El pacto que el Partido Popular (PP) y Vox firmaron para investir a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura —y que acaba de replicarse en Aragón con Jorge Azcón al frente— incluye una cláusula que excluye a los migrantes en situación irregular, es decir, sin permiso de residencia en vigor, del acceso a los servicios sanitarios y sociales, limitándolo a los casos de urgencia vital. El texto es políticamente llamativo, pero jurídicamente inviable. La pregunta relevante no es técnica. Es política, y pasa por entender por qué el partido suscribe compromisos que sabe de antemano que los tribunales anularán, en un terreno donde ya ensayó lo mismo hace trece años, terminando el experimento en los juzgados.
El marco legal español es inequívoco. El artículo 3.1 del Real Decreto-ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS) establece que los extranjeros con residencia acreditada en España tienen el mismo derecho a la atención sanitaria que los nacionales, con independencia de su situación administrativa. «La ley es clarísima en materia de asistencia sanitaria», afirma Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad del Gobierno central. Según este, «los migrantes en situación irregular tienen exactamente los mismos derechos de atención que los ciudadanos españoles». Los parlamentos autonómicos no tienen competencia para legislar por encima de una norma estatal y el pacto suscrito «no tiene absolutamente ningún tipo de cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico», subrayó el propio Padilla.
Lo que hace este episodio más difícil de justificar es que el PP ya recorrió antes este mismo camino. En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió el acceso de los migrantes irregulares a la sanidad pública con el argumento de la crisis económica. Aquella medida puso fuera del sistema a decenas de miles de personas que, sin situación regularizada, dejaron de poder acudir al médico de cabecera o a un especialista. El resultado lo documentaron durante años organizaciones como Médicos del Mundo, traduciéndose en diagnósticos tardíos, enfermedades agravadas por falta de tratamiento, vidas condicionadas por una restricción que tardó años en corregirse parcialmente. En 2025, la misma organización contabilizó 15.000 casos de exclusión sanitaria efectiva en el Estado español.
En 2018, el Gobierno del PSOE aprobó una norma para restaurar el acceso universal al SNS, pero dejó cierto margen de ambigüedad al no precisar qué se entendía por presencia temporal en España, lo que permitió a varios gobiernos regionales exigir empadronamientos de larga duración como condición previa a la atención. Para cerrar esa brecha, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha publicado el Real Decreto 180/2026, que establece que la residencia puede acreditarse con cualquier documento legal que recoja el nombre de la persona, sin necesidad de justificaciones adicionales. Vox ha pedido en el Congreso la derogación de ese decreto. El PP en Extremadura ha firmado el pacto que lo inutiliza en la práctica.
Rafael Cid, director legal de Gentium, organización especializada en derecho migratorio, descarta cualquier recorrido jurídico para las cláusulas pactadas. El análisis trasciende además el derecho interno español: bajo los marcos internacionales que España ha suscrito, tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en el europeo, «es muy cuestionable bloquear el acceso a la sanidad» de las personas migrantes con independencia de su situación administrativa. Padilla ha advertido que «actuaremos con todas las capacidades del Estado de Derecho» frente a cualquier intento de aplicarlas. En la práctica, eso supone impugnaciones ante los tribunales, el mismo camino que recorrió el Estado cuando el PP estableció esta restricción en 2012.
De fondo, estas cláusulas no persiguen un objetivo sanitario, sino político. Sirven para demostrar ante un electorado concreto que el PP está dispuesto a firmar lo que la ultraderecha exige, aunque sea jurídicamente inviable. Es una señal, no un programa. El coste de ese cálculo lo pagan, mientras tanto, las personas que viven en la incertidumbre sobre si serán atendidas cuando lo necesiten, los profesionales sanitarios que desconocen qué protocolo deben aplicar, y un sistema de salud que construyó durante décadas una cobertura universal que sus propios gobiernos se han encargado periódicamente de debilitar.
Lo que ha ocurrido en Extremadura y Aragón tiene un nombre bien preciso. El PP no está gobernando con Vox: los populares están gobernando para la ultraderecha. Acepta compromisos que sabe que la justicia anulará. Asume las consecuencias de asociarse a un modelo de exclusión que es a todas luces ilegal. Y deja que sean los tribunales quienes corrijan su deriva después de haber producido el daño, que en ocasiones es irreversible y siempre afecta a seres humanos y sus familias, como ya ocurrió en 2012. El partido conservador conoce perfectamente los límites del derecho vigente y los ignora de todas formas. No es error de cálculo, sino decisión deliberada.
