La operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro genera tensiones en el Gobierno de coalición español, mientras miles de venezolanos residentes celebran en las calles de Madrid y Barcelona. Pedro Sánchez condena la violación del derecho internacional, pero PP y Vox respaldan la transición democrática.
El Gobierno español respondió con cautela diplomática a la intervención militar estadounidense en Venezuela. El presidente Pedro Sánchez declaró en un mensaje difundido este sábado que España no reconocerá una operación que viola el derecho internacional y empuja a la región hacia un horizonte de incertidumbre y belicismo. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo matizó que España tampoco había reconocido al régimen de Maduro tras las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024, dejando la puerta abierta a una transición democrática bajo condiciones de legalidad internacional.
La posición de Sánchez refleja el difícil equilibrio que Madrid ha intentado mantener en la crisis venezolana desde que el Congreso español reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo en septiembre pasado, sin que el Ejecutivo socialista adoptara formalmente esa postura. En su comunicado, el Gobierno insistió en su disposición a prestar buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada, al tiempo que confirmó que la embajada española y los consulados en Venezuela permanecen operativos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo contacto durante todo el día con Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y con diversos cancilleres de la región para coordinar una respuesta común.
La reacción del Gobierno contrasta marcadamente con el respaldo que PP y Vox han expresado a la operación estadounidense. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que la prudencia es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes españoles. Feijóo recordó que su partido lleva años denunciando el régimen chavista y criticó al Gobierno socialista por haber facilitado la salida de Edmundo González de Venezuela mientras Maduro se mantuvo en el poder pese a perder las elecciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue más allá al calificar la captura de Maduro como un día histórico y reprochar al Ejecutivo de Sánchez su tibieza frente a la dictadura venezolana.
Santiago Abascal, líder de Vox, urgió al régimen narcoterrorista de Maduro a rendirse y evitar sufrimiento al pueblo venezolano. Abascal celebró abiertamente la intervención militar estadounidense y recordó que su partido ha respaldado sistemáticamente las iniciativas para acabar con el chavismo. En contraste, la izquierda política española expresó su rechazo frontal a la acción militar. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, denunció en las redes sociales que Estados Unidos es un peligro para el mundo entero y acusó a Trump de bombardear a Venezuela. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, condenó el ataque estadounidense y advirtió que vulnera las Naciones Unidas y la legalidad internacional.
División en la comunidad venezolana
La respuesta de los aproximadamente 400.000 venezolanos residentes en España ha sido igualmente fracturada. Durante la tarde del sábado, miles de personas se concentraron en la Puerta del Sol de Madrid para celebrar lo que consideran el fin de la dictadura de Maduro. Los manifestantes agitaban banderas venezolanas, cantaban el himno nacional y expresaban su júbilo ante las cámaras de televisión. En Barcelona se registraron dos concentraciones simultáneas: una en el Arco de Triunfo a favor de la intervención, con aproximadamente 250 personas, y otra frente al consulado venezolano en la plaza Urquinaona, con unas 400 personas según cifras municipales, que condenaron el ataque estadounidense. Los Mossos d’Esquadra tuvieron que intervenir para evitar enfrentamientos entre ambos grupos.
La comunidad venezolana en España se ha multiplicado por diez en la última década, pasando de 40.000 personas en 2014 a casi 400.000 en la actualidad. Madrid concentra la mayor población, con más de 210.000 venezolanos residentes, seguida de Barcelona, Tenerife y Alicante. Esta comunidad, la más numerosa de venezolanos en Europa, se caracteriza por un perfil mayoritariamente profesional y activo. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los venezolanos constituyen la segunda nacionalidad extranjera con más afiliados a la Seguridad Social en España, con más de 164.000 cotizantes. El 76.7% tiene entre 26 y 65 años, según el Centro Europeo de Migración Venezolana, y entre ellos se cuentan más de 5.000 médicos, 7.000 ingenieros y cientos de otros profesionales cualificados.
