ESPECIAL VENEZUELA. De República Dominicana a Venezuela: seis décadas de intervenciones militares en América Latina

05 janvier 2026 - 10:07

La captura de Nicolás Maduro evoca tres precedentes directos en los que Washington desplegó tropas para derrocar gobiernos latinoamericanos: la invasión de República Dominicana en 1965 para sofocar un levantamiento popular, la operación en Granada en 1983 para desalojar un régimen de izquierda y la intervención en Panamá en 1989 que terminó con la captura de Manuel Noriega, hace exactamente 36 años.

La operación militar estadounidense que culminó con la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 no constituye un hecho sin precedentes en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Por el contrario, se inscribe dentro de un patrón de intervenciones directas que Washington ha ejecutado en la región durante las últimas seis décadas bajo justificaciones similares: proteger a ciudadanos estadounidenses, combatir el narcotráfico, restaurar la democracia o evitar la expansión del comunismo. Tres casos históricos resultan particularmente relevantes para comprender el contexto de lo ocurrido en Venezuela: la invasión de República Dominicana en 1965, la operación en Granada en 1983 y la intervención en Panamá en 1989 que derrocó a Manuel Noriega.

El paralelismo más evidente con el caso venezolano se encuentra en la Operación Causa Justa, ejecutada en Panamá entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990 bajo la presidencia de George H. W. Bush. Aproximadamente 27.000 efectivos militares estadounidenses invadieron el país centroamericano con el objetivo declarado de capturar al general Manuel Antonio Noriega, acusado por tribunales federales de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. Noriega, quien había sido colaborador de la Agencia Central de Inteligencia durante años, vio deteriorarse su relación con Washington a medida que crecían las acusaciones sobre sus vínculos con el tráfico de cocaína colombiana hacia Estados Unidos. Las tropas estadounidenses bombardearon instalaciones militares estratégicas en Ciudad de Panamá y enfrentaron resistencia de las Fuerzas de Defensa de Panamá durante varios días.

El precedente panameño

Tras eludir la captura inicial, Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en Ciudad de Panamá el 24 de diciembre de 1989. Las fuerzas estadounidenses rodearon el edificio diplomático y sometieron al dictador a un asedio psicológico que incluyó música a alto volumen de forma continua. Finalmente, el 3 de enero de 1990, Noriega se entregó a las autoridades estadounidenses. La coincidencia de fechas con la captura de Maduro no ha pasado inadvertida para analistas internacionales que ven en ambas operaciones un patrón similar de justificación basada en acusaciones de narcotráfico. Noriega fue trasladado a Miami, donde un tribunal federal lo condenó en abril de 1992 a 40 años de prisión por ocho cargos relacionados con drogas, sentencia posteriormente reducida a 30 años. Murió en 2017 tras cumplir condenas adicionales en Francia y Panamá.

El número de víctimas de la operación panameña sigue siendo objeto de controversia. Documentos desclasificados del Pentágono en 2019 señalaron que murieron 516 personas, la mayoría panameños. Sin embargo, organizaciones humanitarias elevaron las cifras de civiles fallecidos a entre 500 y 4.000. El barrio El Chorrillo en Ciudad de Panamá resultó gravemente dañado por los bombardeos, y más de 20.000 panameños fueron desplazados durante la invasión. La Asamblea General de Naciones Unidas condenó la invasión como violación del derecho internacional, aunque Estados Unidos vetó una resolución similar en el Consejo de Seguridad. Guillermo Endara, quien había ganado las elecciones presidenciales anuladas por Noriega, fue juramentado como presidente horas después de iniciarse la operación militar en una base estadounidense.

