JUCIL ha llevado ante la Audiencia Nacional un expediente de 499 páginas que reúne nombres, fotografías, teléfonos y otros datos de miembros de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. La Policía ya investigaba su difusión y varios medios la relacionan con un activista español vinculado al colectivo prorruso NoName057(16), aunque la atribución no ha sido confirmada judicialmente.
La asociación profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue la elaboración y difusión de un voluminoso expediente con información personal de policías nacionales, guardias civiles y miembros de las Fuerzas Armadas españolas.
El archivo contiene casi 500 páginas y reúne datos que, analizados de manera conjunta, permitirían identificar, localizar o contactar con algunos de los afectados. Entre la información publicada figurarían nombres, fotografías, números de teléfono, localidades, identificadores de Telegram y, en determinados casos, contactos extraídos de agendas personales.
La cifra exacta de personas afectadas todavía no está clara. JUCIL no la precisa en su comunicado, mientras diferentes informaciones periodísticas hablan de más de 600, cerca de un millar o incluso alrededor de 2.000 perfiles. Esa disparidad puede deberse a la presencia de datos repetidos, incompletos, desactualizados o relativos a contactos que no pertenecen necesariamente a las fuerzas de seguridad.
La Audiencia Nacional aún debe pronunciarse
JUCIL ha presentado una denuncia, pero eso no significa que exista ya una causa judicial abierta. Corresponde ahora a la Audiencia Nacional decidir si admite la denuncia y ordena la apertura de diligencias.
La asociación pide esclarecer quién obtuvo los datos, de dónde proceden, quién participó en la preparación del documento, quién lo difundió y qué finalidad perseguía esa recopilación. También reclama que se investigue si alguna información fue conseguida mediante accesos ilícitos a dispositivos, cuentas, sistemas o bases de datos.
Por el momento, no está demostrado que todo el expediente sea producto de una única brecha informática. Una parte de los datos podría haber sido recopilada durante meses a partir de redes sociales, canales públicos de Telegram y otras fuentes abiertas. La gravedad del caso reside precisamente en su concentración: informaciones dispersas y aparentemente inocuas pueden convertirse, al ser reunidas en un solo archivo, en una herramienta para vigilar, intimidar o seleccionar objetivos.
Las pesquisas apuntan a un activista prorruso
La Policía Nacional ya investigaba el documento antes de que JUCIL acudiera a la Audiencia Nacional. Informaciones de El País y El Español señalan como principal sospechoso a Enrique Arias Gil, un ciudadano español vinculado al colectivo de ciberactivistas prorrusos NoName057(16).
Ese grupo surgió después de la invasión rusa de Ucrania y ha dirigido numerosos ataques de denegación de servicio contra instituciones y empresas de países que apoyan a Kiev. Su actividad habitual consiste en saturar páginas y servicios digitales, aunque el expediente ahora investigado supondría una modalidad diferente: la exposición individualizada de miembros de los aparatos de seguridad españoles.
Las informaciones publicadas sostienen que Arias Gil habría elaborado el documento mediante la recopilación de material disponible en Internet y lo habría distribuido a través de Telegram. Sin embargo, la autoría, el procedimiento empleado y una eventual vinculación operativa con Rusia deberán ser acreditados por la investigación. No conviene, por tanto, presentar todavía como hecho probado ni la existencia de un ataque informático único ni la intervención directa de los servicios rusos.
Riesgos para los agentes y sus familias
JUCIL advierte de que el expediente puede facilitar tareas de localización, vigilancia, ingeniería social, intimidación o elección de objetivos. El peligro se extiende a las familias cuando aparecen domicilios, teléfonos, fotografías o datos que permiten reconstruir relaciones personales y rutinas.
La asociación solicita medidas cautelares urgentes para retirar o bloquear el archivo allí donde resulte posible. Al mismo tiempo, reclama que se conserven las pruebas digitales necesarias para identificar a quienes participaron en su elaboración y propagación, incluidos los perfiles y canales de Telegram utilizados.
La Independencia de la Guardia Civil, otra asociación profesional, había pedido anteriormente que los afectados fueran informados de manera individual, recibieran instrucciones preventivas y dispusieran de un canal específico de asistencia.
El caso se produce después de otra exposición conocida en 2025, cuando se detectaron en la internet oscura alrededor de 160.000 registros que podían pertenecer a guardias civiles, militares y personal del Ministerio de Defensa. El Instituto Nacional de Ciberseguridad señaló entonces que aquella filtración podía estar relacionada con un ataque sufrido por una empresa externa encargada de reconocimientos médicos. No hay constancia pública, hasta ahora, de que ambos episodios tengan un origen común.
La denuncia actual plantea así dos cuestiones diferentes: determinar si se produjo una intrusión informática y establecer quién convirtió datos de procedencias posiblemente diversas en perfiles utilizables contra servidores públicos. La Audiencia Nacional tendrá la última palabra sobre la apertura de una investigación judicial.
