Hay un momento en toda crisis de comunicación en que los datos dejan de importar. No porque sean falsos, sino porque la ciudadanía ya tiene formada una imagen y las informaciones objetivas no logran modificarla. El psicólogo Daniel Kahneman describió hace décadas los dos modos en que el cerebro humano procesa la información: el sistema rápido, intuitivo y emocional, y el sistema lento, deliberado y analítico. Los bulos bien construidos activan el primero, mientras que los argumentos técnicos del Gobierno apelan al segundo. Y en esa asimetría reside buena parte del problema que el Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta con la regularización extraordinaria de inmigrantes.
Tomados en abstracto, los números son favorables. España alcanzó en abril los 22,1 millones de afiliados a la Seguridad Social, un nuevo récord histórico. El paro ha vuelto a caer, alcanzando cotas inéditas desde hace lustros. La regularización extraordinaria avanza apoyada en una coalición inusualmente amplia: la respaldan no solo el Gobierno y la izquierda, sino también los empresarios que necesitan mano de obra legal y la propia Iglesia. El Ejecutivo confía además en que la próxima visita del Papa sirva de impulso al discurso positivo sobre la inmigración. El problema es que casi nada de esto está llegando a la opinión pública con la fuerza necesaria.
Una encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER ha arrojado luz sobre esta realidad. Hasta el 60% de los encuestados cree que hay demasiados inmigrantes en España. El 50% considera que la regularización dará la nacionalidad a los extranjeros que accedan a ella. Y un 40% está convencido de que la regularización de este colectivo complicará el acceso a la vivienda. Las tres percepciones tienen en común que son falsas o, cuando menos, gravemente distorsionadas respecto a lo establecido por la medida. Son auténticas desinformaciones, en el sentido que la investigadora Claire Wardle da al término: afirmaciones fabricadas con intención deliberada de manipular, no errores nacidos de la ignorancia. Pero eso, a estas alturas del debate, es casi secundario.
Lo que revelan los datos del sondeo no es solo el éxito de la desinformación. Dan cuenta también del fracaso del Gobierno en construir un relato pedagógico alternativo, capaz de anticipar y desactivar los marcos negativos antes de que se instalen. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) publicado en la revista Science en 2018 demostró que las noticias falsas viajaban hasta seis veces más rápido que las verdaderas, y que esta diferencia no se explicaba por estrategias digitales o la utilización de bots, sino por el propio comportamiento de las personas. Compartimos en redes lo que nos indigna sin verificarlo. La regularización se anunció, se defendió con argumentos sólidos y se apoyó en una amplia coalición. Y aun así perdió la batalla del titular.
En el Ejecutivo tienen una explicación para lo que está ocurriendo, y no es del todo incorrecta. Fuentes del Gobierno al máximo nivel señalan que han detectado una actividad coordinada y sin precedentes de grupos ultraderechistas en las plataformas digitales, con redes de amplificación que en algunos momentos han manejado hasta 12.000 cuentas para multiplicar mensajes de odio, bulos y datos falsos. La Moncloa ha denunciado estos movimientos ante la Comisión Europea a través de la DSA, la ley de servicios digitales, aunque las instituciones de control pueden tardar meses en actuar. La respuesta es legítima y necesaria, pero tiene un límite evidente. Además, explica el ruido ambiente, pero no del todo la recepción entre la ciudadanía.
Porque el ruido ultraderechista sobre la inmigración no es nuevo. Lleva años en las redes, con las mismas narrativas y los mismos marcos que, mutatis mutandis, son incluso comunes en diferentes países. Lo que sí es relativamente nuevo es que encuentre tanto terreno fértil en sectores que no son su base natural. El politólogo Cas Mudde documentó el éxito que un mecanismo preciso tiene en el populismo de derechas, a saber, la construcción de una amenaza externa —el inmigrante, el otro— que contamina al pueblo puro y justifica la posición del líder como su único defensor. Ese esquema emocional no lo inventaron las plataformas digitales, pero estas lo distribuyen a una velocidad que ningún desmentido institucional puede igualar.
A todo ello se suma un frente judicial que genera un murmullo de fondo constante. El Gobierno afronta estos días dos juicios de alta intensidad mediática. El caso Kitchen, que afecta al Partido Popular (PP), y el caso mascarillas, que afecta al exministro socialista José Luis Ábalos con el Ejecutivo como protagonista involuntario. A ello se suma el proceso por acoso que rodea a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, con el desgaste de imagen que conlleva para la figura del presidente. Ninguno de estos procesos guarda relación directa con la regularización de inmigrantes, pero todos contribuyen a la misma sensación de fondo: la de un Ejecutivo que gestiona múltiples crisis simultáneas sin lograr imponer su propia agenda.
En política de comunicación, el contexto lo contamina todo. Daniel Hallin y Paolo Mancini describieron el sistema mediático español como un modelo de alto paralelismo político en el que los medios no son neutrales, amplifican los marcos de su campo ideológico y silencian los del contrario. En ese ecosistema, un dato económico positivo publicado el mismo día que una declaración judicial comprometida pierde fuerza antes de llegar al lector. Un miembro del propio Gobierno lo resumió con una frase que, según fuentes internas, circula con frecuencia en los despachos de La Moncloa: «No controlamos nada». No es una declaración pública, pero es un síntoma que dice más sobre el estado interno del Ejecutivo que cualquier encuesta.
El Gobierno tiene razoes objetivas para reivindicar su gestión. El problema es que los argumentos correctos llegan tarde, con el formato equivocado, a una ciudadanía que ya ha procesado emocionalmente demasiados asuntos en sentido contrario. España lleva seis regularizaciones extraordinarias desde 1986, impulsadas indistintamente por gobiernos del PSOE y del PP, que beneficiaron a 1,25 millones de personas. Ninguna generó los niveles de alarma que estamos observando ahora. La diferencia no está en la medida sino en el ecosistema que la rodea, y ese ecosistema no se combate solo con datos. Llevar ocho años en el poder con un balance positivo que no logra calar en la percepción ciudadana no es únicamente un problema de desinformación promovida por la derecha y la ultraderecha. Es también un fracaso propio de comunicación.
