España ha vedado el uso de su espacio aéreo a los aviones militares estadounidenses que participan en la operación Furia Épica contra Irán, una restricción que se añade al bloqueo previo de las bases de Rota y Morón. La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó este lunes que la medida fue comunicada a Washington desde el inicio del conflicto, hace más de un mes, aunque ha trascendido públicamente en esta jornada tras su publicación por el diario El País.
El Gobierno español ha confirmado este lunes el cierre de su espacio aéreo a los aviones militares de Estados Unidos que participan en la guerra de Irán, una restricción que alcanza también a las aeronaves destacadas en bases de terceros países europeos como el Reino Unido o Francia. La medida, que no afecta al tráfico civil, fue revelada por El País y ratificada por la agencia EFE con fuentes del Ministerio de Defensa. Enaire, el gestor de la navegación aérea española, precisó que los vuelos comerciales quedan al margen de la prohibición.
La restricción se enmarca en la postura mantenida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde el inicio de la llamada operación Furia Épica, la ofensiva conjunta impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán que cumple ya más de un mes de duración. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó la medida en declaraciones a la emisora Rac 1 y resumió la lógica del Gobierno: «El objetivo es no hacer nada que permitiera escalar esta guerra». La confirmación pública llegó este lunes, aunque la comunicación a Washington se produjo desde el inicio del conflicto.
Una restricción que nació con el conflicto
La ministra de Defensa, Margarita Robles, subrayó este lunes que la posición española no constituye una novedad. En declaraciones a los medios a su llegada al Ministerio de Industria, donde se presentaba el programa IN+DEF —la iniciativa de integración entre industria y defensa—, Robles precisó que el veto fue trasladado a las fuerzas armadas estadounidenses en los primeros compases del conflicto. «Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al Ejército americano», afirmó la ministra, añadiendo que ni las bases ni el espacio aéreo estuvieron disponibles para operaciones relacionadas con la guerra de Irán.
El Ejecutivo tomó sus primeras medidas el 2 de marzo, apenas unos días después de los primeros bombardeos contra Irán, al prohibir el uso de las bases de Rota, en Cádiz, y Morón de la Frontera, en Sevilla, para operaciones ofensivas. La decisión obligó a Estados Unidos a retirar del suelo español más de una decena de aviones cisterna destinados al reabastecimiento en vuelo de la flota operativa sobre Oriente Próximo. Para respaldar jurídicamente la medida, el Gobierno invocó el convenio bilateral de defensa suscrito con Washington en 1988, que reconoce la soberanía española sobre esas instalaciones y permite limitar su uso en situaciones de conflicto armado.
En los días siguientes, España amplió su distanciamiento respecto a la operación. El 3 de marzo anuló su participación en maniobras militares previstas en suelo estadounidense, y el 11 de ese mismo mes retiró a su embajador en Israel en señal de rechazo a la escalada del conflicto. El cierre del espacio aéreo constituye un paso adicional: los aviones militares vinculados a la ofensiva deberán evitar el territorio español en sus rutas hacia la región, con independencia del país desde el que operen.
Ni bases ni cielos
Robles precisó el alcance de la prohibición sin margen para la ambigüedad. La ministra de Defensa señaló que «ni lo ha hecho, ni lo hace ni lo hará» el Gobierno en materia de autorización de las bases de Rota y Morón para operaciones de guerra, al tiempo que descartó que el uso del espacio aéreo para ese fin esté contemplado en ninguna circunstancia. Robles matizó, no obstante, que ambas instalaciones siguen disponibles para «otras actuaciones» que no guarden relación con el conflicto iraní, preservando el marco de cooperación bilateral con Washington en otros ámbitos de seguridad.
El cierre del espacio aéreo extiende la prohibición más allá de las instalaciones de uso compartido. Según las fuentes consultadas por EFE, la restricción afecta a las aeronaves militares vinculadas a la operación Furia Épica con independencia de su origen: tanto si despegan desde suelo español como desde bases en el Reino Unido o Francia. La medida sitúa a España en una posición diferenciada dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dado que varios aliados han mantenido hasta ahora una actitud más permisiva con las operaciones militares estadounidenses en el conflicto.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explicó en una entrevista con la Cadena Ser que la decisión responde a la voluntad del Gobierno de no participar ni contribuir a una guerra que considera iniciada de manera unilateral y contraria al Derecho internacional. Cuerpo anunció también la apertura de dos nuevas oficinas económicas en Boston y Houston, destinadas a facilitar el acceso de las empresas españolas al mercado estadounidense al margen de las tensiones políticas entre ambos gobiernos.
La factura diplomática con Washington
La negativa española ha generado un pulso con la administración de Donald Trump inusual en el seno de la Alianza Atlántica. A principios de marzo, el presidente estadounidense formuló amenazas de represalias comerciales. «No queremos tener nada que ver con España», declaró Trump en la Casa Blanca, tras reprochar al Ejecutivo de Sánchez tanto la negativa a ceder las bases como la resistencia a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Las amenazas, sin embargo, no se han materializado en medidas concretas hasta la fecha.
El propio Cuerpo descartó este lunes que el bloqueo político haya tenido consecuencias económicas tangibles, al señalar que «las empresas españolas operan en las mismas condiciones que otras europeas en Estados Unidos». La tensión también se extendió al debate interno de la OTAN. El senador republicano Lindsey Graham propuso el 10 de marzo que Washington retirara sus efectivos de las bases de los países aliados que no colaboraran en la protección del Estrecho de Ormuz, aunque la iniciativa no obtuvo el respaldo necesario en Washington.
Robles descartó que una retirada estadounidense de Rota y Morón sea un escenario previsible. «Nosotros pedimos que se respete la posición de España», afirmó la ministra de Defensa, que la definió como «firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra». El Gobierno consolida así la línea de conducta mantenida desde el inicio del conflicto: rechazo a cualquier forma de participación en la ofensiva, invocación del Derecho internacional como referencia y apuesta por la vía diplomática como salida a un conflicto que ya supera el mes de duración.