Los testimonios recogidos en la Puerta del Sol reflejan la mezcla de euforia y cautela que caracteriza a la diáspora venezolana. Camila Armas, una universitaria de 40 años que llegó a España cuando el chavismo cumplía apenas ocho años, declaró a los medios presentes que nunca ha visto su país libre y que la noticia de la captura de Maduro le hizo llorar de emoción. Sin embargo, expresó preocupación por lo que ocurrirá a continuación, reconociendo que esto es una grieta en el sistema chavista pero advirtiendo que por primera vez comenzamos a volver pronto, pero no queremos sorprendernos al decir que Corina Machado es agredida. Otros manifestantes, en cambio, celebraron sin reservas lo que consideran el inicio de una nueva era para Venezuela.
José Antonio Morlá, presidente de la Asociación de Venezolanos en Cataluña, expresó en declaraciones a los medios que el sentimiento mayoritario en la comunidad es de esperanza mezclada con incertidumbre. Morlá señaló que aunque muchos venezolanos celebran el derrocamiento de Maduro, existe preocupación por la forma en que se ha producido y por el futuro político del país. Según diversas asociaciones de venezolanos en España, la comunidad está dividida entre quienes priorizan el fin del chavismo por cualquier medio y quienes temen que una intervención militar extranjera genere mayor inestabilidad. Los líderes comunitarios compartieron el mismo estado de ánimo: agónica espera por conocer los próximos pasos y temor de que la transición no sea ordenada.
Tensión en el Gobierno de coalición
La crisis venezolana ha intensificado las diferencias dentro del Gobierno de coalición español. Sumar y Podemos, socios minoritarios del PSOE en el Ejecutivo, han exigido la comparecencia urgente del ministro Albares ante el Congreso para explicar la posición española. El grupo parlamentario liderado por Yolanda Díaz denunció la operación militar como un uso ilegítimo e ilegal de la fuerza e instó al Gobierno a condenar expresamente la intervención estadounidense. Podemos, por su parte, fue más allá al reclamar que España lidere en la Unión Europea una respuesta firme contra lo que consideran una agresión imperialista.
ERC, EH Bildu y BNG también se sumaron a la presión sobre el Gobierno socialista. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, calificó el bombardeo de Estados Unidos como una agresión imperial que no puede ser legitimada bajo ningún pretexto. Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, advirtió que la intervención militar podría tener efectos desestabilizadores en toda América Latina y exigió al Gobierno español que actúe con responsabilidad desde la comunidad internacional y responda con rapidez. El BNG, a través de su portavoz parlamentaria, condenó lo que definió como una nueva muestra de la histórica política de Washington de intervención en países soberanos de América Latina.
El Gobierno español se encuentra así en una posición delicada, equilibrando la necesidad de mantener la cohesión interna de la coalición con la realidad de una comunidad venezolana masiva en territorio español que mayoritariamente celebra el fin del régimen de Maduro, independientemente de cómo se haya producido. Las relaciones entre España y Venezuela ya estaban deterioradas desde septiembre de 2024, cuando la Asamblea Nacional chavista aprobó un proyecto para romper relaciones diplomáticas tras el reconocimiento parlamentario español de Edmundo González. Aunque esa ruptura nunca se materializó, ambos países retiraron a sus embajadores y las relaciones se mantienen en un nivel técnico mínimo.
España acoge además a Edmundo González Urrutia, quien solicitó asilo político en septiembre tras ser objeto de persecución por el régimen chavista. El líder opositor, reconocido como presidente electo por el Congreso español aunque no por el Gobierno, se encuentra actualmente en Madrid desde donde ha seguido los acontecimientos. La presencia de González en territorio español añade una dimensión adicional a la compleja posición de Madrid, que debe gestionar simultáneamente sus relaciones con la administración Trump, sus compromisos dentro de la Unión Europea, las demandas de sus socios de coalición y las expectativas de una numerosa comunidad venezolana que ve en España su principal refugio en Europa.