demasiado amplia termine abriendo la puerta al control gubernamental de contenidos. El Ejecutivo rechaza esa interpretación y sostiene que la reforma pretende regular los sistemas y mecanismos que generan riesgos, no decidir qué opiniones pueden expresar los ciudadanos.
Australia plantea así una cuestión que trasciende sus fronteras: después de años responsabilizando principalmente a padres y usuarios de los riesgos de internet, ¿hasta qué punto deben responder también las empresas que diseñan los algoritmos, seleccionan los contenidos y construyen mecanismos destinados a prolongar nuestra permanencia frente a la pantalla?
La respuesta australiana comienza a tomar forma: proteger a los jóvenes no consiste únicamente en decirles cuándo pueden entrar en una red social. También significa preguntarse qué ocurre una vez que están dentro y quién decide lo que aparece en sus pantallas.
