La operación militar estadounidense que derrocó al presidente venezolano generó respuestas encontradas que exponen fracturas geopolíticas profundas. Mientras China, Rusia e Irán condenaron la intervención como violación del derecho internacional, países europeos y latinoamericanos mantuvieron posturas ambiguas entre el rechazo a Maduro y el cuestionamiento del método empleado por Washington.
La intervención militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro provocó un terremoto diplomático global que dejó al descubierto las divisiones existentes sobre Venezuela y el rol de Estados Unidos en América Latina. Menos de doce horas después del anuncio del presidente Donald Trump, gobiernos de todo el mundo comenzaron a pronunciarse con declaraciones que oscilaron entre el respaldo tácito a Washington, la condena frontal a la operación militar y posiciones intermedias que rechazaron tanto el régimen venezolano como los métodos empleados para derrocarlo. La fragmentación de la respuesta internacional reflejó las tensiones geopolíticas actuales y la ausencia de consenso sobre cómo resolver crisis políticas en naciones soberanas.
Las potencias que habían mantenido vínculos estratégicos con el gobierno chavista reaccionaron con dureza inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia calificó la acción como un «acto de agresión armada» y exigió la liberación de Maduro. «Pedimos firmemente a las autoridades estadounidenses que reconsideren su postura y liberen al presidente legalmente electo del país soberano y a su esposa», señaló Moscú en un comunicado oficial que subrayaba el estatus de jefe de Estado en funciones del mandatario venezolano. El canciller Serguéi Lavrov contactó personalmente con la vicepresidenta Delcy Rodríguez para expresar solidaridad con el pueblo venezolano ante lo que definió como una agresión armada. La embajada rusa en Caracas informó que sus instalaciones no habían sido afectadas por los bombardeos.
China adoptó un tono igualmente contundente al declararse «profundamente conmocionada» por los ataques militares. «Tal comportamiento hegemónico de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe», manifestó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Pekín instó a Washington a «liberar inmediatamente» a Maduro y su esposa, denunciando lo que describió como un uso flagrante de la fuerza contra un Estado soberano. Cuba, por su parte, demandó una «reacción urgente de la comunidad internacional contra el criminal ataque» y acusó a Estados Unidos de emplear «terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano». Irán también condenó «firmemente el ataque militar estadounidense», en línea con su histórica oposición a la política exterior de Washington.
América Latina dividida
La respuesta de los gobiernos latinoamericanos expuso la profunda polarización regional sobre Venezuela. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que los bombardeos y la captura del mandatario venezolano «han traspasado una línea inaceptable» y advirtió que sientan un precedente «extremadamente peligroso» para la comunidad internacional. «Esta acción recuerda los peores momentos de la injerencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz», declaró el líder del gigante sudamericano, instando a las Naciones Unidas a «responder con firmeza» ante el episodio. México condenó «enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente» y citó el Artículo 2 de la Carta de la ONU sobre la abstención del uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado.
Colombia, cuyo gobierno mantiene relaciones de interdependencia con Venezuela debido a la crisis migratoria y el conflicto armado en la frontera, rechazó «la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina» a través de un mensaje del presidente Gustavo Petro. «Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz», agregó el mandatario colombiano, quien ordenó la movilización de militares a la frontera venezolana. El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamado «a buscar una salida pacífica a la grave crisis» y enfatizó que la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo. Sin embargo, el presidente electo chileno José Antonio Kast celebró la detención como «una gran noticia para la región» y acusó al «narcorégimen ilegítimo» de haber expulsado a más de ocho millones de venezolanos.
El presidente argentino Javier Milei respaldó abiertamente la operación estadounidense y calificó el día como histórico para Venezuela. «Significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones», afirmó el mandatario libertario, quien enfatizó que Maduro «fue derrotado muy fuertemente y aun así quiso quedarse aferrado al poder». Ecuador, Paraguay, Bolivia y El Salvador también expresaron apoyo a la libertad de Venezuela, mientras que la oposición venezolana mantuvo inicialmente cautela antes de que la líder María Corina Machado declarara que «Estados Unidos cumplió su promesa» y exigiera que Edmundo González Urrutia asumiera «de inmediato su mandato constitucional». Esta división latinoamericana reflejó tanto diferencias ideológicas como cálculos estratégicos sobre las relaciones con Washington.
Europa entre pragmatismo y derecho internacional
La Unión Europea mantuvo una posición ambigua que intentó equilibrar el rechazo al régimen de Maduro con la defensa del orden internacional. La vicepresidenta de la Comisión Europea y jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, pidió «contención» y respeto al derecho internacional tras conversar con el secretario de Estado Marco Rubio. «La UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas», señaló la funcionaria europea. La declaración reflejó la tensión entre los objetivos políticos europeos respecto a Venezuela y sus compromisos multilaterales.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó que España «no reconoció al régimen de Maduro» pero tampoco reconocerá «una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región hacia un horizonte de incertidumbre y beligerancia». Madrid ofreció sus «buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis» mientras confirmaba que su embajada y consulados en Venezuela seguían operativos. El presidente francés Emmanuel Macron adoptó un tono más favorable a la intervención al afirmar que el pueblo venezolano «se ha liberado hoy de la dictadura de Nicolás Maduro» y que «al usurpar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro socavó gravemente la dignidad de su propio pueblo». El canciller alemán Friedrich Merz consideró que Maduro había «llevado a su país a la ruina» y señaló que el mandatario venezolano «jugó un papel problemático en la región» al implicar a Venezuela en el tráfico de drogas.
El Reino Unido se desmarcó explícitamente de la operación militar. El primer ministro Keir Starmer afirmó que su Gobierno «no participó de ninguna manera» en el ataque estadounidense contra Venezuela y subrayó la necesidad de respetar el derecho internacional. Esta declaración británica evidenció que incluso aliados cercanos de Estados Unidos consideraron necesario establecer distancia pública de una acción militar unilateral sin mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las posiciones europeas reflejaron la complejidad de conciliar valores democráticos con principios jurídicos internacionales.
La respuesta internacional fragmentada ante la captura de Maduro dejó en evidencia que la operación estadounidense no solo transformó el panorama político venezolano sino que también estableció un precedente controvertido en las relaciones internacionales. Mientras Washington justificó su acción como ejecución de una orden de arresto contra un acusado de narcotráfico, múltiples gobiernos advirtieron sobre las implicaciones de una intervención militar unilateral. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó estar «profundamente alarmado por la escalada en Venezuela» y manifestó preocupación por que el derecho internacional no haya sido respetado, instando a todos los actores a participar en un diálogo inclusivo que respete los derechos humanos y el Estado de derecho. El debate sobre legalidad versus efectividad quedó abierto en un mundo multipolar donde el consenso sobre intervenciones humanitarias o antinarcóticas resulta cada vez más elusivo.
