Un año después de las elecciones que perpetuaron a Maduro en el poder, persiste la represión sistemática con detenciones arbitrarias, torturas y un patrón de excarcelaciones selectivas para mitigar la presión internacional.
Human Rights Watch lo ha calificado sin rodeos: “puerta giratoria”. El régimen de Nicolás Maduro utiliza las cárceles como herramienta de cálculo político, liberando a ciertos presos al tiempo que encarcela a nuevos críticos, con el fin de conservar intacto el aparato represivo y gestionar su imagen ante el exterior. A un año de las elecciones presidenciales de 2024, la represión continúa con métodos sistemáticos: desapariciones forzadas, torturas, juicios sin garantías y cargos fabricados como “incitación al odio” o “terrorismo”.
El informe presentado esta semana por HRW denuncia lo que muchos en Venezuela ya sabían: que no hay justicia ni garantías para quienes se oponen al poder. Desde la llamada “Operación Tun Tun”, lanzada tras las elecciones, las fuerzas de seguridad han reprimido con especial intensidad a las zonas populares, donde miles salieron a protestar por los resultados.
El informe menciona casos emblemáticos: Freddy Superlano, Jesús Armas, Enrique Márquez, entre otros, permanecen detenidos o han sido incomunicados durante meses. Las condiciones de reclusión describen un panorama alarmante: celdas de castigo, aislamiento, hacinamiento, golpizas, descargas eléctricas y asfixia con bolsas de plástico.
El 18 de julio, el gobierno venezolano anunció la liberación de 80 presos, pero apenas días después, al menos 40 personas más fueron detenidas, según denuncias de la organización Vente Venezuela. Esta dinámica de intercambios funciona también en clave diplomática: HRW recuerda que Caracas liberó a diez ciudadanos estadounidenses a cambio de 252 migrantes venezolanos deportados por EE.UU. y recluidos en El Salvador.
El informe urge a la comunidad internacional a no dejarse manipular. Eventos como la cumbre UE-CELAC en Colombia o la canonización de dos venezolanos en el Vaticano podrían convertirse en escenarios para presionar avances concretos en materia de derechos humanos. HRW advierte que el régimen de Maduro sostiene un sistema de recompensas y castigos que premia a las fuerzas represivas leales y persigue incluso a sus críticos dentro del aparato estatal.
La prisión política en Venezuela no es una anomalía. Es parte estructural del modelo de control. Y mientras las celdas se abren y cierran según la coyuntura, la represión se normaliza. La puerta giratoria consolida el autoritarismo en Venezuela.
