Un informe del Instituto de Estudios Fiscales analiza la evolución de la renta y la pobreza en los hogares españoles entre 2017 y 2023 y concluye que las familias ganaron casi 5.000 euros de media gracias a las pensiones, el salario mínimo y el ingreso mínimo vita. La desigualdad cayó once puntos, pero la inflación absorbió gran parte de la mejora y dos millones de hogares siguen en situación límite.
Los hogares españoles registraron entre 2017 y 2023 una mejora significativa de sus niveles de renta y una reducción de la desigualdad, según un informe publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), think tank dependiente del Ministerio de Hacienda. La renta disponible equivalente real —es decir, los ingresos brutos menos impuestos directos y cotizaciones sociales, ajustados al tamaño de cada hogar— creció de media casi 5.000 euros en ese periodo. El estudio, elaborado por las investigadoras María Joaquina Barroso y Miguel Gómez-Antonio, analiza los datos fiscales de la Agencia Tributaria para radiografiar cómo evolucionó la distribución de ingresos en 18 millones de hogares y 45 millones de personas.
El indicador que sintetiza la desigualdad entre el 10% más rico y el 90% más pobre de la población se redujo once puntos a lo largo del periodo estudiado. Los autores califican el descenso de «gran magnitud y sostenido en el tiempo», con la única excepción de 2020, año en que la pandemia ralentizó la tendencia. Este dato se complementa con otro de alcance similar: de no haberse aplicado las políticas de pensiones, salario mínimo e ingreso mínimo vital, las tasas de pobreza y pobreza extrema habrían aumentado 3,8 y 3,56 puntos porcentuales respectivamente. Los mecanismos de protección social absorbieron, en la práctica, el impacto que de otro modo habría sufrido el tramo más vulnerable de la población.
La mejora que no llega a todos por igual
La evolución de los ingresos no fue homogénea entre los distintos niveles de renta. Las familias del primer decil —el 10% con ingresos más bajos— vieron crecer su renta disponible equivalente hasta un 50% de media entre 2017 y 2023, pasando de percibir 1.536 euros mensuales a 2.316 euros. Sin embargo, la inflación acumulada en ese periodo absorbió casi toda la mejora en términos reales, con un avance neto de apenas 7,9%. En los deciles medios, como el quinto, la mejora fue del 10%, una cifra menor en términos relativos pero más resistente al efecto erosionador de los precios al ser ingresos más elevados en términos absolutos.
El informe identifica, además, un problema estructural que los avances en renta no han corregido: la rigidez en la movilidad entre niveles de ingresos. La mayoría de las familias tiende a permanecer en el mismo decil de un año para otro, sin cambios relevantes. Sin embargo, desde la pandemia se observa una tendencia sistemática de movilidad descendente del segundo decil al primero: los hogares más pobres que logran salir del nivel más bajo tienden a regresar a él. Es decir, los que van pasando al primer decil son cada vez más, y los que salen son cada vez menos.
El papel determinante de las prestaciones sociales
Las tres políticas que el informe identifica como determinantes en la mejora de los ingresos son la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la introducción del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Las prestaciones sociales llegan a tres de cada cuatro hogares españoles, y la renta media de los que dejarían de percibirlas, si se eliminasen, se reduciría hasta los 16.482 euros. Esta cifra ilustra el papel de las transferencias públicas como columna vertebral del bienestar de amplias capas de la población.
La contribución de cada medida varía según el nivel de ingresos. Las pensiones revalorizadas benefician de manera transversal a los hogares de mayores, que en muchos casos son las unidades familiares con ingresos más bajos. El SMI ha tenido un impacto directo en los trabajadores del primer y segundo decil, mientras que el IMV actúa como red de contención para los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. Los autores del informe señalan que la combinación de estas tres herramientas ha permitido, por primera vez en décadas, una reducción simultánea de la desigualdad y de la pobreza extrema en España.
Lo que no cambia: movilidad y pobreza estructural
Pese a los avances registrados, el informe advierte de la persistencia de problemas que los datos de renta no resuelven. Dos millones de hogares y cinco millones de personas se encuentran en situación de pobreza extrema, una realidad que afecta de manera desproporcionada a ciertos perfiles: mujeres, jóvenes, familias monoparentales, hogares unipersonales y familias con muchos hijos. En estos grupos, la mejora de los ingresos medios no se traslada de la misma manera, bien porque el sustentador principal no trabaja o lo hace en condiciones precarias, bien porque los gastos del hogar crecen más deprisa que los ingresos.
El índice de Gini —la medida estadística más empleada para cuantificar la desigualdad en la distribución de la renta— ha mejorado, pero los autores señalan que persisten «elevados niveles de pobreza» y llaman a reforzar los mecanismos de protección social existentes. La renta disponible media creció de 17.640 euros en 2017 a 22.413 euros en 2023, un avance que en términos nominales supera el 27%. No obstante, descontada la inflación acumulada en ese periodo, el margen real de mejora es sensiblemente más estrecho. El informe no cuestiona la dirección de las políticas aplicadas, pero sí subraya que la consolidación de los avances exige ir más allá de las transferencias directas.
