Un informe del Real Instituto Elcano basado en microdatos del Instituto Nacional de Estadística revela que el 56,7% de los descendientes de inmigrantes trabaja en sectores de servicios de baja cualificación, un porcentaje superior al de sus propios padres. El retraso académico equivalente a año y medio, el abandono escolar prematuro que triplica al de los alumnos autóctonos y el riesgo de pobreza cuatro veces mayor que el de los nativos configuran un bloqueo estructural del ascensor social.
La segunda generación de inmigrantes en España no logra escapar de los empleos más precarios que ocuparon sus padres. Así lo documenta un informe del Real Instituto Elcano elaborado con microdatos del Instituto Nacional de Estadística (INE), presentado esta semana en Barcelona por el colectivo Economistes pel Benestar, vinculado al Col·legi d’Economistes de Catalunya, en el marco de un monográfico sobre inmigración. Los datos, referidos a personas originarias de países con una renta inferior a la española, muestran que el 56,7% de los hijos de inmigrantes trabaja en empleos del sector servicios de baja cualificación —hostelería, cuidados personales, venta al por menor y trabajos elementales—, un porcentaje incluso superior al 52% registrado entre sus progenitores.
El dato más revelador de la brecha intergeneracional es el de la hostelería: el 29,3% de los hijos de inmigrantes trabaja en ese sector, frente al 16,3% de sus padres. Lejos de producirse el salto cualitativo que cabría esperar de una generación nacida o criada en España, la concentración en actividades de baja productividad se acentúa en el relevo. Josep Reyner, presidente de la comisión de economía catalana del Col·legi d’Economistes y miembro del colectivo que presentó el informe, sintetizó el problema: «En la educación hay elementos preocupantes que indican que no estamos consiguiendo que la situación vaya a mejor para próximas generaciones».
La trampa educativa
El bloqueo del ascensor social arranca en el sistema educativo. El informe cuantifica el retraso académico de los alumnos de origen inmigrante en el equivalente a año y medio respecto a sus compañeros autóctonos, una brecha que se proyecta sobre el acceso a la formación superior. La tasa de abandono escolar prematuro entre los alumnos con nacionalidad de fuera de la Unión Europea (UE) alcanza el 32,5%, tres veces la registrada entre los estudiantes de nacionalidad española, que se sitúa en el 10,1%. Los autores del informe señalan además que «existe un importante gap» entre autóctonos e hijos de dos progenitores inmigrantes en el acceso a la universidad, una brecha que los últimos datos del informe PISA —el programa internacional de evaluación de la calidad educativa— confirman.
El déficit educativo no es solo individual sino sistémico. El informe apunta que los flujos migratorios han sido absorbidos de forma masiva por sectores de actividad que no requieren formación elevada, lo que reduce los incentivos estructurales para que las familias inmigrantes inviertan en trayectorias educativas largas. Cuando el mercado laboral más accesible se concentra en la hostelería, los cuidados o la construcción, la continuidad escolar compite con la necesidad de generar ingresos a corto plazo, un dilema que afecta de manera desproporcionada a los hogares con menor capital económico y social.
Un modelo productivo que perpetúa la precariedad
El informe conecta el bloqueo intergeneracional con una característica estructural de la economía española: la preeminencia de sectores de baja productividad y bajos salarios como receptores principales de la mano de obra inmigrante. El documento del Col·legi d’Economistes señala que esta dinámica pone en riesgo «el mantenimiento del Estado de bienestar en Catalunya y la mejora de la cohesión social». El argumento coincide con el del informe Fènix, elaborado por otro grupo de economistas que también critica el modelo de crecimiento catalán basado en actividades de escaso valor añadido, aunque la patronal Foment rebatió esa lectura con un estudio propio la semana anterior a la presentación del monográfico.
La cifra que el informe califica como más preocupante es la del riesgo de pobreza. La tasa Arope —indicador europeo que combina riesgo de pobreza, privación material severa y baja intensidad laboral en el hogar— entre los inmigrantes procedentes de fuera de la UE multiplica por cuatro la de los nativos. Esa distancia no solo mide desigualdad económica presente: anticipa las condiciones en que se formará la siguiente generación, lo que convierte el indicador en una señal de alerta sobre la sostenibilidad de la integración a largo plazo.
El diagnóstico: política migratoria reactiva
El informe concluye que la raíz del problema es la «desconexión existente entre los flujos migratorios y las necesidades reales del modelo productivo», y propone corregirla a través de un cambio en las políticas públicas. El documento critica también «la inadecuación del modelo de financiación» de la comunidad autónoma como factor que limita la capacidad de respuesta institucional. La propuesta central es tratar la inmigración como «una política pública troncal, y no como un fenómeno reactivo», integrándola en una estrategia más amplia de mejora de la productividad, la innovación y el capital humano.
Reyner resume la lógica del informe con una advertencia que combina oportunidad y riesgo: «La inmigración puede ser una gran oportunidad. Sin una política migratoria ordenada y coherente, los riesgos en términos de desigualdad, fragmentación social y debilidad económica pueden superar los beneficios». El diagnóstico tiene alcance nacional, aunque el informe se presente desde Cataluña: los datos del INE en que se basa cubren el conjunto del territorio español. La ausencia de una política migratoria integrada no es una carencia autonómica sino del modelo de gestión estatal, que ha delegado en el mercado la función de asignación de los flujos migratorios con resultados que el informe considera insostenibles a medio plazo.
