La disculpa histórica del gobierno danés a las mujeres inuit víctimas de esterilización forzada obliga a mirar hacia América Latina, donde miles de mujeres indígenas aún esperan justicia.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, sorprendió al mundo con un gesto político poco frecuente: pidió perdón en nombre de Dinamarca a unas 4.500 mujeres de Groenlandia sometidas, entre 1960 y 1992, a campañas de anticoncepción forzada. “En nombre de Dinamarca me gustaría pedir perdón”, declaró al reconocer que el Estado trató a las mujeres inuit como piezas de un experimento demográfico.
El anuncio funciona como rectificación histórica y como recordatorio de que la violencia reproductiva atraviesa también la memoria latinoamericana. A lo largo del siglo XX y del inicio del XXI, distintos países de la región ejecutaron políticas de control poblacional dirigidas, en su mayoría, contra mujeres indígenas y campesinas.
El caso peruano bajo el gobierno de Alberto Fujimori se ha convertido en el ejemplo más estudiado: decenas de miles de esterilizaciones aplicadas sin consentimiento pleno, que marcaron con dolor a mujeres quechuas en comunidades rurales. Perú constituye una referencia emblemática, aunque no aislada. En México, Bolivia o Guatemala, organizaciones de derechos humanos documentaron prácticas semejantes: procedimientos quirúrgicos impuestos con amenazas veladas, manipulación de la información o engaños administrativos. Detrás de esos programas se encontraba la misma idea: disfrazar de “planificación familiar” lo que en realidad respondía a una política de exclusión y racismo institucional.
El perdón danés ilumina la magnitud de la deuda pendiente en América Latina. En Europa del Norte un Estado reconoce su responsabilidad y se dirige a las víctimas, mientras en nuestra región las promesas de reparación avanzan con lentitud y sin resultados claros. Las mujeres afectadas continúan esperando justicia y reparación integral, mientras sus comunidades viven con la marca de una violencia que alteró generaciones enteras.
La tarea pendiente trasciende el terreno judicial. Contar víctimas o identificar responsables resulta insuficiente sin una transformación profunda. Es necesario desmantelar los prejuicios que convirtieron a mujeres pobres, indígenas y rurales en cuerpos tratados como desechables. La cicatriz solo se alivia con gestos políticos firmes que reconozcan el daño y con medidas de reparación que restituyan la dignidad perdida.
Dinamarca mostró que los Estados pueden pedir perdón y asumir su papel en la historia. América Latina enfrenta la obligación de escuchar a las víctimas y de ofrecer justicia real. La dignidad de las mujeres pasa por el respeto absoluto al derecho de decidir sobre su cuerpo. Ese principio define el carácter de una democracia que aspire a ser plena.
