Hoy24Horas incorpora la firma de un analista marroquí con esta tribuna de Fikri SOUSSAN, profesor de la Universidad Sidi Mohamed ben Abdellah de Fez e investigador de las relaciones entre Marruecos y España. Desde una perspectiva marroquí, el autor examina cómo determinados discursos políticos españoles convierten al país vecino en un «enemigo útil». Su reflexión reivindica una conversación entre iguales: reconocer la pluralidad de ambas sociedades, escuchar sus respectivas memorias y discutir los desacuerdos sin atribuir al otro una enemistad heredada.
«Los moros son nuestros enemigos de raza». Víctor Balaguer escribió esta frase en 1860, en Jornadas de gloria ó los españoles en África. Antes de dejarla en la página once, había recorrido simbólicamente Cataluña, Aragón, Castilla, Asturias, Valencia y las tierras vascas, convocando recuerdos de conquistas y victorias. Cada territorio aportaba sus héroes; todos encontraban el mismo adversario. La operación resulta reveladora: la diversidad española podía reconocerse en un solo bando frente al «moro». La guerra servía también para fabricar unidad con pegamento de trinchera.
Leo esa frase desde Marruecos. Me interpela la facilidad con que un pueblo podía ser definido como enemigo para servir a una causa ajena. Desde ahí escribo: reivindico para mi país el derecho a explicar sus intereses, discutir su historia y formular sus propias preguntas. La relación con España necesita esa reciprocidad, también cuando el desacuerdo incomoda.
Sería absurdo leer aquellas palabras como una condena eterna de los españoles. Juan Goytisolo lo advirtió en España y los españoles: «no existen caracteres españoles eternos». Las sociedades cambian, discuten sus relatos y producen voces dispuestas a cuestionar sus mitologías. Pero los prejuicios tienen la piel dura. Sobreviven en el lenguaje, en las imágenes del pasado y en las emociones que determinados discursos políticos saben movilizar. La pregunta es quién decide reactivarlos y qué espera obtener de ellos.
Conozco y valoro esa diversidad española. Precisamente por eso, la crítica debe dirigirse a quienes producen y difunden determinados relatos, con sus nombres, sus posiciones y sus intereses. Tampoco aceptaría que la voz de un partido marroquí se confundiera con la de todos mis compatriotas. Esa exigencia de precisión vale para las dos orillas.
Eloy Martín Corrales estudió esa larga trayectoria en El «moro», decano de los enemigos exteriores de España. En esa figura pueden confundirse el musulmán, el marroquí y el vecino convertido en amenaza. Su eficacia reside precisamente en borrar diferencias: cualquier conflicto del presente parece confirmar una hostilidad que vendría de siglos atrás.
Lo incómodo es que esta herencia ha atravesado las fronteras ideológicas, aunque con expresiones y responsabilidades distintas. Los trabajos de Juan Sisinio Pérez Garzón sobre las izquierdas españolas ante Marruecos permiten examinar una contradicción significativa. La oposición a las guerras coloniales estuvo marcada por preocupaciones nacionales: los soldados españoles muertos, la desigualdad del reclutamiento y los recursos consumidos por las campañas africanas. Eran razones poderosas. Su límite aparecía cuando el sufrimiento de los colonizados y sus aspiraciones políticas quedaban relegados. Se podía rechazar la guerra sin reconocer plenamente a quienes la padecían al otro lado.
La Guerra Civil llevó esa contradicción a un extremo terrible. Los mandos africanistas utilizaron tropas marroquíes dentro de una estructura colonial. Sectores de la propaganda republicana recurrieron, por su parte, a estereotipos racistas contra esos combatientes. Las posiciones no eran equivalentes, pero el marroquí podía quedar reducido a instrumento militar o a encarnación de una crueldad atribuida a su origen. Los actos de personas y unidades concretas terminaban alimentando una condena colectiva.
Hubo también militantes que buscaron acercamientos con los nacionalistas marroquíes, debates y rectificaciones. Recordarlos impide despachar esta historia mediante una acusación indiscriminada contra las izquierdas o las derechas. La posibilidad de entenderse también pertenece a esta historia y da razones para exigir algo mejor a quienes hoy intervienen en el debate.
