Pavel Durov ha enviado un mensaje masivo a los usuarios españoles de la plataforma acusando al Gobierno de impulsar regulaciones que convertirían a España en un «estado de vigilancia». Las críticas del empresario ruso se suman a las de Elon Musk, que calificó al presidente español de «tirano y traidor». El paquete normativo anunciado desde Dubái incluye la prohibición de redes sociales para menores de dieciséis años y la responsabilidad penal de directivos por contenidos ilícitos.
El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha enviado este miércoles un mensaje desde la cuenta oficial de la plataforma a todos los usuarios españoles criticando duramente las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para regular las redes sociales y proteger a los menores. El empresario ruso advierte que estas iniciativas «podrían convertir a España en un estado de vigilancia bajo el pretexto de la protección» y constituyen «pasos hacia el control total». El comunicado, que ha alcanzado más de dos millones de visualizaciones, se produce apenas veinticuatro horas después de que Sánchez presentara en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái un paquete de cinco medidas legislativas destinadas a endurecer el control sobre las plataformas digitales.
La intervención del presidente español en el foro emiratí generó una inmediata reacción de las principales figuras de la industria tecnológica global. Elon Musk, propietario de X, calificó a Sánchez de «tirano y traidor al pueblo de España» en un mensaje acompañado de un emoji de excremento, utilizando además el término despectivo «Dirty Sánchez». El magnate estadounidense intensificó sus críticas horas después, describiendo al jefe del Ejecutivo español como «el verdadero fascista totalitario». Estas descalificaciones se enmarcan en una escalada de tensiones que comenzó días atrás con un cruce de mensajes sobre la política migratoria del Gobierno español, cuando Sánchez acusó a Musk de utilizar su cuenta personal para «amplificar la desinformación».
El paquete normativo que indigna a las tecnológicas
El plan anunciado por Sánchez desde Dubái contempla cinco medidas principales que serán aprobadas por el Consejo de Ministros la próxima semana. La primera de ellas establece una reforma del Código Penal para que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados penalmente responsables de las infracciones cometidas en sus servicios, especialmente cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos. Según el Ejecutivo, esto implica que altos ejecutivos de empresas tecnológicas como Elon Musk o Mark Zuckerberg podrán responder penalmente por «la inacción deliberada» ante contenidos como pornografía infantil o discursos de odio. La medida se incluirá en un proyecto de ley orgánica que será remitido al Parlamento.
En segundo lugar, se tipificará como delito la manipulación de algoritmos que facilite la amplificación deliberada de contenidos ilegales y la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos. Francia legisló sobre esta materia en 2023, y precisamente este martes la Fiscalía francesa registró la sede de X en París y convocó a Musk en relación con una investigación por manipulación algorítmica. La tercera medida consiste en la creación de un sistema denominado «Huella de Odio y Polarización», destinado a rastrear, medir y hacer visible cómo las plataformas digitales fomentan la división social. Este mecanismo generará un ranking de mejores a peores plataformas que servirá de base para futuras sanciones.
El cuarto pilar del plan es la prohibición del acceso a redes sociales a menores de dieciséis años, obligando a las plataformas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. Esta medida, que ya estaba contemplada en una ley de protección digital actualmente en tramitación parlamentaria, ha suscitado críticas dentro del propio Gobierno. El portavoz de Izquierda Unida en Sumar, Enrique Santiago, cuestionó que Sánchez hiciera un anuncio sobre un tema que no es competencia del Ministerio de Justicia sino del de Infancia y Juventud, que dirige Sira Rego. Finalmente, el Gobierno estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de plataformas específicas como Grok, TikTok e Instagram.
Durov y Musk lideran la ofensiva contra Sánchez
En su extenso mensaje a los usuarios españoles de Telegram, Pavel Durov desarrolla una crítica sistemática a cada una de las medidas anunciadas. Sobre la verificación de edad obligatoria, el empresario ruso afirma que «no se trata sólo de los niños», sino que la exigencia de controles estrictos mediante DNI o biometría «establece un precedente para rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos». Durov, cuya plataforma ha defendido históricamente el cifrado y la privacidad frente a presiones gubernamentales, sostiene que esta medida podría extenderse progresivamente y afectar al conjunto de la población.
Respecto a la responsabilidad penal de los directivos, el fundador de Telegram advierte que los responsables de las plataformas podrían «ir a la cárcel si no se elimina rápidamente el contenido ilegal, odioso o perjudicial», lo que «forzará la sobrecensura». Según su análisis, las plataformas borrarán «cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas». El mensaje añade una advertencia directa: «Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo». Durov también cuestiona la criminalización de la amplificación algorítmica de contenidos considerados perjudiciales, afirmando que con este enfoque «los gobiernos dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el estado».
El comunicado concluye con un llamamiento a los usuarios españoles: «Manteneos vigilantes, España. Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos. Compartid esto ampliamente, antes de que sea tarde». Durov enfatiza que en Telegram priorizan «vuestra privacidad y libertad: cifrado fuerte, sin puertas traseras y resistencia al exceso». El empresario ruso, que fue detenido en Francia en agosto de 2024 por obstrucción a la justicia al negarse a facilitar datos de usuarios vinculados a actividades potencialmente criminales, mantiene una posición de confrontación permanente con las iniciativas regulatorias gubernamentales.
Bruselas pone en duda la viabilidad de la propuesta
La Comisión Europea ha expresado este miércoles sus reservas sobre la medida de responsabilizar penalmente a los máximos directivos de las plataformas digitales. Un portavoz de la institución comunitaria cuestionó la propuesta señalando que «es muy difícil» determinar si un director ejecutivo es responsable de lo que se publica en una red social. El portavoz recordó que precisamente por esta razón la Ley de Servicios Digitales europea «no realiza investigaciones criminales» contra individuos sino contra las plataformas como entidades corporativas. Según explicó, si un directivo manipula algorítmicamente la visibilidad de contenidos políticos, «él no es responsable, pero la plataforma sí tiene una responsabilidad».
Bruselas subrayó que el marco regulatorio europeo ya contempla mecanismos sancionadores efectivos contra las grandes tecnológicas. La Comisión ha impuesto multas de quinientos millones de euros a Apple y doscientos millones a Meta por vulnerar leyes digitales, sancionó a Google con 2.950 millones por prácticas abusivas en publicidad digital, y penalizó a X con ciento veinte millones por incumplir obligaciones de transparencia bajo la Ley de Servicios Digitales. Sin embargo, España busca ir más allá de este marco europeo estableciendo responsabilidades penales individuales para los ejecutivos, una medida sin precedentes en la Unión Europea que genera dudas sobre su compatibilidad con la normativa comunitaria.
El anuncio de Sánchez también ha generado debate sobre el contexto internacional de regulación de redes sociales. Australia implementó recientemente la primera prohibición mundial de acceso a redes sociales para menores de dieciséis años, mientras que Francia aprobó en enero una ley que prohíbe el acceso a menores de quince años, con entrada en vigor prevista para septiembre. El presidente español ha anunciado además que España se ha unido a cinco países europeos en la «Coalición de los Dispuestos Digitales» para avanzar de manera coordinada en la aplicación de una regulación más estricta. El pulso entre Estados y plataformas tecnológicas por el control del espacio digital se intensifica así en un momento en que la influencia de gigantes como X, Meta o Telegram sobre el debate público alcanza niveles sin precedentes.
