Un informe de la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho documenta la proliferación de redes organizadas que explotan las trabas ilegales que muchos ayuntamientos imponen a los migrantes para inscribirse en el registro municipal. La exclusión padronal impide el acceso a sanidad, vivienda y regularización, y ha dejado sin atención médica a casi 29.000 personas en tres años.
Un trámite gratuito, reconocido por ley y accesible en teoría a cualquier persona residente en España, se ha convertido en el centro de un lucrativo mercado negro. Más de veinte organizaciones no gubernamentales agrupadas en la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho —entre ellas Oxfam Intermón, Red Acoge, la Coordinadora de Barrios y el Sindicato de Manteros— han publicado un informe de 97 páginas en el que documentan cómo la imposición de requisitos ilegales por parte de algunos ayuntamientos para tramitar el empadronamiento ha generado una demanda que redes organizadas explotan de forma sistemática. El precio de ese documento, que debería costar cero euros, puede llegar a los 500 en el mercado negro.
El padrón municipal es el registro administrativo en el que constan los vecinos de un municipio. La legislación española obliga a cualquier persona residente —con independencia de su nacionalidad o situación administrativa— a empadronarse, y a los ayuntamientos a facilitar esa inscripción. En la práctica, sin embargo, numerosos consistorios exigen documentación adicional no contemplada en la normativa, imponen citas de difícil acceso o simplemente dilatan los plazos hasta hacer el trámite inviable para personas sin un contrato de alquiler formal o sin domicilio fijo. Según el informe, esa brecha entre el derecho reconocido y su ejercicio real es el caldo de cultivo en el que prosperan las mafias del padrón.
El negocio que nace de las trabas
Las redes detectadas por las ONG operan con métodos que van desde el boca a boca hasta la publicación de anuncios en portales de compraventa de segunda mano en internet, donde disfrazan sus ofertas como alquileres de habitaciones «con derecho a padrón». En algunos casos, los captadores establecen cuotas de renovación periódica con amenaza de dar de baja al inscrito si deja de pagar, lo que las organizaciones califican directamente de extorsión. Los precios oscilan según la ciudad y los servicios incluidos, pero el informe sitúa los cobros detectados en hasta 500 euros por inscripción, cifra que puede dispararse cuando la operación incluye documentación adicional falsificada.
El fenómeno no es nuevo, pero se ha agravado en los últimos años. En enero de 2026, una investigación periodística documentó anuncios en plataformas como Facebook o Milanuncios en los que particulares y redes ofertaban empadronamientos en distintas ciudades españolas, con precios que llegaban a los 700 euros en Barcelona. Solo durante 2025, la Policía Nacional y la Guardia Civil desarticularon cerca de una veintena de organizaciones dedicadas a la comercialización de empadronamientos fraudulentos en España. Un portavoz del Sindicato de Policía Nacional (JUPOL) calificó el delito de «en auge», y señaló como factor agravante la reciente modificación del Reglamento de Extranjería, que redujo de tres a dos años el tiempo de residencia necesario para solicitar el arraigo, aumentando así el valor de cada mes de empadronamiento acreditado.
Las consecuencias de carecer de padrón
El informe de la Coordinadora detalla en qué medida la exclusión padronal impacta en las condiciones de vida de las personas migrantes y de otros colectivos vulnerables, como las personas sin hogar. La consecuencia más grave es la sanitaria: Médicos del Mundo atendió en los últimos tres años a 28.700 personas que encontraron obstáculos para acceder a atención médica o tratamientos esenciales debido a problemas vinculados al empadronamiento, entre ellas 885 menores y 363 mujeres embarazadas. Algunos municipios exigen tres meses de residencia acreditada para expedir la tarjeta sanitaria, un requisito que convierte la falta de padrón en una barrera directa para la salud pública.
Las consecuencias se extienden a otros ámbitos. Sin padrón, el acceso al mercado formal del alquiler se vuelve prácticamente imposible, lo que empuja a las personas a ocupaciones irregulares o a pisos sobreocupados. En Murcia, la ONG Murcia Acoge detectó inmuebles con decenas de personas inscritas, resultado directo de la demanda generada por las trabas administrativas. La falta de empadronamiento también dificulta acreditar el arraigo necesario para la regularización, obstaculiza el acceso a ayudas sociales, complica la escolarización de los hijos y, en un círculo particularmente perverso, disuade a las víctimas de delitos de acudir a la policía por temor a que su situación irregular quede expuesta. Las ONG advierten además de que este fenómeno tiene consecuencias institucionales: un municipio que no empadrona a parte de sus vecinos recibe del Estado menos financiación de la que le correspondería por su población real.
Las propuestas de las ONG
La Coordinadora no se limita a denunciar el problema, sino que presenta en su informe un conjunto de medidas concretas dirigidas a las administraciones. Entre ellas figura la creación de unidades municipales especializadas y formadas en materia de empadronamiento, la eliminación de todos los requisitos no previstos en la legislación vigente y el diseño de protocolos específicos para personas sin domicilio fijo o en asentamientos informales. Las organizaciones también reclaman la creación de un observatorio nacional que supervise las prácticas municipales y detecte de forma sistemática los incumplimientos de la normativa, así como mecanismos de reclamación «accesibles, ágiles y comprensibles» para las personas afectadas.
El informe concluye con una advertencia de alcance político: negar el padrón no reduce los flujos migratorios ni resuelve ningún problema estructural, sino que empuja a las personas a la clandestinidad, dificulta su integración y alimenta economías informales que, paradójicamente, se nutren de la misma pasividad administrativa que las hace posibles. «Combatir la mercantilización del padrón requiere voluntad política, coordinación interadministrativa y empatía social», sostiene el documento. Para las organizaciones firmantes, lo que está en juego no es solo un trámite burocrático, sino lo que denominan «el derecho a tener derechos».
