Hay una constante en la historia reciente de los partidos gobernantes europeos que la política española debería haber ya aprendido. La corrupción no destruye un partido político. Lo que lo destruye es la división interna que la corrupción provoca cuando el partido no acierta a gestionarla. El cierre de filas que Pedro Sánchez acaba de obtener en el comité federal del PSOE es, desde esta perspectiva, un éxito táctico. Pero también es muy probable que sea el comienzo de un error estratégico de consecuencias prolongadas. La unidad conseguida al precio de la autocrítica cero no purifica nada, y tan solo aplaza el pago de la factura.
La historia que Vittorio Craxi, hijo del fallecido líder socialista Bettino Craxi, subraya desde la distancia es pertinente, aunque imperfecta como analogía. El Partido Socialista Italiano no fue destruido por la corrupción en sí, que era sistémica y compartida con la Democracia Cristiana. Fue la combinación de corrupción más división cuando el muro de Berlín eliminó la razón de ser del anticomunismo que cohesionaba el entramado. En España no ha caído ningún muro, pero algo ha cambiado. La superioridad moral sobre la que Sánchez ha construido su relato desde 2018 ha quedado gravemente dañada por los casos Ábalos, Cerdán y Zapatero.
El problema del cierre de filas sin catarsis no es que sea hipócrita, sino que es ineficaz. Funciona como anestesia pero no como cura. El electorado percibe la diferencia entre un partido que actúa con contundencia real ante la corrupción interna —expulsando con rapidez, asumiendo responsabilidades políticas antes de que lleguen las sentencias— y uno que gestiona el daño de imagen mientras espera que la justicia haga el trabajo. Sánchez lo intenta separando bloques: Ábalos y Cerdán como casos ya cerrados internamente, Zapatero como víctima de filtración ilegal, su familia como objeto de acoso judicial. La taxonomía es políticamente comprensible. Pero esa gestión por no elimina la percepción de que el partido ha tolerado demasiado mucho tiempo.
La corrupción fue la razón fundamental para entronizar al actual presidente y ahora es la espada que se blande para acabar con él. Es una inversión perfecta que el PSOE no puede ignorar sin pagar un coste electoral creciente. La alternativa que proponen analistas como el politólogo Fernando Vallespín —una catarsis real que no solo expulse a los culpables, sino que establezca garantías legales para impedir que las mismas prácticas se repitan— es la que el partido no ha tomado. Y no la ha adoptado, en parte, porque implicaría un nivel de autocrítica que la maquinaria de Ferraz considera incompatible con su inmediata supervivencia electoral.
Emiliano García-Page lleva meses diciendo en voz alta lo que otros dirigentes socialistas admiten en privado: este es el peor momento del PSOE en su historia reciente. La soledad con la que Page ha sostenido esta posición en el más reciente comité federal —acompañado únicamente por la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés— no indica que esté equivocado en el diagnóstico, sino que el resto del partido ha decidido que el coste de pronunciarlo en público supera el de callarlo. Es la lógica de la trinchera. En momentos de asedio, el disidente interno siempre corre el riesgo de ser confundido con el enemigo. Esa lógica es comprensible. No es, necesariamente, correcta.
Lo que el comité federal del PSOE ha demostrado es que Sánchez puede gobernar sin oposición interna real durante el tiempo que le queda de legislatura. Eso es un activo político indudable. Pero la cohesión obtenida bajo presión exterior no es lo mismo que la convicción renovada. Los partidos que sobreviven a sus crisis de corrupción no son los que cierran filas más herméticamente, sino los que hacen primero lo más difícil: mirarse hacia adentro con honestidad y asumir que algo en su cultura interna falló. Sin esa mirada, el cierre de filas es solo gestión del tiempo. Y el tiempo, en política, siempre acaba pasando factura.
