Cuando Itamar Ben Gvir publicó en su canal de Telegram el vídeo de los activistas de la flotilla arrodillados, esposados y con la cara contra el suelo mientras sonaba el himno israelí, no cometió un error político. Ejecutó una estrategia. La flotilla, integrada por medio centenar de barcos con 430 activistas internacionales que intentaban romper por mar el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, fue interceptada a principios de semana. Nada más atracar en el puerto de Ashdod, Ben Gvir difundió las imágenes en las que se burla de los detenidos rodeado de agentes, con el himno de fondo. Lo que el titular de Seguridad Nacional de Israel lleva haciendo desde que en 2022 tomó el control de la policía y el sistema penitenciario no son excesos individuales. Forman parte de una política racista antiárabe aplicada con consistencia, documentada por organizaciones de derechos humanos y respaldada, tácita o activamente, por el primer ministro que lo convirtió en miembro de su gabinete sabiendo quién era el personaje.
Netanyahu declaró el miércoles que la actuación de su ministro ante los detenidos «no está en línea con los valores y normas del Estado de Israel». La frase es conveniente. También se antoja falsa. Ben Gvir lleva cuatro años en el Gobierno y en ese tiempo ha distribuido armas entre colonos que aterrorizan comunidades palestinas en Cisjordania, ha entregado uniformes militares a grupos que avanzan en la limpieza étnica de los territorios ocupados y ha transformado las cárceles israelíes en lo que B’Tselem, organización israelí de derechos humanos, ha documentado en sucesivos informes como una red de centros de tortura. Cerca de un centenar de palestinos han muerto en detención desde octubre de 2023, frente a unos 230 fallecidos en los 56 años anteriores. La pena de muerte para palestinos acusados de atacar a israelíes, que el ministro impulsó y celebró descorchando champán, entró en vigor el 17 de mayo. Esos son los valores y normas del Israel de Netanyahu.
La trayectoria de Ben Gvir es la de un sistemático odio antiárabe que el sistema israelí primero ilegalizó y luego abrazó sin tapujos. De adolescente militó en el Kach, organización prohibida en Israel desde 1985 y declarada terrorista tras la masacre de Hebrón de 1994, cuando un exmiembro mató a 29 palestinos en una mezquita durante el Ramadán. El ejército hebreo incluso lo rechazó en su momento como recluta por extremista. Los tribunales lo condenaron hasta ocho veces por racismo antiárabe y apoyo a organizaciones terroristas judías. Con 19 años apareció en televisión blandiendo —como si de un trofeo se tratase— el capó del coche del primer ministro Isaac Rabin y afirmó sin ningún tipo de rubor que si habían logrado alcanzar ese objeto podían llegar hasta el propio Rabin. Semanas después, un extremista judío asesinaba al mandatario en Tel Aviv. Nada de esto era secreto o desconocido cuando Netanyahu le abrió la puerta del gobierno.
A pesar del historial de fechorías, lo eligió igualmente. Acosado por varios procesos judiciales por corrupción e incapaz de tejer una mayoría parlamentaria sin el concurso de los partidos ultraortodoxos y de extrema derecha, el jefe del ejecutivo israelí sacrificó cualquier otra consideración en el altar de la supervivencia política. Ben Gvir recibió la cartera que pedía: Seguridad Nacional, el ministerio que supervisa la policía y las cárceles. Desde ese despacho politizó el cuerpo policial, endureció las condiciones de internamiento de los presos palestinos y cedió parte del monopolio de la violencia a milicias de colonos que operan en Cisjordania con uniformes militares, haciendo imposible que las víctimas distingan si sus agresores son soldados o civiles disfrazados como tales. La socióloga Eva Illouz ha llamado a esto «fascismo judío». No es una hipérbole, sino la descripción de lo que ocurre cuando un Estado cede su aparato de seguridad a alguien cuya ideología central es la supremacía étnica.
El vídeo de Ashdod no sorprendió a quienes conocían la trayectoria del ministro. Sí sacudió a quienes habían preferido no mirar. Adalah, la organización que defiende a los detenidos de la flotilla, dio buena cuenta de abusos físicos y psicológicos generalizados durante el traslado y el internamiento en el puerto israelí, incluyendo denuncias de violencia sexual por parte de los guardias. Al menos tres activistas fueron hospitalizados y decenas presentaron lesiones compatibles con fracturas de costillas. Sari Bashi, directora del Comité Público de Israel contra la Tortura, fue precisa sobre el alcance real de las imágenes: «Un guardia que ve a su superior expresar orgullo por el maltrato no tendrá reparos en abusar de los detenidos palestinos». Ben Gvir no actuó impulsivamente en el puerto. Instruyó y aleccionó. Y esa distancia entre el exceso y la política es exactamente la que Netanyahu lleva cuatro años fingiendo no ver.
El jefe del Gobierno saltó a la palestra y lo desautorizó con palabras porque la presión internacional lo exigía. No lo hará con hechos y decisiones de calado porque no puede. Las elecciones legislativas previstas para octubre acercan el momento en que la coalición deberá renovarse y el debate sobre los privilegios de los estudiantes ultraortodoxos para eludir el servicio militar amenaza con tumbar el gabinete antes de esa fecha. En los sondeos, Poder Judío obtiene entre ocho y diez escaños, un peso en la aritmética parlamentaria israelí difícilmente prescindible para cualquier mayoría de derechas. El opositor Yair Golán se refirió al ministro como «un criminal y un daño estratégico para el Estado de Israel». Gideon Saar, titular de Exteriores y compañero de partido de Netanyahu en el Likud, escribió públicamente que el de Ben Gvir no era «el rostro de Israel». Son las palabras de quienes saben que, en este momento, sí lo es, y que ellos también forman parte de ese perfil.
Lo que aquellas imágenes exponen no es la brutalidad de un ministro incontrolable y populista. Expone el desenlace de una decisión adoptada hace cuatro años, a saber, que el racismo antiárabe podía ser funcional, que podía tener un ministerio, un presupuesto y un cuerpo de policía, que podía ser el pegamento de una coalición de gobierno en un Estado que se reivindica democrático. Netanyahu construyó este escenario con plena conciencia de lo que hacía. Cada ley aprobada, cada cárcel convertida en centro de tortura con pruebas fehacientes, cada uniforme militar entregado a un colono son decisiones que requirieron su firma o su silencio. La condena de esta semana es lo mínimo que el primer ministro podía pronunciar ante la presión internacional. Cambiar algo exigiría renunciar a lo que Ben Gvir representa dentro de la coalición. Y eso Netanyahu no está dispuesto a hacerlo. Su único error fue creer que podría contenerlo cuando le resultara inconveniente. Ahora sabe que no es así.
