El Gobierno aprueba por decreto una regularización extraordinaria que comenzará oficialmente este 16 de abril, con solicitudes telemáticas hasta el 30 de junio. La medida permitirá acceder a residencia, trabajo, Seguridad Social y tarjeta sanitaria a quienes acrediten estancia previa y continuada en territorio español.
El Gobierno de España aprobó este martes en Consejo de Ministros la regularización extraordinaria de personas migrantes que ya residen en el país, una de las medidas más relevantes de la legislatura en materia de política social y migratoria.
La norma, anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, será publicada este miércoles en el BOE y entrará oficialmente en vigor mañana, 16 de abril, fecha a partir de la cual quedará abierto el plazo de solicitudes por vía telemática. La atención presencial arrancará el próximo 20 de abril, mediante cita previa.
La regularización estará abierta hasta el 30 de junio y se dirige a personas extranjeras que ya vivían en España antes del 1 de enero de 2026, que puedan demostrar al menos cinco meses de permanencia continuada, carezcan de antecedentes penales y no supongan una amenaza para el orden público.
Quienes cumplan estos requisitos podrán obtener una autorización inicial de residencia y trabajo por un año, además de acceso a la Seguridad Social y a la tarjeta sanitaria correspondiente a su lugar de residencia.
Desde Moncloa se presenta la medida como un hito político, económico y social, respaldado por una amplia legitimidad institucional.
La iniciativa legislativa popular que impulsó el proceso reunió más de 700.000 firmas, contó con el respaldo de unas 900 asociaciones y el apoyo de la Iglesia católica, además del aval de patronal y sindicatos.
El Ejecutivo defiende que la regularización responde también a una necesidad estructural del mercado laboral español.
Según los datos aportados por el Gobierno, el 43 % del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y el transporte.
La medida se enmarca en el Plan de Integración y Convivencia Intercultural, con el que España busca reforzar un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la cohesión social y la sostenibilidad del sistema de bienestar.
Para facilitar el proceso, se habilitarán cerca de 450 oficinas en todo el país y se reforzará el dispositivo con más de 550 profesionales, mientras que la plataforma telemática Mercurio centralizará la mayor parte de las solicitudes.
La apertura oficial del procedimiento este miércoles marca el inicio de un proceso que puede afectar a cientos de miles de personas que ya forman parte de la vida cotidiana, laboral y social de España.
