Noruega ha decidido entrar de lleno en uno de los grandes debates de nuestro tiempo: la relación entre infancia y pantallas. El Gobierno del primer ministro Jonas Gahr Støre anunció este viernes un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, con la intención de que la medida entre en vigor en 2027.
La propuesta no se limita a una simple recomendación parental. El Ejecutivo laborista quiere trasladar la responsabilidad directamente a las grandes empresas tecnológicas, que deberán verificar de forma real la edad de los usuarios y garantizar el cumplimiento de la norma desde el primer día.
“Queremos una infancia en la que los niños sean niños”, afirmó Støre. “Los juegos, la vida cotidiana y la amistad no deben estar controlados por algoritmos y pantallas”, añadió, en una declaración que resume una creciente preocupación europea sobre el impacto psicológico, social y educativo del uso intensivo de redes sociales entre adolescentes.
El modelo noruego establece que la prohibición se levantará automáticamente el 1 de enero del año en que cada joven cumpla 16 años. Hasta entonces, plataformas como Instagram, TikTok o Snapchat no podrán permitir legalmente su acceso.
El debate no es nuevo, pero sí cada vez más urgente. Diversos estudios europeos han alertado sobre el aumento de la ansiedad, la dependencia digital, el ciberacoso y la pérdida de atención entre menores expuestos de forma temprana a las redes sociales.
Noruega no está sola. España, Francia, Italia, Grecia, Dinamarca y Eslovenia han abierto en los últimos meses debates similares, siguiendo el precedente de Australia, que en 2024 aprobó una legislación pionera para limitar el acceso infantil a estas plataformas.
La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿puede una ley proteger mejor a los menores que una educación digital bien construida? Para Oslo, ambas cosas deben ir juntas, pero la responsabilidad principal ya no puede recaer únicamente en las familias.
La medida también reabre otro conflicto: el poder de las grandes tecnológicas frente a los Estados. Porque limitar el acceso infantil a las redes no solo significa proteger la salud mental de los jóvenes, sino también poner límites al modelo económico que convierte su atención en negocio.
En el fondo, Noruega no está discutiendo solo sobre redes sociales. Está planteando qué tipo de infancia quiere preservar antes de que los algoritmos la definan por completo.
