El Gobierno asegura que 54 menores llegados durante la entrada masiva ya han podido reunirse con familiares en la Península y tramita más de 300 expedientes. La protección de quienes siguen en Ceuta enfrenta al Ejecutivo central con Juan Jesús Vivas y abre otro conflicto con Andalucía, pese a que ambas administraciones mantienen desde 2024 un convenio específico para situaciones de emergencia migratoria.
La situación de los menores que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva de finales de julio se ha convertido en uno de los principales focos de la crisis. El Gobierno asegura que 54 niños y adolescentes han sido ya reagrupados con familiares residentes en la Península y que existen más de 300 expedientes en tramitación. El objetivo prioritario, según el Ejecutivo, es comprobar si pueden reunirse con familiares antes de recurrir a otras alternativas de acogida.
La reagrupación exige identificar al menor, acreditar el vínculo familiar y comprobar que la persona que va a hacerse cargo de él reúne las condiciones necesarias. Mientras se desarrollan esos procedimientos, el Gobierno central y la Ciudad Autónoma mantienen un enfrentamiento creciente sobre quién debe garantizar la atención inmediata de quienes continúan en Ceuta. La tutela de los menores no acompañados corresponde a la administración ceutí, mientras el Estado interviene en los procedimientos migratorios y en las posibles derivaciones hacia otras comunidades.
Reagrupar primero, trasladar después
El Gobierno ha defendido desde el inicio de la crisis que la prioridad debe ser localizar a las familias. Para aquellos menores cuya reagrupación resulte imposible, el Ejecutivo plantea recurrir a su traslado a recursos de protección situados en la Península. El problema es especialmente urgente para quienes permanecen fuera del sistema ordinario de acogida o en instalaciones provisionales.
Moncloa sostiene que ha proporcionado financiación extraordinaria y que existen espacios susceptibles de ser habilitados en la ciudad. El Ejecutivo recuerda además que Ceuta, como administración autonómica, ejerce la tutela legal de los menores no acompañados presentes en su territorio. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, viene advirtiendo, por su parte, de que la magnitud de la entrada desbordó por completo la capacidad ordinaria de la ciudad y reclama una respuesta estatal y territorial acorde con una emergencia excepcional.
La tensión se ha extendido también a la gestión de los adultos. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la crisis, acusó este miércoles al Gobierno ceutí de poner «palos en la rueda» al dispositivo organizado para trasladar migrantes hasta el puerto. La acusación llegó durante la sesión de control del Congreso, después de que el PP responsabilizara al Ejecutivo de pretender convertir Ceuta en un «gran campamento».
Un convenio con Andalucía que sigue sin activarse
La controversia sobre los menores tiene además una derivada difícil de obviar. Andalucía y Ceuta firmaron en enero de 2024 un convenio específico para responder precisamente a situaciones de contingencia migratoria. El acuerdo establece un marco de cooperación para facilitar la derivación e integración de menores no acompañados cuando los recursos ceutíes se encuentren sometidos a una presión extraordinaria. Su vigencia se extiende hasta 2028.
El PSOE andaluz ha solicitado al Defensor del Pueblo autonómico que investigue el grado de cumplimiento del convenio y acusa al Gobierno de Juan Manuel Moreno de negarse a utilizar un mecanismo firmado por su propia administración. María Jesús Montero sostiene que Andalucía dispone de capacidad adicional y reprocha al PP que rechace recibir menores procedentes de Ceuta. La Junta ofrece una versión opuesta y asegura que su sistema de protección se encuentra por encima de su capacidad como consecuencia de las derivaciones acordadas por el Gobierno central.
Pero el bloqueo no puede atribuirse únicamente a Andalucía. El propio acuerdo requiere la actuación de las administraciones implicadas y Vivas tampoco ha solicitado hasta ahora su activación para trasladar menores. El PSOE interpreta esa decisión como parte del endurecimiento político del presidente ceutí desde el inicio de la crisis. El Gobierno de la ciudad sostiene, en cambio, que la respuesta corresponde a un dispositivo estatal capaz de afrontar la excepcionalidad provocada por la entrada masiva.
Una crisis humanitaria en medio del enfrentamiento político
El debate sobre los menores se produce mientras PP y Vox han situado Ceuta entre los principales asuntos de confrontación con el Gobierno. Ambos partidos rechazan la gestión realizada por Moncloa y determinadas derivaciones hacia la Península, aunque mantienen diferencias sobre las medidas diplomáticas que debería adoptar España frente a Marruecos. El sábado volverán a coincidir en una manifestación en Madrid convocada para protestar por la crisis y exigir elecciones generales.
El Gobierno y el PSOE sostienen que la protección de los menores debe quedar fuera de esa disputa. Montero acusa al PP de utilizar políticamente la crisis y recuerda que el convenio firmado por Andalucía y Ceuta fue concebido precisamente para proteger a niños y adolescentes cuando la capacidad de la ciudad resultara insuficiente. Frente a esa acusación, la Junta atribuye el deterioro de su sistema de acogida a las decisiones del Ejecutivo central.
A las dificultades de acogida se añade el atasco en las identificaciones. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) calcula que alrededor de 90 agentes realizan actualmente unas cien filiaciones diarias en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros y reclama elevar la plantilla hasta unos 180 funcionarios para acelerar los procedimientos. Son estimaciones sindicales: el SUP considera que deberían alcanzarse hasta 500 filiaciones diarias para reducir el retraso acumulado desde julio.
Mientras las administraciones discuten competencias, financiación y traslados, continúan los procedimientos de identificación y reagrupación familiar. Los 54 menores que ya han podido reunirse con familiares constituyen solo una parte de los expedientes abiertos. Para los demás, las alternativas dependen de determinar su edad y situación familiar y, cuando la reagrupación no sea posible, de encontrar recursos de protección adecuados dentro o fuera de Ceuta.
