Pocas veces la política exterior de un país ofrece un contraste tan nítido en un solo fin de semana. Este viernes y sábado, mientras Pedro Sánchez reúne en Barcelona a presidentes de Brasil, Colombia, Sudáfrica, Uruguay y México —y firma con Lula los primeros acuerdos españoles con un país latinoamericano sobre minerales críticos—, Alberto Núñez Feijóo escenifica en Madrid su respaldo a María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, acompañado de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. El contraste no es accidental. Expresa dos concepciones incompatibles sobre cuál debe ser el lugar de España en el mundo y qué tipo de alianzas debería construir más allá de sus fronteras.
La diferencia más inmediata es de sustancia. Del lado de Sánchez, hay acuerdos materiales y concretos sobre la mesa. Un memorándum sobre minerales críticos abre la puerta a la participación española en la cadena de suministro de litio, níquel y tierras raras brasileñas. Un segundo documento ratificado articula cooperación en materia de innovación, ciencia y cultura. El respaldo a la ratificación del tratado entre la Unión Europea y el Mercosur completa una agenda con consecuencias económicas verificables. La presencia de Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, en el foro del sábado señala además que la apuesta de Sánchez abarca el sur global en su conjunto, no solo América Latina y el área geográfica más próxima y occidental.
Esa dimensión africana merece un comentario separado. Los últimos años han consolidado una mejora sustancial de las relaciones de España con el continente. La normalización con Marruecos —socio clave en la gestión migratoria y en el suministro de gas a través del Magreb— fue uno de los logros diplomáticos más patentes de la presente legislatura. A ello se añaden los acuerdos de cooperación con Mauritania, Senegal y algunos otros países del Sahel en lo que respecta al control migratorio, formación y desarrollo. España ha apostado por tratar a Africa no como una frontera que contener, sino como un espacio donde construir relaciones con socios que tienen unos intereses compartidos.
Lo que Feijóo ofrece este fin de semana no es política exterior, pero sí una fotografía. Apoyar a María Corina Machado puede presentarse como solidaridad con la oposición venezolana, pero el argumento no resiste mucho peso. La situación de Venezuela no tiene una salida unívoca. Necesita costura interna, negociación entre actores antagónicos y una transición que no puede construirse desde el exterior por decreto. Reducir esa complejidad a un respaldo incondicional a una dirigente es, como mínimo, simplista. Conviene recordar además quiénes son los que jalean a Machado: los populismos de ultraderecha latinoamericanos en la órbita de Milei y los sectores más duros del Partido Republicano y el movimiento MAGA. Feijóo no parece haber reparado en esa compañía, o ha preferido no hacerlo.
Esa ceguera selectiva tiene un patrón. El líder del PP ha demostrado en esta legislatura una enorme capacidad de crítica y condena —sobre todo en lo que respecta a algunos asuntos europeos y determinadas cuestiones económicas—, pero una llamativa falta de valentía y proposición cuando la posición incómoda exigía separarse del bloque ultra. No formuló una condena clara del genocidio en Gaza. Se posicionó sistemáticamente del lado de Israel, incluso cuando las imágenes de la destrucción de la Franja resultaban indefendibles para cualquier lectura mínimamente honesta del derecho internacional. Guardó silencio ante la política expansionista de Trump sobre el canal de Panamá o las amenazas sobre Groenlandia. Y en la guerra de Irán, en la que España tiene 650 soldados desplegados en el Líbano y ha adoptado una posición soberana que ha sido objeto de admiración global, Feijóo tampoco ha encontrado una voz propia más allá de la censura a Sánchez.
El resultado es un discurso de política exterior construido en clave electoralista y con una brújula ideológica cada vez más orientada hacia las posiciones del populismo de derechas global. No es tanto una visión del mundo como una estrategia de oposición: criticar al presidente del gobierno en todo, incluido lo que hace fuera de España, sin ofrecer una alternativa articulada que vaya más allá del seguidismo de Trump y de los gobiernos que en Europa y América Latina han decidido romper con el multilateralismo. Ese giro tiene un coste estratégico que el PP todavía no ha calculado y aleja a la formación de los socios europeos moderados que necesitaría para gobernar con credibilidad si algún día regresara al poder.
Dicho esto, el relato de Sánchez tampoco está exento de tensiones propias. La Global Progressive Mobilisation (GPM) que arranca mañana en la Fira de Barcelona es, al mismo tiempo, un foro con vocación estratégica real y una revulsivo electoral con una lectura doméstica evidente. El presidente necesita activar a un electorado progresista antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, y la foto junto a Lula, Petro o Sheinbaum cumple esa función. Cuando la portavoz adjunta del PSOE, Enma López, afirmó que «el ejemplo de Pedro Sánchez resuena en todo el mundo», no describía un consenso internacional sino una narrativa de campaña, dirigida a un público español, con una lectura de marcada clave interna.
La pregunta que el contraste Barcelona-Madrid deja sin responder es más profunda que lo que dejan intuir cualquiera de sus protagonistas. ¿Tiene España una política exterior con una cierta continuidad más allá de los ciclos de gobierno de diferente sino ideolo´gico? La respuesta honesta es que no. Hay una política exterior del Gobierno de Sánchez y hay una política exterior de la oposición de Feijóo, y las dos señalan en direcciones distintas. Para un país que aspira a ser referente en Europa y puente hacia el sur global, esa discontinuidad no es solo un problema de coherencia. Es una vulnerabilidad estratégica que ninguno de los actos de este fin de semana se molesta tan siquiera en tapar.