Granada: primera operación post-Vietnam

La Operación Furia Urgente, ejecutada el 25 de octubre de 1983 durante la presidencia de Ronald Reagan, marcó la primera gran intervención militar estadounidense desde la Guerra de Vietnam. Aproximadamente 7.000 efectivos de Estados Unidos, junto con 300 soldados de Jamaica, Barbados y otros países caribeños, invadieron la pequeña isla de Granada tras el golpe militar del 19 de octubre que derrocó y ejecutó al primer ministro Maurice Bishop. Reagan justificó la operación argumentando la necesidad de proteger las vidas de cerca de mil estudiantes estadounidenses de medicina residentes en la isla y evitar que Granada se convirtiera en una base militar cubano-soviética. Washington señaló específicamente la construcción de un aeropuerto internacional con ayuda cubana como evidencia de intenciones militares, aunque el gobierno granadino sostenía que la infraestructura estaba destinada al desarrollo turístico.

Las fuerzas invasoras encontraron resistencia de aproximadamente 1.500 soldados granadinos y 700 cubanos, la mayoría trabajadores de construcción del aeropuerto. Los combates se prolongaron durante varios días y dejaron un saldo de 70 granadinos muertos y 358 heridos, además de 24 cubanos fallecidos. La mayoría de las tropas estadounidenses abandonaron Granada el 1 de noviembre de 1983, tras instaurar un gobierno provisional encabezado por Paul Scoon. En 1988 se celebraron elecciones democráticas y el país ha mantenido desde entonces un sistema parlamentario. La operación expuso graves problemas de coordinación entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, lo que desencadenó reformas que culminaron en la creación del Comando de Operaciones Especiales en 1987. La invasión fue condenada por la Asamblea General de Naciones Unidas y generó críticas internacionales, incluso del gobierno británico de Margaret Thatcher.

La sombra de 1965

El precedente más antiguo y masivo de intervención directa ocurrió en República Dominicana con la Operación Power Pack, iniciada el 28 de abril de 1965 bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson. Aproximadamente 42.000 efectivos militares estadounidenses desembarcaron en Santo Domingo cuatro días después de un levantamiento cívico-militar que exigía el retorno del presidente democráticamente electo Juan Bosch, derrocado por un golpe militar en septiembre de 1963. Johnson justificó la intervención argumentando la necesidad de proteger las vidas de ciudadanos extranjeros y evitar el surgimiento de una segunda Cuba en el Caribe. El embajador estadounidense W. Tapley Bennett advirtió sobre supuesta infiltración comunista en el movimiento constitucionalista que lideraba el coronel Francisco Caamaño, aunque posteriores análisis cuestionaron la veracidad de tales afirmaciones.

Los combates entre las fuerzas constitucionalistas y las tropas estadounidenses se prolongaron hasta agosto de 1965. Cazas F-4 Phantom bombardearon puentes y edificios residenciales en Santo Domingo, mientras las tropas realizaban operaciones casa por casa en barrios civiles. Las estimaciones sobre víctimas varían significativamente: algunas fuentes calculan entre 3.000 y 4.000 muertos, mientras otras elevan la cifra a entre 6.000 y 10.000 dominicanos fallecidos. La ocupación se extendió hasta septiembre de 1966, cuando se retiraron las últimas tropas tras las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Joaquín Balaguer, quien había sido funcionario durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El coronel Caamaño aceptó un acuerdo negociado bajo presión y fue enviado como agregado militar a Londres, mientras Juan Bosch nunca recuperó el poder.

Estos tres precedentes históricos comparten elementos que resuenan en el caso venezolano: la justificación basada en amenazas al orden regional, el argumento de protección a ciudadanos estadounidenses, y la caracterización de los gobiernos intervenidos como vinculados al narcotráfico o al comunismo. La escala de las operaciones evolucionó desde los 42.000 efectivos de 1965 hasta intervenciones más limitadas en décadas posteriores, reflejando cambios en la estrategia militar estadounidense. Venezuela representa el primer gran despliegue militar de Estados Unidos en América Latina en el siglo XXI, rompiendo décadas sin intervenciones directas a gran escala y reavivando debates sobre soberanía nacional y derecho internacional que parecían relegados al pasado de la Guerra Fría.

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