Un estudio de la Asociación Española de Banca y la confederación de cajas CECA, elaborado con 4.000 encuestados, revela que el miedo a la ciberestafa ha crecido diez puntos porcentuales desde 2023 y afecta ya al 60% de la población. La paradoja es que casi la mitad de los encuestados admite haber actuado de forma imprudente en el entorno digital. El Instituto Nacional de Ciberseguridad intervino en 122.223 ataques en 2025, un 26% más que el año anterior.
El miedo a perder dinero por una ciberestafa ha dejado de ser una preocupación marginal para convertirse en una de las principales inquietudes de los españoles en el entorno digital. Seis de cada diez ciudadanos consideran «muy probable» ser víctimas de un fraude digital con pérdida económica, según la segunda edición del Estudio de opinión sobre ciberseguridad elaborado por la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) junto con la consultora Sigma Dos. La cifra supone un incremento de diez puntos porcentuales respecto a los datos de 2023 y sitúa la percepción del riesgo en sus niveles más altos desde que comenzó a medirse. El estudio, basado en 4.000 entrevistas, revela además que esa percepción es más elevada entre las mujeres y se intensifica con la edad.
El dato contrasta con el comportamiento real de los usuarios. Casi la mitad de los encuestados —el 48,5%— reconoce haber realizado alguna gestión digital de forma poco responsable o siendo consciente de su peligro potencial. Entre las conductas de riesgo más frecuentes, no cambiar las contraseñas encabeza la lista con un 52,5% de los casos, seguida de darse de alta en webs sin verificar su seguridad (44,8%) y utilizar dispositivos sin comprobar si están actualizados (34,3%). Solo un 4,2% de la población declara no haber incurrido nunca en ninguna conducta de riesgo. La brecha entre el miedo declarado y la precaución real define el problema central que el informe pone sobre la mesa.
El miedo que no se traduce en protección
Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB, subrayó en la presentación del estudio que «la cooperación entre autoridades, empresas e instituciones es esencial» y que «nadie puede hacer frente a este desafío en solitario». Antonio Romero, director general de CECA, señaló por su parte que «la digitalización es una transformación beneficiosa para la economía, pero comporta una serie de retos» que requieren una respuesta coordinada entre el sector financiero y los propios usuarios. El informe identifica en esa tensión —entre la confianza en las instituciones y la desprotección individual— el nudo del problema: el 71,7% de los encuestados valora con un siete o más la protección que ofrece su entidad bancaria, pero solo el 65,9% cree adoptar medidas suficientes para proteger su propia seguridad digital.
La formación es el eslabón más débil. El 62,8% de la población declara tener «poco o ningún conocimiento» sobre ciberseguridad, una proporción que escala hasta el 71,3% entre las mujeres y alcanza el 74,1% en los mayores de 65 años. Félix Barrio, director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), identificó esta brecha de conocimiento como «una de las mayores lacras» del panorama digital español en la presentación del estudio sectorial de marzo de 2026. El desconocimiento se extiende también a los más jóvenes: más de un tercio de los encuestados de entre 18 y 29 años cree erróneamente que su banco puede solicitarles claves o contraseñas a través de un mensaje de texto, un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp.
La banca, en el punto de mira
El vector de ataque más habitual no son los sistemas bancarios en sí, sino los canales de comunicación que rodean a esos sistemas. El 65,4% de la población declara haber recibido mensajes sospechosos —correos electrónicos, mensajes de texto o mensajes de WhatsApp— con contenido extraño, enlaces a páginas fraudulentas o archivos adjuntos dudosos. El 39% ha sido destinatario de llamadas telefónicas de supuestas entidades bancarias, compañías conocidas u organismos públicos. Una cuarta parte de los encuestados ha recibido contactos fraudulentos a través de redes sociales. El ciberfraude más habitual es el cargo no autorizado en tarjeta de crédito, que afecta al 52,5% de quienes han sufrido una estafa, seguido de las pérdidas por compras en línea fraudulentas (36,4%).
Las cuantías económicas de las estafas consumadas revelan que la mayoría de los fraudes se sitúan en tramos bajos: el 39,6% de las pérdidas son inferiores a 100 euros y el 32,4% se ubica entre 100 y 500 euros. Sin embargo, el 13,6% de los casos supera los 1.000 euros, una cifra que, multiplicada por el volumen total de incidentes, representa un impacto económico agregado significativo. El informe anual del Incibe registró 122.223 ataques gestionados en 2025, un 26% más que en el ejercicio anterior, con el sector bancario como objetivo prioritario: el 34% de todos los ataques tuvo como diana a entidades financieras, la proporción más alta de cualquier sector de la economía española.
Un mercado de 3.000 millones que crece con la amenaza
La escalada de los ciberataques ha impulsado un crecimiento paralelo del sector de la ciberseguridad en España. Según el Observatorio Sectorial DBK, el mercado facturó 2.500 millones de euros en 2024 y creció un 14% en 2025. Si se mantiene el ritmo actual, se prevé que supere los 3.000 millones de euros antes de que concluya 2026. El dato sitúa a la ciberseguridad como la segunda prioridad tecnológica de las empresas españolas, solo por detrás de la inteligencia artificial. El sector emplea a más de 164.000 profesionales, pero arrastra una brecha estructural: solo el 20% del empleo corresponde a mujeres, una proporción que el propio Incibe ha calificado como insostenible si el sector quiere cubrir la demanda proyectada.
La amenaza y el negocio crecen en paralelo, pero la distancia entre ambos no se cierra a la misma velocidad. España sigue pendiente de la publicación de la ley de transposición de la directiva europea NIS2, que regula las obligaciones de ciberseguridad para entidades esenciales e importantes, y carece aún de un Centro Nacional de Ciberseguridad operativo que coordine de forma unificada a los organismos responsables. Mientras ese marco institucional se consolida, la primera línea de defensa sigue siendo el comportamiento individual de los usuarios: el mismo eslabón que el informe de la AEB y CECA acaba de señalar como el más vulnerable de toda la cadena.
