Amnistía Internacional lanzó este martes una de sus advertencias más duras de los últimos años: el mundo estaría entrando en una nueva fase de descomposición del orden internacional, impulsada por dirigentes que actúan bajo una lógica de dominación, fuerza y desprecio por el derecho internacional.
En su informe anual 2025-2026, presentado en Londres, la organización denunció que líderes como Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu encarnan una política de poder basada en la conquista, la represión y la imposición de hechos consumados, debilitando gravemente las instituciones nacidas tras la Segunda Guerra Mundial.
Durante la presentación del documento, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, calificó a estos dirigentes de “depredadores”, afirmando que en 2025 “han seguido una estrategia de conquista dictada por su sed de dominio económico, multiplicando la destrucción, la represión y la violencia mundial a gran escala”.
El informe dedica un espacio central a Gaza, donde AI sostiene que el gobierno israelí ha continuado “su genocidio contra la población” pese al alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, denunciando además la ausencia de medidas internacionales significativas para frenar la situación. La organización lamenta especialmente la pasividad de numerosos gobiernos europeos, aunque señala como excepciones a España y Eslovenia, por haber calificado públicamente la guerra de Gaza como genocidio.
La ONG también acusa a Estados Unidos de haber ejecutado operaciones extraterritoriales que considera ilegales, incluyendo acciones contra Venezuela e Irán, además de homicidios extrajudiciales fuera de sus fronteras. Según el informe, Washington habría causado al menos 123 muertes en operaciones antidroga en el Caribe y el Pacífico, hechos que AI considera ejecuciones extrajudiciales.
En el plano interno, el documento señala que en Estados Unidos 1.143 personas fueron abatidas por disparos policiales durante 2025, con una proporción desproporcionada de ciudadanos afroamericanos entre las víctimas. También denuncia la creciente criminalización de la protesta y la disidencia en América Latina, donde periodistas, activistas y defensores de derechos humanos enfrentan acoso judicial, censura, amenazas e incluso asesinatos.
Países como Brasil, Honduras, Perú, Colombia, Nicaragua y Argentina aparecen mencionados en el reporte. En este último caso, AI cita acciones judiciales emprendidas contra ocho periodistas por parte del presidente Javier Milei. En Nicaragua, denuncia una nueva normativa que facilita la cancelación arbitraria de organizaciones civiles.
Amnistía también alerta sobre los ataques sufridos por organismos multilaterales como la Corte Penal Internacional y el IPCC, subrayando que las sanciones estadounidenses contra magistrados y fiscales de la CPI reflejan un deterioro sin precedentes desde 1948.
Sin embargo, el informe destaca también formas de resistencia civil, como las acciones de estibadores en España, Francia y Marruecos para obstaculizar envíos de armas hacia Israel, así como la movilización de ciudadanos estadounidenses contra operaciones del servicio migratorio ICE.
Más allá del tono severo, el mensaje de AI es político: si la diplomacia cede ante la ley del más fuerte, el riesgo no es una crisis puntual, sino la normalización de un nuevo orden mundial donde la guerra sustituye al derecho.
