España volvió a situarse este lunes a la cabeza de las iniciativas europeas para endurecer la presión sobre Israel al reclamar a la Unión Europea la prohibición de las importaciones procedentes de los asentamientos israelíes considerados ilegales por el Derecho internacional.
A su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE celebrado en Luxemburgo, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, defendió que Bruselas debe actuar no por razones políticas, sino por una obligación jurídica derivada del Derecho internacional y de los pronunciamientos de la justicia internacional.
«La Unión Europea tiene que respetar el Derecho internacional», afirmó Albares, quien insistió en que el veto a los productos originarios de los asentamientos en Cisjordania ocupada debería considerarse una consecuencia lógica de las obligaciones jurídicas de los Estados miembros.
El respaldo de la Corte Internacional de Justicia
La posición española se apoya en la opinión consultiva emitida en julio de 2024 por la Corte Internacional de Justicia, que concluyó que la ocupación israelí de los territorios palestinos es contraria al Derecho internacional y que los Estados tienen la obligación de no contribuir al mantenimiento de esa situación.
Aunque la opinión de la corte no es jurídicamente vinculante como una sentencia, ha reforzado los argumentos de quienes defienden medidas económicas contra los asentamientos.
España sostiene que permitir la entrada de productos procedentes de colonias consideradas ilegales puede interpretarse como una forma indirecta de reconocimiento o apoyo económico a una actividad que la comunidad internacional considera contraria al Derecho internacional.
División en la Unión Europea
La cuestión será objeto de debate entre los ministros europeos, aunque las posibilidades de alcanzar un consenso siguen siendo limitadas.
Las instituciones comunitarias analizan actualmente cuál sería la base legal para adoptar una medida de este tipo. Si se considera una cuestión de política exterior, requeriría la unanimidad de los 27 Estados miembros. Si se encuadra dentro de la política comercial común, bastaría una mayoría cualificada.
Esa diferencia jurídica podría resultar decisiva.
Mientras países como España, Irlanda, Bélgica o Eslovenia se muestran partidarios de aumentar la presión sobre Israel, otros Estados miembros, entre ellos Alemania, Austria, Hungría y República Checa, mantienen posiciones más cautelosas.
Gaza cambia el clima político europeo
El debate se produce en un contexto de creciente deterioro de las relaciones entre Israel y varios gobiernos europeos debido a la guerra en Gaza y a la expansión de los asentamientos en Cisjordania.
Durante los últimos meses, Bruselas ha intensificado sus críticas a la política israelí y ha aprobado nuevas sanciones contra colonos israelíes acusados de actos violentos contra la población palestina.
El pasado 28 de mayo, la UE amplió además las medidas restrictivas contra colonos extremistas y miembros de grupos armados palestinos, entre ellos la Yihad Islámica.
Sobre la mesa continúa igualmente la posibilidad de sancionar a dos destacados ministros del gobierno israelí, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, aunque por el momento no existe la unanimidad necesaria para adoptar esa decisión.
España refuerza su perfil internacional
La iniciativa se enmarca en la estrategia diplomática impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que durante los dos últimos años ha buscado desempeñar un papel destacado en la defensa de la causa palestina dentro de Europa.
España reconoció oficialmente al Estado de Palestina en mayo de 2024 junto con Irlanda y Noruega, una decisión que tensó las relaciones con el gobierno de Benjamin Netanyahu.
Ahora, Madrid intenta trasladar ese posicionamiento al ámbito comercial y jurídico europeo.
«España está liderando una política exterior coherente y respetuosa con el Derecho internacional», afirmó Albares, quien emplazó al resto de socios europeos a definir claramente su posición.
La discusión que comienza este lunes podría convertirse en uno de los debates más sensibles de la política exterior europea en los próximos meses y poner a prueba la capacidad de la Unión para actuar de forma unificada frente al conflicto de Oriente Medio.
