La presión policial sostenida en el Campo de Gibraltar ha forzado una reconfiguración del narcotráfico andaluz: las organizaciones fragmentan sus estructuras, desplazan su actividad hacia Huelva y Almería y escalan sus cargas desde el hachís a la cocaína. El fiscal jefe de Huelva alerta de un salto cualitativo en el crimen organizado con uso creciente de armas de guerra. En lo que va de 2026 se han interceptado en la costa onubense dos alijos con cerca de once toneladas de cocaína.
Huelva ha dejado de ser un territorio secundario del narcotráfico andaluz. La provincia combina kilómetros de costa virgen, marismas, rías y espacios naturales de difícil vigilancia —incluida la desembocadura del Guadalquivir y amplias zonas limítrofes con Portugal— y se ha convertido en un nodo logístico de primer orden para la entrada y distribución de droga hacia España y Europa. «Vemos un salto cualitativo muy preocupante en el crimen organizado, fundamentalmente en el narcotráfico», afirmó Alfredo Flores, fiscal jefe de Huelva. Para Flores, lo relevante no es solo el volumen de los alijos, sino cómo llegan, quiénes los mueven y con qué nivel de violencia se protegen.
La transformación tiene un origen preciso: la presión policial sostenida en el Campo de Gibraltar ha empujado las redes hacia costas con menor cobertura. «Ese fenómeno global se ha ido desplazando hacia la costa de Málaga y Almería y fundamentalmente hacia la costa de Huelva, e incluso hacia Portugal», señaló Flores. Las organizaciones actúan con una lógica de movilidad que las fuerzas de seguridad tienen dificultades para anticipar: vigilan jefaturas y cuarteles, controlan los movimientos policiales y provocan incidentes intencionados —incendios de contenedores, accidentes simulados— para mantener ocupados a los agentes mientras descargan en otro punto. «Su trabajo dura uno o dos minutos; cuando reaccionamos, ya han terminado», describió un agente de la Policía Local de la costa onubense.
De Cádiz a Huelva: la geografía del desplazamiento
La provincia de Cádiz ilustra con claridad la mutación en curso. Poco queda del episodio de 2018 en que un grupo de traficantes asaltó el hospital de La Línea para recuperar por la fuerza a uno de los suyos herido y detenido, imagen que simbolizó el poder alcanzado entonces por las mafias del Campo de Gibraltar. Ocho años después y tras la implantación del Plan Especial de Seguridad del Gobierno, las grandes estructuras dominadas por liderazgos conocidos —como los hermanos Castaña, Jesús Heredia o el apodado El Messi del hachís— han dado paso a redes más fragmentadas, con menos jerarquías visibles. En el mar, la operativa también ha cambiado: las narcolanchas ya no entran de forma inmediata sino que permanecen fondeadas durante semanas o meses en alta mar, a la espera del momento idóneo para alijar.
Ese cambio ha reforzado una figura clave en el ecosistema del narcotráfico costero: el petaquero, encargado de suministrar combustible a las embarcaciones desde garajes o viviendas particulares. Su proliferación genera un riesgo adicional: el almacenamiento de miles de litros de gasolina en espacios domésticos es, según los agentes consultados, «material explosivo». Lucas Lavilla, portavoz en Huelva de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la mayoritaria entre los agentes, alerta de una normalización inquietante: narcolanchas varadas en playas o visibles a plena luz del día. «En dos años han fallecido cuatro guardias civiles y un policía portugués», recordó Lavilla, mientras las operaciones se suceden «un día sí y otro también».
Cocaína y armas de guerra, el salto cualitativo
La irrupción de la cocaína como carga prioritaria ha transformado la naturaleza del riesgo. «Proteger un cargamento de cocaína exige mayores medidas de seguridad y eso determina la violencia y el uso de armas que antes eran casi testimoniales», explicó el fiscal jefe Flores. El valor unitario de la carga justifica una inversión en medios de protección que el tráfico de hachís no requería en la misma proporción. El resultado es una escalada armamentística que ha llevado al empleo de subfusiles y armas de guerra entre las organizaciones activas en el litoral andaluz, fenómeno que las fuerzas de seguridad describen ya como habitual.
La AUGC lleva más de una década reclamando que la provincia de Huelva sea declarada Zona de Especial Singularidad, una figura que permitiría reforzar medios humanos, materiales y penales. «Ya no pedimos solo más medios; pedimos endurecer las penas», explicó Lavilla. El objetivo es cortar el apoyo social al narcotráfico, especialmente en fenómenos como el petaqueo o los llamados aguadores, personas que alertan de presencia policial a cambio de remuneración. «Pagan muy bien por no hacer nada y así se alimenta el sistema», denunció el portavoz de la AUGC. Flores coincide en que el refuerzo policial no basta por sí solo: «Si no reforzamos también la Justicia —Fiscalía y judicatura—, el cuello de botella se produce en la tramitación de los procedimientos penales».
Almería, el otro flanco en expansión
En el extremo oriental de Andalucía, Almería vive un momento de expansión del narcotráfico impulsado por la misma lógica de desplazamiento. La mayor presión policial en la Costa del Sol ha trasladado parte de la actividad ilegal a la costa almeriense, con un aumento de la violencia que lo ilustra: en apenas seis semanas de 2026 se habían intervenido ya 17 armas, frente a las 112 incautadas durante todo 2025, según datos del comisario jefe de la provincia, Antonio María Delgado. En febrero, un miembro de una organización criminal intentó disparar contra agentes de la Policía Nacional con un fusil de asalto, que se le encasquilló.
El narcotráfico almeriense presenta dos perfiles diferenciados. Por un lado, grupos locales ligados a clanes familiares y al cultivo de marihuana que han ido derivando hacia el tráfico de armas y la cocaína. Por otro, redes internacionales con origen en Marruecos y Argelia que explotan las ventajas geográficas del parque natural Cabo de Gata, con escasa población y multitud de calas de difícil vigilancia, para desarrollar una doble actividad vinculada al tráfico de drogas y al de personas desde la costa argelina. La combinación de ambos perfiles convierte a Almería en la segunda frontera activa de un narcotráfico que, lejos de replegarse ante la presión del Estado, ha aprendido a redistribuirse.
