El Defensor del Pueblo ha recibido cerca de 400 reclamaciones en lo que va de 2026 por las altas temperaturas en el interior de los colegios españoles, trece veces más que en 2025. La mayor parte proceden de la Comunidad de Madrid. El organismo ha reabierto actuaciones por la falta de climatización en los centros y ha solicitado auditorías energéticas a varias comunidades autónomas. La Asociación Española de Pediatría advierte de que por encima de 30 grados el aula deja de ser un entorno adecuado para el aprendizaje.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, confirmó el miércoles ante el Senado que la institución ha recibido cerca de 400 quejas en lo que va de 2026 por las altas temperaturas registradas en el interior de los colegios españoles, una cifra que multiplica por trece las reclamaciones presentadas en el mismo período de 2025, cuando apenas llegaron a una treintena. La temporada de calor se adelantó este año al mes de abril, lo que amplió el margen de exposición de alumnos y docentes a condiciones térmicas que distintas asociaciones de familias describen como un «infierno». El grueso de las quejas procede de la Comunidad de Madrid, aunque el Defensor no ha precisado la cifra exacta por región.
Gabilondo anunció en el Senado que ante la acumulación de reclamaciones se han reabierto las actuaciones relativas a la falta de acondicionamiento de los centros educativos y que se reuniría con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Giner de los Ríos de Madrid para conocer de primera mano la situación que viven alumnos y docentes. En los últimos días del curso, las alternativas adoptadas por muchos profesores han pasado por sacar a los estudiantes a jardines y patios para terminar las jornadas, ante la imposibilidad de mantener las clases en el interior de las aulas con las temperaturas registradas.
Cuatrocientas quejas y un problema que lleva décadas
El Defensor del Pueblo no llega a este problema sin antecedentes. En 2025, la institución dirigió una recomendación a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía para evitar «dilaciones en la ejecución de las actuaciones necesarias una vez detectadas deficiencias», a raíz de la queja de un instituto de Málaga que carecía de sombras en los patios. La recomendación, emitida el 6 de abril de 2025, exigía que la instalación de estructuras de sombra en los centros educativos no se dilatara más de un año. Entre las propuestas que Gabilondo ha trasladado a varias comunidades autónomas figuran la realización de auditorías energéticas de los centros y la elaboración de planes de acción con calendarios y dotación presupuestaria específica para mitigar las temperaturas extremas en las aulas.
Las asociaciones de familias no han esperado a que las administraciones actúen. La propia FAPA Giner de los Ríos ha distribuido estaciones meteorológicas entre sus asociaciones para que tomen mediciones por su cuenta en los centros, ante la ausencia de datos oficiales actualizados. En varias comunidades, las concentraciones de padres y madres frente a los colegios se han convertido en una constante en las últimas semanas del curso, con pancartas que denuncian temperaturas insoportables en el interior de las aulas y exigen a las administraciones una respuesta estructural que no llegue tarde una vez más.
Lo que dice la pediatría y lo que miden las familias
La Asociación Española de Pediatría ha aportado un umbral claro al debate: a partir de los 26 grados centígrados se deteriora la capacidad de aprendizaje de los menores; por encima de los 30 grados, el aula deja de ser un entorno adecuado para estudiar. La FAPA ha denunciado que se están registrando temperaturas superiores a ese segundo umbral en diferentes colegios de la región de Madrid. Los efectos sobre la salud de los alumnos ya se han hecho visibles en las últimas semanas del curso: se han reportado casos de menores con sangrados de nariz, mareos y dificultades de concentración que han obligado a interrumpir las clases o a trasladar a los afectados fuera de las aulas.
Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, subrayó que en Madrid llevan más de una década reclamando a la Administración regional «un plan de acción» para unos colegios «con infraestructuras que carecen de los cerramientos o persianas» necesarios para mitigar el calor. El Gobierno de la Comunidad de Madrid respondió que ha ejecutado 1.500 actuaciones de climatización con una inversión de 60 millones de euros, sin precisar en qué centros ni en qué plazos. La distancia entre esa cifra y la percepción de las familias ilustra la brecha entre las inversiones declaradas y el impacto real en las condiciones de las aulas.
Planes millonarios en Valencia y Andalucía, una década de espera en Madrid
El contraste entre comunidades autónomas es uno de los elementos más llamativos del debate. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunció el viernes la puesta en marcha de dos planes de climatización de centros educativos con una inversión conjunta de 180 millones de euros. El primero, denominado EduClima y dotado con 140 millones, forma parte del acuerdo alcanzado con los sindicatos educativos para poner fin a la huelga que ha paralizado el sector durante las últimas semanas; de esa cantidad, 32 millones se destinarán a los ayuntamientos. El segundo plan, llamado RECOLE y dotado con 40 millones, se orienta a la renovación de colegios en malas condiciones físicas.
En Andalucía, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional había anunciado semanas antes una inversión de 236 millones para mejorar las condiciones de climatización en los centros de la comunidad. Frente a esas cifras, la respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido reivindicar las actuaciones ya realizadas sin anunciar un plan específico con calendario y dotación presupuestaria para los próximos cursos. El Defensor del Pueblo ha advertido de que continuará dirigiendo comunicaciones a las administraciones hasta que se adopten compromisos concretos que garanticen que ningún alumno ni docente tenga que abandonar el aula a causa del calor.
