Hay una cuestión que circula en el gabinete de Pedro Sánchez desde hace semanas y que ningún miembro del Ejecutivo formula en público: ¿cuál será la próxima emergencia? No es un interrogante retórico. Es una pregunta de gestión corriente. Desde que el primer gobierno de coalición de la democracia moderna española tomó posesión el 14 de enero de 2020, cada año ha ocurrido al menos una catástrofe de primer nivel, con apenas una tregua entre 2022 y 2024. La Covid-19, el volcán de La Palma, la invasión de Ucrania, la DANA de Valencia, el apagón eléctrico, el accidente ferroviario de Adamuz, la guerra contra Irán, los incendios de nueva generación, la crisis de Ceuta…
Más allá de la mala suerte, este patrón revela un cambio estructural en la naturaleza de la política contemporánea. Lo improbable se ha vuelto decisivo precisamente porque ya no es tan inverosímil. Antes, sucesos como una pandemia global o una avalancha migratoria masiva eran excepciones. Ahora son el escenario habitual en el que los gobiernos deben operar. Ocurre que nuestros sistemas políticos fueron diseñados para gestionar lo previsible —presupuestos, reformas graduales, ciclos electorales— y ofrecen pocos incentivos dedicar recursos a prepararse para situaciones que no tienen gratificación electoral inmediata. Así, cuando la catástrofe llega, la improvisación es la norma.
Lo paradójico es que esta cadena de emergencias no ha sido, hasta ahora, el principal factor de desgaste del Gobierno. Los datos demoscópicos son inequívocos. El más reciente barómetro de 40dB para El País y la Cadena SER no identifica coste electoral para el PSOE después de ninguna de las grandes catástrofes. Tras la DANA de Valencia, el partido incluso experimentó un pequeño repunte. A finales de 2020, en plena Covid-19, la encuestadora GAD3 mantenía a los socialistas con los mismos baremos que en los comicios del año anterior. La resiliencia ha funcionado como relato y como resultado. Sánchez ha convertido la supervivencia en método de gobierno.
Lo que sí ha dañado al partido son los escándalos de corrupción —los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán— y las concesiones al independentismo, que han erosionado su voto más al centro. Esas pérdidas se compensan ampliando el espacio hacia la izquierda, aunque a costa de debilitar a los aliados de coalición, que dependen de ese mismo caladero votante. Ha sido una apuesta electoralmente rentable, pero con un límite claro. Esa demarcación es la inmigración, que es el único asunto en el que el PSOE puede perder apoyos simultáneamente entre la clase trabajadora más centrada y un electorado progresista que exige otro enfoque.
La crisis de Ceuta opera en esa zona de vulnerabilidad. Sondeos precedentes ya habían detectado, a raíz del proceso de regularización en curso, que la inmigración es un asunto «sensible entre la clase trabajadora» y «divisivo y complejo para la izquierda». No es un escenario donde la táctica habitual del Ejecutivo —resistir, absorber el golpe, reencuadrar el relato— funcione con la misma eficacia que en otras coyunturas. Las imágenes del del Tarajal no se prestan a la narrativa de gran resistente de Sánchez. Se prestan, en cambio, a la del Estado desbordado, que es el exactamente marco narrativo que la derecha lleva años intentando consolidar sin conseguirlo del todo.
La oposición lleva más de seis años aguardando que uno de estos episodios ya no tan infrecuentes acabe con el Gobierno. La estrategia del PP ha consistido en esperar que el la usura de la gestión gubernamental le ahorre el trabajo de elaborar una propuesta propia factible y atractiva. Hasta ahora esa apuesta ha fracasado. El PP ganó las elecciones de 2023 y no llegó a La Moncloa. Pero Ceuta ofrece algo que las emergencias anteriores no tenían: un terreno en el que presionar sin necesidad de concretar nada, porque cualquier medida concreta —devoluciones en caliente, centros de internamiento— arrastra consecuencias jurídicas y humanitarias que ninguna fuerza quiere asumir expresamente.
El resultado es una situación en la que el Gobierno actúa sin rumbo claro y la oposición critica sin alternativa real. Sin nada útil que proponer, la ultraderecha importa el marco narrativo de Meloni y Frederiksen como si las soluciones fueran obvias y solo faltara voluntad para aplicarlas. No lo son. Lo que resta no es voluntad, sino margen de maniobra. Espacio jurídico para actuar dentro de la legalidad, diplomático para negociar con Rabat, político para construir consensos en un Parlamento fragmentado. Y ese espacio se estrecha con cada nueva emergencia, mientras la siguiente ya se está gestando en algún ámbito que nadie se atreve aún a anticipar.
