Unos 2.900 ciudadanos venezolanos fueron deportados durante el primer semestre de este año, desde Estados Unidos, hacia terceros países. La mayoría fueron enviados a países hispanohablantes (México, Honduras, El Salvador y España), pero, en algunos casos, hubo deportados a lugares mucho más lejanos como Siria o Vanuatu. Lo anterior no deja de ser paradójico si se considera que muchos de los venezolanos radicados en Estados Unidos son abiertamente simpatizantes e incluso electores trumpistas.
Aunque internacionalmente se reconoce que Haití es un Estado fallido que enfrenta un colapso humanitario y que los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras, cuyas autoridades han sido expuestas y acusadas por represión y graves violaciones a los derechos humanos, cosa que el gobierno de Estados Unidos también admite, esta realidad pierde vigencia cuando se trata de deportar inmigrantes.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos ahora tienen más potestad para tomar medidas discrecionales y ordenar deportaciones contra los no ciudadanos. Y la justicia lo avala. Incluso pueden dar aviso o notificar la deportación al afectado apenas seis horas antes, pueden hacerlo en horarios poco ortodoxos antes de dicho evento y están facultados a ordenar deportaciones hacia terceros países siempre que, en principio, los deportados tengan oportunidad de hablar con un abogado. No es mucho lo que un inmigrante podrá hacer legalmente, en un periodo de seis horas, sumando el agravante logístico y operativo de si está recluido en alguna institución remota, para demostrar en ese lapso que su vida correría peligro al ser deportado hacia un tercer país.
A la justicia, sin embargo, le faltó definir qué formas constituyen una notificación y un debido proceso adecuados. Lo anterior ha redundado en un poder ampliado y de alguna manera opaco por la ausencia de claridad que establezca límites a las autoridades y todo ello expone y amplifica la vulnerabilidad y la ausencia, casi total, de protección para los inmigrantes.
Se estima que en el primer semestre del año se han efectuado 7,900 deportaciones desde Estados Unidos hacia terceros países y, de esta cantidad, más de un tercio son venezolanos. Nacionalidad en el punto de mira de la administración estadounidense por considerar que el régimen chavista ha puesto en libertad a criminales y miembros de pandillas que se movilizan en las caravanas migrantes que arriban a Estados Unidos. “La Administración Trump está comprometida con cumplir la promesa del presidente al pueblo estadounidense y remover a los extranjeros ilegales de Estados Unidos”, indicó Abigail Jackson, vocera de la Casa Blanca, al Miami Herald.
Así las cosas, los ciudadanos de origen venezolano son quienes constituyen hoy el grupo con mayor cantidad de deportaciones hacia terceros países desde que Donald Trump asumió su mandato en enero de 2025, según reporte de Miami Herald.
Según las cifras, dos de cada cinco inmigrantes deportados hacia terceros países son de nacionalidad venezolana. Los datos abarcan el primer semestre, pero, podrían faltar cifras.
Si bien la mayoría de deportados fueron relocalizados en países de habla hispana, al menos dos fueron enviados a Austria, uno a Italia, uno a Siria y uno a Vanuatu, archipiélago en Oceanía. Esas son cifras consignadas en datos federales que obtuvo el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California, Berkeley, a través de una solicitud de acceso a información pública.
Se conocía la decisión de la administración estadounidense que, el pasado marzo, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, amparándose en esta para deportar a 230 venezolanos hacia El Salvador, con el rótulo de criminales y la etiqueta de ser integrantes de la banda Tren de Aragua, ello les valió la reclusión en la prisión de máxima seguridad de El Salvador conocida como CECOT. Pero, la mitad de esos deportados “no tenían condenas penales ni cargos pendientes”, indica El Nuevo Herald, agregando que muchos de esos deportados “simplemente habían solicitado asilo”. La mayoría de este grupo, luego de cuatro meses en la estancia penal salvadoreña, fue retornada a Venezuela.
Los otros venezolanos deportados hacia terceros países que engrosan la lista de deportaciones no fueron encarcelados al llegar a destino, ellos fueron relocalizados temporalmente en México (1.850), Honduras (680) y El Salvador (más de 200), pero se han visto, muchas veces, en condición de vulnerabilidad por ausencia de recursos legales y económicos.
Abogados y prensa de Miami permiten algunas inferencias sobre estos hechos: primero, la criminalización de la inmigración por parte de la administración es un hecho. Lo hace cuando equipara y deporta a un inmigrante calificándolo de delincuente, sin que este tenga antecedentes penales. “La mayoría de los venezolanos deportados no tenían antecedentes penales. Muchos habían solicitado asilo u otras formas de alivio migratorio y aún estaban esperando una respuesta. Otros habían sido detenidos debido a órdenes de deportación antiguas o infracciones legales menores”.
Segundo, esa estrategia de deportación hacia terceros países es efectiva para el gobierno pero socava normas humanitarias previas.
Y, tercero, lo que interesa a las autoridades de Estados Unidos es deshacerse del “problema”, es decir, expulsar del país a personas en condición de ilegalidad o en un limbo jurídico que no les permite demostrar un estatus definido como residente legal. No obstante, la suerte de esas personas no es motivo de preocupación, los deportados hacia terceros países no tienen garantías de que estarán en condiciones dignas y de que tendrán herramientas y mecanismos para definir su situación migratoria en el nuevo país.
Inmigrantes deportados a México, por ejemplo, han sido engañados por autoridades y dejados en pueblos remotos del país, con un permiso de tránsito de diez días que no significa libertad de movimiento y sin ninguna oportunidad de solicitar asilo o una forma de residencia legal.
Estados Unidos hoy no distingue entre criminales e inmigrantes inocentes en condición irregular o en una suerte de limbo jurídico a la espera de asilo.
