Estados Unidos ha intensificado la deportación de migrantes de terceros países hacia naciones de África y América Latina, en acuerdos poco transparentes que despiertan cuestionamientos éticos, presiones diplomáticas y reacciones sociales. ¿Se está convirtiendo el Sur Global en un vertedero humano para Washington?
La política y el poder deciden al margen de la voluntad ciudadana. Pero, incluso así, África comienza a reaccionar ante la llegada de inmigrantes de terceros países deportados por Estados Unidos.
Nigeria, por ejemplo, ha denunciado presiones estadounidenses para aceptar deportados. “Estados Unidos está ejerciendo una presión considerable sobre los países africanos para que acepten la deportación de venezolanos, algunos recién salidos de prisión”, indicó el ministro de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, en una entrevista reciente, donde expuso esa suerte de chantaje que consiste, por un lado, en el aumento de aranceles y, por el otro, en el condicionamiento de los visados.
La legación estadounidense en Nigeria contradijo esa postura al señalar que los cambios en las visas “no se deben a la postura de ningún país respecto a los deportados de terceros países”, sino a “la protección de los sistemas de inmigración estadounidenses”.
Además, la Corte Suprema de Estados Unidos ha abierto la posibilidad de deportar inmigrantes de terceros países hacia destinos distintos a su lugar de origen, sin previo aviso.
De hecho, ocho deportados de terceros países con antecedentes penales fueron enviados a Sudán del Sur. Los representantes legales de esas personas advirtieron que enviarlas a ese país representaba un castigo mayor que las condenas ya cumplidas.
Las deportaciones masivas de personas procedentes de terceros países han generado atención en El Salvador, donde muchos han terminado en cárceles, gracias a un acuerdo poco transparente: la generosidad del presidente Nayib Bukele, que abrió las puertas, y la disposición del entonces presidente Donald Trump, quien ofreció al gobierno centroamericano seis millones de dólares para albergar a 300 inmigrantes. Sin embargo, menos publicitadas han sido las presiones a gobiernos africanos para aceptar deportados de distintas procedencias, según reveló un reportaje de CNN.
En los últimos días, autoridades de Eswatini —antes Suazilandia— informaron que cinco deportados desde Estados Unidos (nacionales de Jamaica, Laos, Cuba, Yemen y Vietnam) fueron recluidos en unidades aisladas en cárceles locales.
Indicaron que los deportados “no representan una amenaza para el país ni para sus ciudadanos”, aunque un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. los describió como “monstruos depravados” que “afortunadamente ya no están en suelo estadounidense” y cuyos países de origen se negaron a aceptar. Estas personas fueron condenadas por delitos como violación infantil, asesinato y robo.
La nación africana terminó recibiendo a los deportados tras meses de negociaciones con Estados Unidos.
En ese país, de extrema vulnerabilidad, donde el 50 % de la población sobrevive con menos de cuatro dólares al día, según el Banco Mundial, y donde las libertades públicas y políticas están seriamente cuestionadas, la recepción de deportados ha generado rechazo social.
“Es inaceptable que Eswatini sea tratada como un vertedero para personas consideradas no aptas para vivir en Estados Unidos”, señalan voces africanas.
“Es un claro acto de racismo pensar que África es un vertedero para Donald Trump”, dijo a CNN Lucky Lukhele, activista de la Red de Solidaridad con Suazilandia, exiliado en Sudáfrica, quien denunció que llegarán más deportados a cárceles ya sobrepobladas y en condiciones precarias. Otros ciudadanos alertaron sobre la pérdida de soberanía y dignidad nacional.
Eswatini —¿habría cedido al chantaje?— fue uno de los países amenazados previamente por Trump con un incremento del 10 % sobre sus exportaciones. Hoy, aún no está claro qué beneficio obtuvo a cambio de aceptar deportados de terceros países, y las autoridades insisten en que “los términos del acuerdo (con Estados Unidos) siguen siendo información clasificada”.
En Sudáfrica, que según fuentes diplomáticas se negó a recibir deportados, existe la percepción de que Trump atenta contra su seguridad nacional al enviar convictos a Eswatini, ante la sospecha de que, una vez libres, intenten llegar a territorio sudafricano.
Un profesor de la Universidad de Georgetown declaró a CNN que “no se puede confiar en Trump, dada su naturaleza transaccional”, y sostuvo que el gobierno estadounidense está presionando a África para que reciba migrantes deportados y entregue sus recursos minerales en acuerdos ambiguos.
Estados Unidos también habría mantenido conversaciones con Libia y Ruanda con el mismo propósito. Libia, por su parte, negó “categóricamente cualquier acuerdo o coordinación con las autoridades estadounidenses respecto a la deportación de migrantes”.
