En Estados Unidos crece la inquietud por la politización de la ciudadanía, mientras voces críticas como la de Jaime Bayly advierten sobre el riesgo de que la libertad de expresión sea considerada una amenaza. En medio de un clima de polarización, abogados de inmigración y ciudadanos naturalizados viven con creciente cautela, temiendo que ejercer sus derechos pueda volverse en su contra.
La politización de los derechos de ciudadanía se ha convertido en una fuente de ingente preocupación para ciudadanos, académicos expertos en Derecho y abogados de inmigración.
La justicia americana enfatiza que los procedimientos de desnaturalización “solo se llevarán a cabo según lo permitido por la ley y con el apoyo de pruebas contra las personas que obtuvieron ilegalmente o tergiversaron los hechos en el proceso de naturalización”.
En días recientes, el periodista y escritor peruano-estadounidense Jaime Bayly compartió en su canal de YouTube un monólogo que definió como un “ejercicio de extrema paranoia” y bien podría verse así. Sin embargo, a la luz del clima de zozobra y ansiedad que se ha instalado entre muchos ciudadanos e inmigrantes en Estados Unidos, su monólogo deja de parecer un exceso.
Bayly, naturalizado ciudadano estadounidense en 1997, de viaje en su natal Perú, ha dicho sentir temor al arribar a Miami y ser detenido, interrogado y deportado. Aunque no existe un fundamento legal para ello, basa su inquietud en el pleno ejercicio de su derecho a expresar opiniones críticas, incluyendo la defensa de inmigrantes indocumentados, a menudo catalogados como criminales por el gobierno. Adicionalmente, Bayly ha dejado claro que, generalmente, está en oposición al gobierno de Trump.
Estados Unidos tiene como piedra angular la libertad de expresión, pero la situación ha cambiado. El presidente estadounidense parece emular lo peor del populismo latinoamericano: escracha a críticos y opositores con nombres y apellidos, disfruta recibir muestras de obediencia y servidumbre, y parece anhelar domesticar, aunque sea un poco, a quienes se resisten o rehúsan a rendirle pleitesía.
El mandatario ha hecho de la cuestión migratoria su arma predilecta, criminalizando de forma general a los indocumentados. Pero, también —un poco en broma, un poco en serio— ha amenazado con despojar de la ciudadanía a quienes le resultan molestos, incluso si son ciudadanos nativos.
Trump ha declarado a periodistas que estudiaría la posibilidad de deportar a Elon Musk, ha amenazado con detener a Zohran Mamdani y manifestó en redes sociales que consideraría revocar la ciudadanía de Rosie O’Donnell.
Decirlo es una cosa; hacerlo, no tanto. Puede ser un camino largo y hasta podría perder la partida. Lo verdaderamente preocupante es su actitud de arrogancia desde el poder, el hecho de sentirse omnipotente para decidir sobre la vida de quien quiere, desconociendo que, precisamente por el cargo que ejerce, debería ser el primero en tolerar la crítica. Incluso él, el presidente de los Estados Unidos, no está por encima de las leyes y la Constitución del país.
El desgaste mental y emocional que genera y el estado de paranoia constante que ha creado realmente están haciendo mella en muchos ciudadanos.
Algunos reportajes relatan —quizá de modo exagerado al hablar de “éxodo”— el creciente interés de muchos estadounidenses nativos por tramitar una doble ciudadanía con intención de emigrar.
Abogados expertos en inmigración, colegas y amigos aconsejan con creciente frecuencia a quienes están en medio de un proceso legal abstenerse de criticar al gobierno o al presidente, y mucho menos hacerlo en redes sociales.
Hay abogados que tratan ciertos temas off the record, bajo condición de no ser citados, y hoy se abstienen de opinar o hacer críticas en público por las posibles repercusiones en su entorno social y profesional, a la luz del clima de polarización política y social.
Todo esto es moneda corriente en países con instituciones y democracias frágiles, con regímenes populistas o autoritarios. Que suceda hoy en Estados Unidos resulta inquietante, incluso doloroso, para quienes han (hemos) sentido admiración y afecto por este país, por su eficiencia, su desarrollo, donde los jefes cuidan cómo le hablan a su equipo, donde existen cultura del trabajo, igualdad de oportunidades, movilidad social ascendente por mérito y no por abolengo. Donde sobresalen la capacidad individual de innovar, de crear, de generar riqueza. Ese lugar donde el tiempo tiene valor y todos somos iguales. Tan distinto de la sociedad latinoamericana y sus persistentes costumbres coloniales.
En su primer mandato, el gobierno Trump revocó la nacionalidad estadounidense a 168 personas que la obtuvieron por naturalización. La ciudadanía se revoca, como ha dicho Bayly, por ofensa criminal grave tras obtenerla, por mentir o cometer fraude durante el proceso de naturalización, o por convertirse en una amenaza para la seguridad nacional del país. Es en esta última categoría donde radica el temor de Bayly: eventualmente ser considerado una “amenaza a la seguridad nacional” por su pública defensa de los inmigrantes indocumentados (incluidos venezolanos que, en algunos casos, son “confundidos con criminales del Tren de Aragua”), posiciones que podrían interpretarse, erróneamente, como un atentado contra el discurso oficial y, por ende, contra la seguridad nacional.
