La regularización extraordinaria de inmigrantes ha superado el millón de solicitudes y cambiará la vida de cientos de miles de personas que llevaban años trabajando en España sin existencia legal. Detrás de las cifras hay historias de precariedad, resiliencia y espera: un joven peruano que cuenta monedas, una paraguaya que fue de las primeras en recibir sus papeles, una brasileña que lleva dos años mirando el estado de su tramitación y un agricultor castellanoleonés que defiende la medida por necesidad.
Aarón Noriega llegó a España desde Perú el 18 de abril de 2025 con su hermano menor de edad y, según cuenta, no ha habido desde entonces «ni un solo día» en que no haya recontado monedas de diez céntimos para poder comprar algo que llevarse al estómago. A punto de cumplir los 20 años, no ha logrado un solo trabajo estable, ni siquiera en negro. Desde que su solicitud de regularización fue admitida a trámite y recibió la carta que lo acredita, no ha parado de hacer entrevistas: comercial en una inmobiliaria, reponedor en un supermercado, captador de socios en una organización no gubernamental. Ninguna ha prosperado todavía. «Mi solicitud tiene estado trámite, sigo esperando», escribió en un mensaje de teléfono acompañado del emoji de una cara triste. Su historia condensa la de miles de personas que llevan meses en el umbral del reconocimiento legal sin haber cruzado aún al otro lado.
El proceso extraordinario de regularización, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez e iniciado el 15 de abril, ha desbordado todas las previsiones. A mediados de junio se habían presentado 900.000 solicitudes y admitido a trámite 360.000 expedientes. La cifra final de peticiones se aproximará a 1,3 millones, según los datos que arroja la plataforma Mercurio, muy por encima del medio millón previsto inicialmente. El proceso ha abierto una ventana de legalidad a personas que vivían y trabajaban en España desde antes del 1 de enero de 2026 con al menos cinco meses consecutivos de permanencia en el país, pero sin los papeles que les reconocieran esa realidad ante el Estado.
Sin papeles, sin futuro
Taís Nascimento llegó a España desde Brasil movida por las ganas de conocer mundo, dejando atrás veinte años de carrera profesional en recursos humanos. Agotó su visado de turista y desde entonces lleva dos años viviendo de manera clandestina. Cada mañana, desde el 24 de abril, lo primero que hace es consultar el estado de su tramitación en la plataforma del proceso. «He participado en procesos de selección, que he ido superando, pero a la hora de la contratación todo se viene abajo», lamenta. Espera que la regularización sea el volantazo hacia la estabilidad que su situación no le ha permitido alcanzar. Su historia ilustra la paradoja estructural del trabajo irregular en España: personas con formación y experiencia que no pueden acceder al mercado laboral formal por la ausencia de un documento que acredite lo que ya son, trabajadores integrados en la economía real.
Fer Insfran llegó a Madrid huyendo de la LGTBIfobia que sufría en Ciudad del Este, en Paraguay. El 5 de marzo de 2024 comenzó una nueva vida con más libertad, pero también con «mayor incertidumbre». Durante meses cuidó niños y personas mayores, puso copas en bares y limpió casas, sin contrato. «Es muy duro pensar en un futuro inmediato si no tienes contrato», cuenta. Insfran había iniciado una solicitud de asilo por razones de orientación sexual, pero las posibilidades de obtenerlo desde Paraguay son reducidas dadas las dificultades para acreditar persecución activa en ese país. El mismo día que se abrió el proceso extraordinario tenía toda la documentación lista. Fue una de las primeras personas en recibir la resolución favorable y ya ha recibido la tarjeta de identidad de extranjero (TIE), el documento físico que acredita su permanencia legal en España. Ahora planea estudiar una formación profesional en riesgos laborales y sueña, «por qué no», con tener una vivienda propia.
La primera en tener la tarjeta
La TIE es el broche del proceso de regularización: el documento que convierte la admisión a trámite en un derecho reconocido y que permite a su titular circular libremente, volver a su país de origen a ver a su familia y acceder al mercado laboral en condiciones de plena legalidad. Obtenerlo requiere cita presencial en una comisaría de la Policía Nacional, y ese trámite final está generando uno de los cuellos de botella más graves del proceso. En Madrid y Barcelona, conseguir día y hora resulta prácticamente imposible por la saturación de las oficinas. En canales de mensajería instantánea, redes de intermediarios cobran hasta 200 euros por facilitar una cita. El Gobierno ha activado un plan de choque en Cataluña para reforzar las oficinas de extranjería ante una demanda que ha desbordado las previsiones.
Para muchas personas, la TIE tiene un valor añadido que va más allá del acceso al trabajo. Nascimento e Insfran coinciden en señalarlo: llevan más de dos años sin poder salir de España porque hacerlo equivaldría a perder la posibilidad de regularizarse. La libre circulación, uno de los derechos básicos que el proceso les reconoce, les ha sido negada de facto durante todo ese tiempo. La cubana Mónica Olivera, periodista y traductora de 71 años que lleva meses limpiando y cuidando personas mayores mientras espera resolución, lo resume con una frase que ha circulado entre los participantes en el proceso: «Nadie puede decir no a la regularización, es la tabla de salvación de todos nosotros».
El campo también necesita regularización
No todos los defensores del proceso provienen del ámbito de las organizaciones de apoyo a los inmigrantes. José Antonio Turrado, secretario general del sindicato agrario Asaja en Castilla y León, reivindica la regularización desde una perspectiva estrictamente económica: el campo español no puede funcionar sin mano de obra inmigrante y la situación de irregularidad de esos trabajadores perjudica a los propios empleadores. «La mano de obra nacional es absolutamente imposible de encontrar», afirma Turrado, que recuerda haber apoyado con los mismos argumentos la regularización impulsada por el Gobierno de José María Aznar en 2000 y 2001. «Quien tiene derecho a estar tiene que tener derecho a trabajar», sostiene el dirigente agrario, que pide que la cuestión se analice «por encima de las ideologías» y critica la postura de Vox, cuyas exigencias de «prioridad nacional» el PP ha incorporado en los acuerdos de gobierno en comunidades como Castilla y León.
La regularización ha funcionado también como mecanismo de visibilización de una realidad que las estadísticas de llegadas irregulares habían mantenido en la penumbra. El 65% de los solicitantes procede de América Latina, y la mayoría llegó a España por aeropuerto con visado temporal, no por las costas. Colombia, Venezuela, Perú, Honduras y Paraguay suman el 56% de las peticiones. Aarón Noriega, Fer Insfran, Taís Nascimento y Mónica Olivera son cuatro de esas historias. Ninguna corresponde al perfil que alimenta el debate político sobre inmigración irregular. Todas corresponden, en cambio, a personas que llevan meses o años construyendo su vida en España sin que el Estado las reconociera. La regularización no resuelve ese problema de fondo, pero es el primer paso para que dejen de ser invisibles.
