El Parlamento Europeo respaldó el reglamento de retornos con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. El texto autoriza la creación de instalaciones de deportación en terceros países, un mecanismo negociado entre el Partido Popular Europeo y los grupos de extrema derecha que fue rechazado de forma casi unánime por las formaciones progresistas. España fue uno de los pocos Estados miembros en oponerse al texto durante su tramitación en el Consejo.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves el reglamento de retornos, el último componente pendiente del Pacto Europeo de Migración y Asilo, con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. El texto incorpora la propuesta más polémica del paquete: la autorización para crear instalaciones de internamiento —denominadas en la jerga comunitaria hubs de retorno— en terceros países fuera de la Unión Europea (UE). Con su aprobación, el Parlamento queda habilitado para abrir la negociación con el Consejo, que representa a los Gobiernos de los Veintisiete, con el objetivo de elaborar un texto común vinculante para toda la UE.
Hay presión institucional para cerrar el proceso con rapidez. A mediados de junio entra en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo en su totalidad, y el reglamento de retornos era la última pieza que faltaba para completar ese marco regulatorio. El texto busca en particular reducir la brecha entre las órdenes de deportación y su ejecución efectiva: la tasa de retornos de la UE ronda actualmente el 20% de todas las decisiones de expulsión dictadas, un dato que los impulsores del reglamento presentan como la justificación central de un enfoque más coercitivo.
Una mayoría construida a la derecha
La aprobación fue posible gracias a una alianza entre el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de extrema derecha, lo que generó malestar en las formaciones de centroizquierda. La negociación del reglamento incluyó conversaciones con el partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD) —formación con la que el PPE había prometido no colaborar—, una circunstancia que la prensa germana reveló a través de comunicaciones internas del grupo conservador y que avivó las críticas desde el arco progresista europeo. Los 30 eurodiputados conservadores alemanes mantuvieron finalmente la disciplina de voto.
Las reacciones al resultado evidenciaron la fractura política del hemiciclo. La eurodiputada socialdemócrata alemana Birgit Sippel advirtió que la aprobación representa una cesura respecto a los valores fundacionales de la Unión: «Este voto supone un punto de inflexión peligroso», declaró. Desde posiciones contrarias, el representante de la delegación española de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, saludó el resultado como «un exitoso primer paso para la reemigración tan reclamada» por su formación, en referencia a las políticas de retorno que su partido defiende desde hace años.
Qué establece el reglamento
El texto aprobado habilita la creación de centros de internamiento en países externos a la UE. A estos hubs de retorno podrán ser enviadas las personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, incluidas familias con menores de edad. El único colectivo expresamente excluido de esta posibilidad es el de los menores no acompañados. Los países terceros de acogida no tienen por qué tener ningún vínculo previo con los migrantes que les sean enviados, lo que amplía considerablemente el espectro de destinos posibles para las deportaciones.
El reglamento introduce nuevas obligaciones para los migrantes cuya solicitud de estancia en la UE haya sido rechazada. Deberán cooperar con las autoridades que decreten su retorno; las enfermedades que requieran tratamiento continuado y los lazos familiares solo podrán alegarse como motivos de aplazamiento en casos tasados. El incumplimiento permite la detención hasta 24 meses, con medidas aún más drásticas para las personas consideradas un riesgo de fuga, incluida la posibilidad de una prohibición de entrada en territorio europeo de carácter indefinido.
El eurodiputado del Partido Popular Europeo y presidente de la Comisión de Libertades Civiles (LIBE), donde se negoció el texto, defendió la propuesta como respuesta necesaria a un problema estructural. «Necesitamos un modelo migratorio ordenado, regular y vinculado al mercado de trabajo», argumentó. La Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (Picum) rechazó el texto y advirtió que la norma «normaliza el abuso» sobre las personas migrantes en la gestión fronteriza, conectando el giro europeo con las políticas migratorias de la Administración Trump en Estados Unidos.
Críticas y próximos pasos
España se situó entre las escasas excepciones en el bloque de los Veintisiete. El Gobierno de Pedro Sánchez había manifestado su oposición al texto durante la tramitación en el Consejo, alineándose con las posiciones de los grupos progresistas en el hemiciclo europeo. Esta postura contrasta con la de países como Italia o Dinamarca, que impulsaron activamente el endurecimiento del reglamento y presionaron para que las salvaguardas de derechos fundamentales no diluyeran el alcance de las medidas de retorno previstas en el texto.
Organizaciones no gubernamentales y el Consejo de Europa habían advertido antes de la votación de que el reglamento podría vulnerar derechos fundamentales reconocidos en los tratados europeos, en particular en lo relativo al derecho de asilo y a la protección de las unidades familiares. El propio Consejo de Europa había instado al Parlamento a reconsiderar la propuesta, advirtiendo de que el texto podría entrar en contradicción con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El bloque socialista-liberal-verde votó de forma prácticamente unánime en contra.
Con la votación de este jueves queda completada la fase parlamentaria del proceso. El texto deberá ahora superar la negociación en triálogo entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea, con el objetivo de alcanzar un texto armonizado que se convertirá en norma de aplicación directa en todos los Estados miembros. El calendario es exigente: el conjunto del Pacto Europeo de Migración y Asilo debe estar completamente operativo antes de que concluya el mes de junio de 2026, lo que deja un margen escaso para el debate.
