Los ministros de Turismo del G20 acordaron en Sudáfrica fortalecer la resiliencia del sector y orientar su crecimiento hacia la sostenibilidad. Una decisión que repercute directamente en destinos latinoamericanos y españoles, donde el turismo representa uno de los principales motores económicos.
El turismo mundial ha recuperado el pulso tras la pandemia: en 2024 se registraron 1.500 millones de llegadas internacionales, con un PIB directo superior a los niveles de 2019. Reunidos en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, los ministros de Turismo coincidieron en que la recuperación del sector avanza con ritmos desiguales y que aún se evidencian fragilidades que amenazan su solidez. Frente a ese escenario, el G20 adoptó una declaración conjunta en la que se subraya la necesidad de un crecimiento fuerte, equilibrado e inclusivo, pero también sostenible en términos medioambientales y sociales.
El mensaje cobra un sentido especial para los países hispanoamericanos y para España, donde el turismo no es un lujo, sino un sostén de la economía. En México, República Dominicana o Perú, el peso de los visitantes internacionales en el PIB y en el empleo marca la diferencia entre el auge y la recesión. En España, el turismo representa más del 12 % del PIB y genera millones de puestos de trabajo, desde el Mediterráneo hasta las islas. La advertencia del G20 de que el crecimiento debe gestionarse con criterios de bajas emisiones y con un enfoque de largo plazo obliga a repensar el modelo.
Durante el encuentro, la ministra sudafricana Patricia de Lille recordó que “el turismo es una de las industrias más poderosas del mundo: une culturas, crea empleos y abre nuevas experiencias”. La frase condensa la paradoja del turismo contemporáneo, un sector capaz de generar riqueza y empleo, pero que en su propia expansión puede deteriorar los entornos naturales y las comunidades que le dan vida. En América Latina esa tensión se expresa en lugares como Machu Picchu, donde la presión de visitantes desafía la preservación del patrimonio, o en las playas del Caribe, donde la erosión costera y la sobreexplotación son ya visibles. En España, la saturación de ciudades como Barcelona o Sevilla plantea preguntas sobre la convivencia entre residentes y visitantes.
El documento adoptado en Sudáfrica pone el acento en debates que atraviesan también a América Latina y España, desde la innovación digital y la inteligencia artificial como motor para las pymes turísticas hasta la participación activa de jóvenes, mujeres y comunidades locales en las decisiones del sector. Los ministros subrayan además que reducir desigualdades en territorios dependientes del turismo, donde la bonanza convive con la precariedad laboral, es condición indispensable para un crecimiento real. La referencia explícita a pueblos indígenas y a colectivos vulnerables busca abrir el camino hacia un desarrollo más equilibrado y respetuoso con quienes habitan los destinos.
España, como país invitado a la reunión, tuvo un papel activo en la elaboración de estas líneas. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, defendió que la competitividad turística del futuro no se medirá solo en número de llegadas, sino en la capacidad de generar valor y en la sostenibilidad de los destinos. Esa visión conecta con las discusiones latinoamericanas sobre cómo transformar el turismo en un vector de desarrollo sin agotar recursos naturales ni marginar a las comunidades locales.
El calendario global del turismo muestra que el sector no puede depender únicamente de la demanda internacional. El cambio climático, las tensiones geopolíticas y los nuevos hábitos de consumo obligan a diversificar mercados, apostar por la digitalización y asegurar que los beneficios se distribuyan de manera justa. El G20 lo plantea como un compromiso colectivo, pero en última instancia serán los países los que deban traducir esos principios en políticas públicas efectivas.
El reto se dibuja en toda su magnitud, pues el turismo del porvenir solo podrá sostener economías y sociedades si se ancla en criterios de sostenibilidad que integren el equilibrio social y el respeto ambiental, y para América Latina y España la declaración de Kruger no puede leerse como un documento más de la diplomacia multilateral sino como una invitación a diseñar una hoja de ruta capaz de combinar visión estratégica, voluntad política y responsabilidad intergeneracional en un sector que condiciona buena parte de sus horizontes de crecimiento.
