Somalia, Liberia, Sudán, Birmania y la República Democrática del Congo, en tanto Estados colapsados, exhiben la presencia de “señores de la guerra”.
Colombia, dicen los expertos colombianos, no es un Estado colapsado aunque diferentes regiones y territorios del país están bajo control y dominio de los “señores de la guerra” y de sus “gobernanzas criminales” que incluyen, entre otras características propias del Estado, el ejercicio y control de la violencia y el monopolio de la coerción. Los nuevos amos imponen un nuevo orden y regulación social. Un trabajo prominente para conocer y comprender este fenómeno es el del investigador Gustavo Duncan –Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia (Random House, 2015)-.
Escépticos y críticos de la forma en que el gobierno colombiano está gestionando la desmovilización de esas disidencias y agrupaciones criminales estiman que las “gobernanzas criminales” y los señores de la guerra podrían fortalecerse.
El profesor e investigador Eduardo Pizarro Leongómez advierte en su reciente análisis publicado en el think tank Razón Pública que, a diferencia de las décadas anteriores donde las agrupaciones subversivas tenían un ideario político y una estructura organizativa vertical, las disidencias, escisiones y agrupaciones ilegales muestran un proceso de fragmentación extremo, descomposición delincuencial, así como la pérdida creciente de referentes ideológicos. Sus fuentes de financiamiento son principalmente el tráfico de drogas y la minería ilegal. Todo ello agravado porque están ubicadas en las periferias marítimas y en las áreas terrestres más vulnerables del país, ahí donde el Estado no termina de llegar.
Aunque el gobierno de Gustavo Petro inició conversaciones de paz con tres organizaciones ilegales que en sus orígenes tuvieron ideario político, pronto se produjeron profundas divisiones internas en dichos grupos y hoy existen al menos ocho organizaciones armadas distintas, “duramente enfrentadas entre sí por el control territorial y las rentas ilegales”.
Los jefes de estas agrupaciones son los amos de sus facciones. Hecho que confirma el poder regional de los “señores de la guerra” porque ejercen “un poder de facto en una región, tanto en el plano militar como en el político, gracias a un grupo armado leal a dicho individuo y no a las autoridades del Estado”. Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, es uno de esos “señores de la guerra”.
El hallazgo, el 1º de julio, de una fosa común con ocho cuerpos en Calamar (Guaviare), ha sido la mayor masacre registrada en lo que va de 2025. Esta es la masacre número 33 en este año, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Los cuerpos encontrados correspondían a ocho líderes sociales y religiosos que fueron raptados por las disidencias de las Farc, al mando de ‘Iván Mordisco’, para “interrogarlos”.
Las otras 32 masacres que anteceden a esta dejaron 106 víctimas, de las cuales 78 fueron hombres, 13 mujeres, seis menores de edad y nueve que no han sido identificadas. Los hechos han ocurrido en 10 departamentos.
Dentro de un mes, el gobierno de Gustavo Petro cumplirá tres años. Durante su gestión los grupos criminales han perpetrado 202 masacres, causando 706 víctimas mortales: 504 hombres, 80 mujeres, 35 menores de edad y 87 que no han sido identificadas, según las cifras de Indepaz.