En la crisis de Sebta, esa exigencia tiene destinatarios concretos. El pasado 31 de agosto, Santiago Abascal pidió romper el Tratado de Amistad con Marruecos afirmando: «No puede ser nuestro amigo quien nos invade y quien reclama parte de nuestro territorio histórico». Su razonamiento une la crisis migratoria y la reivindicación territorial para declarar imposible la amistad. Desde Marruecos, cabe exigir que se demuestre la agresión que se invoca y cuestionar que el desacuerdo territorial deba condenarnos a la enemistad. Desde otra posición, Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, sostuvo: «El Gobierno de Marruecos es el que ha generado la crisis». Más Madrid habló de una operación de desestabilización. Según la información publicada por El País el 1 de agosto, esos dirigentes vinculaban la crisis con las posiciones españolas sobre Palestina e Irán. La gravedad de esa acusación exige pruebas sobre las decisiones y la coordinación atribuidas a Rabat. Mi país merece que esas responsabilidades se demuestren, cualquiera que sea la ideología de quien las señale. Quienes invocan los derechos humanos para juzgar a Marruecos deben contrastar los hechos y reconocer a los marroquíes como interlocutores: escuchar sus argumentos, sus reivindicaciones y sus discrepancias, incluidas las que mantienen con sus propias autoridades. El internacionalismo pierde credibilidad cuando distribuye inocencias y culpabilidades de antemano. La sociedad marroquí merece ser reconocida en su pluralidad, con sus conflictos, sus aspiraciones y sus luchas democráticas.
Existe también una apuesta explícita por la cooperación. El 3 de septiembre, Pedro Sánchez sostuvo en el Congreso que no había pruebas concretas de que Marruecos hubiera organizado las entradas. Esa vía reconoce a Marruecos como interlocutor y permite discutir desacuerdos sin convertirlos de inmediato en ruptura. Su valor dependerá de resultados concretos y del respeto de los derechos. Desde esta orilla, una cooperación exigente ofrece una base para entenderse; la amistad oficial también tiene que rendir cuentas.
Una crisis fronteriza exige investigar decisiones, reconstruir actuaciones y determinar posibles incumplimientos. Su gravedad no acredita automáticamente todas las intenciones atribuidas a Rabat. Hablar de una operación organizada requiere identificar sus mecanismos y aportar pruebas. Y cuando los migrantes quedan reducidos a «munición» o «instrumentos», sus historias y sus derechos desaparecen bajo la metáfora militar.
Me preocupa, precisamente, la conversión de mi país en un recurso de la disputa política española. Se recurre a Marruecos para acusar al adversario doméstico de debilidad, cuestionar su patriotismo o exigir una demostración de fuerza. El conocimiento del país vecino pasa entonces a segundo plano. Quien solo nos mira para ajustar cuentas con Sánchez difícilmente se interesará por lo que pensamos, por nuestros desacuerdos o por las razones de nuestras reivindicaciones.
Lo impugnable es un hábito discursivo reconocible: confundir un gobierno con su población, transformar una sospecha en certeza, silenciar la experiencia colonial o presentar cualquier reivindicación marroquí como una declaración de hostilidad. Discutir con Rabat exige precisión. Ningún ejecutivo está al margen de la crítica, pero ningún pueblo debería arrastrar una culpabilidad heredada.
La cuestión territorial hace especialmente visible esa exigencia de reciprocidad. Desde mi posición marroquí, Sebta, Melilia y los demás enclaves del litoral constituyen una herencia de la expansión colonial europea que sigue abierta a discusión. Sus historias y sus realidades sociales son diferentes y merecen atención propia. También merece ser escuchada la memoria marroquí de las conquistas de las que procede esa presencia. Ninguna denominación administrativa debería cerrar por sí sola esa conversación.
España defiende su soberanía mediante títulos históricos, tratados y su integración constitucional. Marruecos mantiene su reivindicación. Sostener esta última exige argumentarla, atender al derecho y reconocer los derechos de las poblaciones concernidas. Esa es también mi exigencia. Pero reconocer la complejidad jurídica no obliga a renunciar a una posición histórica y política marroquí. Para quienes reivindican una tradición anticolonial, la coherencia exige explicar cómo aplican sus criterios cuando la discusión afecta a su propio país. Escuchar la reivindicación marroquí no obliga a compartirla. Permite discutirla sin descalificar de antemano al interlocutor.
Balaguer encontraba en el enemigo una manera de reunir a los españoles. Goytisolo invitaba a revisar las identidades construidas mediante exclusiones y silencios. Desde Marruecos, encuentro en esa segunda mirada una posibilidad de conversación entre iguales. Los dirigentes y las tribunas que convierten a Marruecos en enemigo deben dejar de proyectar sobre él sus propias neurosis identitarias. Como marroquí, quiero discutir con los españoles desde esa igualdad: con desacuerdos que puedan argumentarse y responsabilidades que deban probarse, sin que mi país tenga que aceptar el papel del enemigo para entrar en la conversación.
