Los expedientes han sido iniciados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, con peticiones procedentes principalmente de Argentina, México y Cuba. El colapso administrativo obliga al Gobierno a replantear los plazos y reforzar las oficinas consulares, mientras algunas solicitudes podrían tardar décadas en resolverse.
Más de un millón de descendientes de exiliados o emigrantes españoles han solicitado la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática aprobada en la red consular del Ministerio de Asuntos Exteriores. La cifra, que supera ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno, ha provocado un colapso burocrático sin precedentes en las oficinas consulares españolas en el exterior. Del millón de expedientes iniciados, aproximadamente la mitad han sido ya resueltos con la concesión de la nacionalidad, aunque muchos permanecen pendientes de que se formalice la inscripción en el registro. Las denegaciones no llegan al 2% del total, según datos oficiales proporcionados por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
El organismo que preside la propuesta establece que los más de 7.000 registros civiles que tramitan estos expedientes deben enfrentarse a una avalancha de trabajo generada por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática que acarrea retrasos en la prestación de otros servicios consulares, como la inscripción de los hijos de españoles nacidos en el exterior. Más allá de atender a esta emergencia administrativa, el presidente del CGCEE advierte de que hace falta un despliegue de la red consular, ya que los nuevos españoles, una vez obtengan la ciudadanía, reclamarán otras prestaciones de los consulados, como la expedición de pasaportes, partidas de nacimiento, matrimonio o defunción y otros trámites que requerirán ampliar la plantilla consular.
El 40% de las solicitudes registradas en Argentina
Más del 40% de las solicitudes presentadas, en torno a unas 645.000, corresponden a argentinos descendientes de españoles a quienes aún no han podido presentar su documentación completa, por lo que se ha iniciado formalmente el proceso. Le siguen en importancia el consulado de Buenos Aires, que acumula una cifra similar, y el de Córdoba, que suma alrededor de 125.000 peticiones. Los siguientes consulados con más solicitudes son los de La Habana en Cuba, con 500.000 expedientes; Ciudad de México, con 165.000; Sao Paulo en Brasil, con 130.000; y Miami en Estados Unidos, con 120.000. Asuntos Exteriores no ha respondido a la petición que ha hecho EL PAÍS sobre el número exacto de solicitudes tramitadas en cada demarcación consular.
José María Ridao, cónsul de España en Buenos Aires, considera que el proceso administrativo es positivo porque permitirá tramitar solicitudes hasta 2030. «Vamos a tramitar 645.000 solicitudes de nacionalidad por la ley de nietos», afirmó el diplomático en declaraciones recientes a La Voz de Galicia, añadiendo que espera recibir peticiones hasta el año 2030 y que no se rechazará ninguna legal. Ridao explicó que el único motivo de denegación es que se compruebe que el antepasado no era español, una situación que no afecta a más del 5% de las solicitudes presentadas hasta el momento. El cónsul destacó que se trata de un procedimiento simplificado que resuelve con mayor agilidad los trámites gracias a la digitalización de documentos y al volcado de datos electrónicos.
Colapso administrativo y retrasos estructurales
Alonso Lamenta, presidente del CGCEE, advierte que la ingente cantidad de trabajo generada por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática acarrea retrasos en la prestación de otros servicios consulares fundamentales, como la inscripción de los hijos de españoles nacidos en el exterior. «Hace falta un despliegue de la red consular», subrayó, ya que los nuevos españoles, una vez obtengan la ciudadanía, reclamarán otras prestaciones de los consulados, como la expedición de pasaportes, partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, ampliar la plantilla consular, y otros muchos trámites que también requieren más espacio físico. Se calcula que de los españoles residentes en el exterior juzga a de menos a millones a causa del éxodo. Algunas demarcaciones consulares requieren ampliaciones urgentes y requerirán, en opinión de Alonso, no solo más personal sino infraestructuras más amplias.
La presidenta del CGCEE reconoce que el Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo un esfuerzo nacional de refuerzo para atender esta demanda sobrevenida, aunque insiste en que no es suficiente y tampoco puede ser la solución definitiva. A su juicio, el trabajo de los consulados podría también descongestionarse si determinaran algunos trámites innecesarios, como exigir que los hijos de españoles deben hacer un trámite para alcanzar la nacionalidad. Algunas de estas propuestas las tiene Alonso en reunión que tiene previsto mantener en los próximos días con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de los problemas recientes con la implantación del NIE.
Expectativa de nuevas oleadas hasta 2030
Fuentes diplomáticas aseguran que, aunque el plan de la red consular está dotado con 1 millón de euros y de la implantación del Número de Identidad Consular ha creado el puesto de cónsul adjunto en Habana Libre, La Habana o México, la Estrategia de Acción Exterior, aprobada en abril, reconoce que, a pesar del sentimiento de la ciudadanía española sobre la situación, algunos miembros de nuestra oficinas consulares apenas hablan español con los últimos veinte años. El Gobierno ha anunciado que lanzará una oferta pública de compra de vivienda por valor de 100 millones de euros para ampliar el parque público consular y reforzar la capacidad de atención en aquellos países con mayor volumen de solicitudes.
Violeta Alonso Peláez, en declaraciones a diversos medios, considera que el proceso es positivo porque permitirá tramitar solicitudes hasta 2030 sin necesidad de rechazar ninguna legal. «El Gobierno está obligado a la Resolución y la interpretación de la ley, de forma que estas medidas para agilizar los trámites y que estos procesos se demoren años», afirmó. La previsión oficial es que la mayor parte de las solicitudes pendientes queden resueltas en un plazo de entre 5 y 10 años, aunque algunas fuentes consulares reconocen extraoficialmente que determinados expedientes podrían tardar décadas en completarse si no se adoptan medidas adicionales para reforzar las plantillas y modernizar los sistemas de gestión documental en las oficinas consulares españolas en el exterior.
