La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla aprobó la licencia de obra del Centro Cultural Islámico, al que sus propios promotores denominan mezquita, al no hallar ilegalidad alguna en un proyecto que llevaba más de veinte años en marcha. La decisión llega semanas después de que el Consistorio, gobernado por el Partido Popular (PP) con apoyo de Vox, se plegara a la presión de la formación ultraderechista y aplazara la aprobación para estudiar un recurso, en lo que supuso el primer choque relevante entre ambos socios en el Gobierno andaluz.
El Ayuntamiento de Sevilla había aplazado el 10 de julio la aprobación de la licencia de obra para estudiar el recurso presentado por Vox, en un intento de evitar el primer enfrentamiento abierto en el Gobierno de coalición de la Junta de Andalucía, donde el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno, del PP, acababa de ceder una macroconsejería y una vicepresidencia al dirigente ultra Manuel Gavira. Este se había comprometido a «emprender todas las acciones judiciales, políticas y administrativas» contra el centro cultural. Pese a ese compromiso, la Gerencia de Urbanismo municipal terminó aprobando la licencia al no encontrar ilegalidad alguna en el proyecto.
Sevilla, la ciudad española con más actos y templos católicos, con 125 registrados, cuenta con una comunidad musulmana practicante de unas 9.000 personas, según los cálculos de Jalid Nieto, vicepresidente y portavoz de la Fundación Mezquita de Sevilla, entidad promotora del proyecto. Esa comunidad representa el 1,3% de la población de la capital y dispone actualmente de catorce espacios de oración en la ciudad, la mayoría habilitados en locales y garajes sin las condiciones de un centro específico.
Un proyecto detenido por presión de Vox
El proyecto, de promoción privada, fue diseñado por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, autor de edificios como el Pabellón de la Navegación de la Expo o el Palacio de Congresos de la ciudad. Según explicó el propio arquitecto en un escrito remitido al Ayuntamiento, «nuestro proyecto se inspira en el concepto de la tradición islámica del Imaret», un modelo de complejo que integra espacios para la enseñanza, biblioteca, comedor, cafetería y sala de exposiciones, además de la propia sala de oración. De hecho, el centro destina a sala de oración solo 400 de los 2.800 metros cuadrados totales del complejo, cuyo presupuesto supera los 12 millones de euros, financiados con aportaciones particulares tras una campaña en la que fue determinante la participación del exfutbolista francés del Sevilla Frédéric Oumar Kanouté.
Para Vox, sin embargo, esos datos no resultan relevantes. El portavoz municipal de la formación, Gonzalo García de Polavieja, fue tajante al fijar la posición de su partido: «No queremos un centro de islamización en Sevilla», declaró, en una postura que documenta sin ambigüedades el rechazo frontal de la formación ultraderechista al proyecto, con independencia de su uso mixto cultural y religioso reconocido por técnicos municipales y por los propios promotores.
Lo que defienden el alcalde y los promotores
El grupo municipal de Vox esgrime que el uso religioso del complejo resulta incompatible con la calificación urbanística de la parcela, mientras que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, los técnicos de urbanismo y los propios promotores defienden la legitimidad del proyecto y sostienen que denegar la licencia habría sido ilegal. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, defendió la decisión municipal al margen de presiones políticas: «Bajo ningún concepto vamos a poner encima de la mesa intereses ideológicos», sostuvo, en referencia a una licencia que consideró «perfectamente reglada» desde el punto de vista técnico y jurídico.
Existen, además, numerosos ejemplos en la propia ciudad de usos sociales o culturales que se compatibilizan con espacios religiosos dentro de un mismo complejo. El hospital Virgen del Rocío, el mayor centro sanitario de Andalucía, cuenta con una capilla católica recientemente remodelada, y la sede de la Hermandad de los Estudiantes, que procesiona en Semana Santa, se encuentra en un edificio de la Universidad de Sevilla, sin que ello haya generado controversia sobre la compatibilidad de usos.
La amenaza de ruptura de Vox
García de Polavieja reaccionó a la aprobación de la licencia asegurando que su formación ha «perdido la confianza» en el alcalde y anunció la interposición de un recurso de alzada contra la decisión municipal. El portavoz ultra no quiso, sin embargo, romper de forma definitiva la relación con el PP en el Ayuntamiento, aunque matizó que la aprobación de la licencia «supone un punto de inflexión» en la relación política entre ambos socios de gobierno.
El alcalde José Luis Sanz respondió a las críticas de Vox insistiendo en la ausencia de argumentos legales para rechazar o suspender la licencia. «Ni he prevaricado nunca, ni lo voy a hacer», sostuvo Sanz, quien planteó además que, ante la pérdida de confianza a la que alude su socio de gobierno, sería más razonable desconfiar de quien no respeta la legalidad vigente que de quien la cumple, en una respuesta que deja abierta la incógnita sobre el futuro de la coalición municipal entre ambas formaciones.
