La Audiencia Nacional concluye que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar los presuntos delitos de agresión sexual y trata denunciados por dos extrabajadoras del cantante. Los hechos ocurrieron en República Dominicana y Bahamas, y las denunciantes no son españolas ni residen en España. Women’s Link Worldwide califica la decisión de «lamentable» y asegura que las víctimas continuarán su búsqueda de justicia.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación abierta contra el cantante Julio Iglesias tras las denuncias presentadas por dos de sus extrabajadoras por presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual y explotación laboral. El Ministerio Público argumenta la falta de competencia de los tribunales españoles para conocer unos hechos que habrían ocurrido exclusivamente en el extranjero, concretamente en las residencias que el artista posee en República Dominicana y Bahamas. La resolución, dictada apenas diez días después de anunciar la apertura de diligencias preprocesales, no entra al fondo de las acusaciones ni analiza los testimonios de las denunciantes, limitándose a una cuestión procesal y jurisdiccional.
El decreto de archivo se fundamenta en la ausencia de los vínculos territoriales y personales que exige la legislación española para que la justicia del país pueda intervenir en delitos cometidos fuera del territorio nacional. Según explica la Fiscalía, las dos denunciantes son mujeres extranjeras que no residen habitualmente en España y que tampoco viajaron al país con el cantante en ningún momento relevante para el caso. Respecto al artista, el Ministerio Público señala que, a pesar de su nacionalidad española y de poseer propiedades inmobiliarias en territorio nacional, Julio Iglesias «ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad». Esta carencia de vínculos suficientes impide, según el criterio fiscal, que los tribunales españoles asuman la competencia del caso.
La denuncia fue presentada formalmente el 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el respaldo de la organización internacional Women’s Link Worldwide. Los hechos denunciados habrían ocurrido durante el año 2021 en las mansiones del cantante en Punta Cana y Lyford Cay, donde las dos mujeres, identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, trabajaban como empleada del hogar y fisioterapeuta respectivamente. El caso se hizo público el 13 de enero mediante una investigación periodística conjunta de tres años de duración realizada por elDiario.es y Univision Noticias, que entrevistó a 15 extrabajadores del cantante y documentó testimonios de agresiones sexuales, acoso, condiciones laborales abusivas y un entorno de control sistemático.
Los argumentos de la Fiscalía para el archivo
El artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial extiende la jurisdicción española respecto a delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles, siempre que se cumplan tres condiciones específicas: que el hecho constituya delito también en el lugar donde se cometió, que la víctima o la Fiscalía interpongan querella ante los tribunales españoles, y que el autor no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero por esos hechos. Sin embargo, el decreto explica que el Tribunal Supremo ha establecido que este artículo debe aplicarse de forma restrictiva y que prima el principio de territorialidad, que exige la existencia de vínculos relevantes con España que no se dan en este caso.
La Fiscalía también alude a la reforma de la jurisdicción universal aprobada en 2014, que impuso el principio de subsidiariedad determinando que España solo interviene si el Estado directamente competente no puede o no quiere investigar y así se acredita. Según el Ministerio Público, no consta que las autoridades de República Dominicana y Bahamas hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo. El decreto recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo».
Además, el Ministerio Público subraya que, aunque el delito de trata de seres humanos es considerado de carácter internacional, únicamente puede ser perseguido en España cuando las víctimas tengan nacionalidad española o residan legalmente en el país, condición que no cumplen las dos denunciantes. La Fiscalía apoya su decisión en dos casos resueltos por el Tribunal Supremo en la última década, incluido uno en el que los jueces españoles rechazaron investigar un entramado de pesca ilegal que se desarrolló en aguas internacionales del Antártico a pesar de tener conexiones con un entramado societario radicado en España. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguran que esta resolución es firme y no permite recurso.
Las reacciones de las denunciantes y sus abogadas
Women’s Link Worldwide ha calificado la decisión de la Fiscalía como «lamentable» y sostiene que la justicia española «pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura incluyeron en su denuncia». La organización criticó que el archivo se haya producido en menos de dos semanas desde la apertura de las diligencias, a pesar de que el Ministerio Público disponía de un plazo de seis meses, prorrogables excepcionalmente otros seis, para decidir si archivaba las diligencias o presentaba una querella formal. Las abogadas de las denunciantes expresaron su decepción porque la Fiscalía comunicó su decisión sin contestar a tres escritos legales adicionales que habían presentado tras la apertura de las diligencias.
Según fuentes del caso, las abogadas hicieron llegar a la Fiscalía tres escritos con contenidos diferentes. En uno pedían medidas contra la difusión de información por parte del cantante sobre quienes él identificaba como las denunciantes, después de que Iglesias publicara en Instagram capturas de pantalla de conversaciones supuestamente mantenidas con sus exempleadas. En el segundo aportaban más evidencia para reforzar la idea de que podía aplicarse la jurisdicción española, y en un tercero pedían que se tuvieran en cuenta nuevas informaciones que vinculaban la causa con España, incluida la revelación de que empleadas domésticas de Julio Iglesias fueron trasladadas en 2021 de su mansión de Punta Cana a España con visado de turista, sin contrato y con sueldos de 340 euros. Ninguno de estos tres escritos obtuvo respuesta.
«La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas, desconoce el principio de extraterritorialidad», señalaron las abogadas en un comunicado hecho público tras conocer el archivo de las diligencias. Las denunciantes, que habían sido citadas a declarar como testigos protegidas y prestaron declaración por videoconferencia, aseguraron que «seguirán luchando» y que la decisión de la Fiscalía no representa el final del caso. Amnistía Internacional, que acompaña el caso desde una perspectiva de derechos humanos, ha señalado que la resolución fiscal plantea interrogantes sobre la capacidad de la justicia española para responder ante presuntos delitos en el extranjero.
Posibles vías alternativas y contexto del caso
Fuentes jurídicas consultadas indican que las denunciantes solo disponen ahora de la opción de trasladar sus quejas ante los órganos judiciales de República Dominicana y Bahamas, los países donde se produjeron los hechos denunciados. Aunque el delito de trata es considerado internacional, la legislación española establece restricciones claras para su persecución cuando ni las víctimas son españolas ni residen en el país, y cuando no existen vínculos territoriales suficientes. El decreto de archivo refuerza la distinción entre jurisdicción nacional y hechos que, aun siendo denunciados ante autoridades españolas, exceden el alcance legal de los tribunales del país.
El cantante, que había guardado silencio durante varios días tras conocerse la investigación periodística, publicó el 16 de enero un comunicado en Instagram en el que negaba rotundamente las acusaciones. «Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer», escribió Iglesias, añadiendo que las acusaciones eran «absolutamente falsas» y le causaban «una gran tristeza». Posteriormente, tras solicitar sin éxito acceso formal a la denuncia, el artista publicó capturas de conversaciones que supuestamente habría mantenido con las denunciantes, en un intento de demostrar la falsedad de las acusaciones.
Según fuentes cercanas al entorno del cantante consultadas por medios españoles, Julio Iglesias ha reaccionado con alivio a la decisión de la Fiscalía y se encuentra «feliz» y «capitaneando su propia defensa en todos los ámbitos, judicial y mediático». La periodista Beatriz Cortázar desmintió rumores sobre problemas de salud del artista y aseguró que está «tranquilo» tras conocer el archivo. La resolución cierra definitivamente la vía judicial española, aunque las denunciantes y sus representantes legales han dejado claro que explorarán otras opciones para que los hechos denunciados sean investigados y juzgados.
