La comisión judicial ejecutó el lanzamiento de la vivienda del barrio madrileño de Retiro en la que Maricarmen Abascal vivía desde 1956. Ni la oferta de una donante dispuesta a completar los 2.650 euros mensuales reclamados por la propiedad, ni la intervención del Ministerio de Vivienda, ni la petición de suspensión cautelar respaldada por Naciones Unidas evitaron un desahucio que terminó con la mujer evacuada en camilla.
Maricarmen Abascal salió este miércoles en camilla de la casa en la que había vivido durante 71 de sus 87 años. La comisión judicial culminó en el cuarto intento el desahucio después de una mañana de tensión en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid, donde cientos de personas habían tratado de impedir el lanzamiento. La Policía Nacional había acordonado la zona desde primera hora y retiró a los manifestantes que bloqueaban el acceso al edificio. Finalmente, los servicios sanitarios evacuaron a Maricarmen, que tiene reconocida una discapacidad del 50% y problemas de movilidad.
El desenlace llegó después de siete años de procedimientos judiciales y de un importante deterioro de su estado físico. Hasta principios del verano podía desplazarse por sí misma. En las últimas semanas necesitaba una silla de ruedas y había perdido masa muscular y fuerza. «Yo ahora no soy yo. No puedo caminar», explicaba el día anterior. Maricarmen tampoco sabía dónde dormiría después del lanzamiento. Su vida estaba vinculada a aquel piso desde 1956. Allí creció y allí murieron sus padres.
De 500 a 2.650 euros mensuales
La historia del desahucio comenzó mucho antes. El padre de Maricarmen firmó en 1956 el contrato de renta antigua. Tras su fallecimiento se subrogó su esposa y, cuando esta murió en 2005, Maricarmen pasó a ocupar su lugar. La legislación limita las sucesivas subrogaciones y la propiedad utilizó esa circunstancia para solicitar la extinción del contrato.
El edificio había sido vendido por sus antiguos propietarios a Renta Corporación Real Estate. En 2020 se ofreció a Maricarmen la posibilidad de comprar el piso por 247.000 euros, cantidad que no podía asumir, y el inmueble acabó posteriormente en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión. La nueva propiedad pasó a reclamarle 2.650 euros mensuales frente a los aproximadamente 500 que venía abonando. La alternativa negociadora planteada por la empresa rebajaba la renta a 1.650 euros, todavía por encima de los alrededor de 1.350 euros que Maricarmen percibe como pensión.
Maricarmen continuó pagando los aproximadamente 500 euros de su antigua renta mientras peleaba judicialmente por permanecer en el piso. La víspera del lanzamiento apareció una última posibilidad. Una escritora que pidió permanecer en el anonimato se ofreció a pagar la diferencia hasta los 2.650 euros, hacerse cargo de la deuda y mantener su aportación durante el tiempo necesario. La propuesta tampoco detuvo el desahucio.
Las alternativas no frenaron el lanzamiento
El Ministerio de Vivienda aseguró que había intentado adquirir el piso mediante una oferta pública de CASA 47, rechazada por Urbagestión, y respaldó la petición de suspensión cautelar planteada ante Naciones Unidas. El Ayuntamiento de Madrid sostuvo, por su parte, que había ofrecido asistencia para encontrar otra vivienda, alojamiento de emergencia o una residencia. Maricarmen negaba haber recibido directamente algunas de esas propuestas y el Sindicato de Inquilinas aseguró que una de las alternativas era una residencia en Alcalá de Henares por 1.200 euros mensuales.
Todavía durante la mañana del miércoles, la defensa intentó negociar una salida. La abogada Beatriz Duro asegura que solicitó suspender el lanzamiento por razones humanitarias, esperar a que el juzgado resolviera un nuevo escrito, aceptar el pago ofrecido por la donante o conceder unos días para encontrar una alternativa habitacional. También solicitó unas horas para que Maricarmen pudiera recoger sus pertenencias. De acuerdo con la versión de la letrada, Urbagestión rechazó todas esas posibilidades y planteó que la mujer facilitara una dirección a la que enviar posteriormente sus muebles.
La Policía Nacional había comenzado a desplegarse en la zona pasadas las seis de la mañana. Las imágenes difundidas durante el operativo muestran a agentes retirando por la fuerza y golpeando a algunos manifestantes. El Sindicato de Inquilinas denunció además el empleo de gas pimienta en el interior del edificio, extremo que no consta confirmado oficialmente. La Delegación del Gobierno sostuvo que los agentes actuaban para cumplir el mandato de la comisión judicial y se declaró contraria al propio desahucio.
Un desahucio que llegó al Congreso
La escena llegó prácticamente en directo a la sesión de control del Congreso. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que el Ejecutivo había acompañado la petición para suspender cautelarmente el lanzamiento y calificó lo ocurrido como consecuencia de la «especulación salvaje». El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, consideró el desahucio «profundamente injusto e inaceptable», aunque recordó que la resolución judicial determinaba la intervención policial.
Las explicaciones no evitaron el enfrentamiento dentro del bloque parlamentario que sostiene al Gobierno. Sumar reprochó al PSOE no haber impulsado medidas más contundentes contra los desahucios y recordó su propuesta para impedir que empresas adquirieran viviendas con fines especulativos, cuya tramitación no prosperó en el Congreso. Podemos y ERC también responsabilizaron al Ejecutivo de no haber desarrollado mecanismos suficientes para impedir situaciones como la de Maricarmen.
Cuando el dispositivo alcanzó finalmente la sexta planta, los agentes desalojaron a quienes permanecían acompañando a Maricarmen. Después accedieron los sanitarios. La mujer que el día anterior todavía esperaba saber si podría permanecer en la vivienda en la que había pasado prácticamente toda su vida abandonó el edificio en una camilla.
