España incorporó después de la entrada masiva de inmigrantes de 2021 un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla a su Estrategia de Seguridad Nacional. Debía reforzar la capacidad de respuesta ante crisis y vulnerabilidades específicas de ambas ciudades. Casi cinco años después, el plan continúa sin aprobarse mientras la nueva emergencia vuelve a plantear problemas de anticipación, coordinación, suministros y resiliencia que ya habían sido identificados.
La crisis de Ceuta no comenzó únicamente cuando decenas de miles de personas se dirigieron hacia la frontera a finales de julio. Algunas de las vulnerabilidades que han quedado expuestas estaban identificadas desde hacía años. Después de la entrada masiva de mayo de 2021, el Gobierno anunció un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla destinado precisamente a reforzar la preparación de ambas ciudades frente a situaciones excepcionales. La medida acabó incorporada a la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en diciembre de aquel año. En agosto de 2026, el plan todavía no ha llegado a convertirse en un instrumento operativo.
El dato obliga a separar dos debates que con frecuencia se confunden. Ningún plan garantiza que pueda impedirse una movilización fronteriza de la magnitud registrada este verano. Otra cosa es la capacidad de anticiparla, preparar recursos, proteger infraestructuras esenciales y disponer de protocolos para absorber sus consecuencias. La Estrategia de Seguridad Nacional consideraba ya en 2021 que Ceuta y Melilla requerían «especial atención» de la Administración General del Estado. Cinco años después, una nueva crisis ha vuelto a colocar esa necesidad en primer plano.
Un plan nacido de la anterior crisis
La iniciativa surgió inmediatamente después de los acontecimientos de mayo de 2021. El entonces director del Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, anunció ante las Cortes la elaboración de un plan global de seguridad. La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada meses después incorporó expresamente su desarrollo dentro de las actuaciones destinadas a responder a situaciones de crisis. En junio de 2022, el Comité de Situación de Seguridad Nacional acordó crear el grupo de trabajo encargado de elaborarlo.
El proyecto debía ser interministerial. Interior, Defensa, Exteriores, el Centro Nacional de Inteligencia, Sanidad y Transportes figuraban entre los departamentos implicados. Sin embargo, su desarrollo fue perdiendo impulso. En marzo de 2024, el Gobierno respondió en el Senado que estaba previsto comenzar a trabajar sobre sus objetivos estratégicos. En abril de 2025 seguía «en proceso de elaboración». Según la información publicada ahora, ningún borrador ha llegado todavía al Comité de Situación.
La normalización con Rabat cambió las prioridades
La parálisis coincidió con una profunda transformación de las relaciones con Marruecos. En marzo de 2022, Pedro Sánchez respaldó la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como la base «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto. En abril viajó a Rabat y ambos países iniciaron una nueva etapa de normalización que desembocaría posteriormente en reuniones de alto nivel y una cooperación bilateral reforzada.
Sería excesivo presentar esa secuencia temporal como demostración de que el acercamiento a Marruecos causó la paralización del plan. El material disponible no permite establecerlo como hecho. Sí recoge la interpretación de fuentes de seguridad y diplomáticas según las cuales cambió la prioridad política: de reforzar la protección frente a estrategias híbridas se pasó a privilegiar la reconstrucción de la relación con Rabat. La coincidencia merece atención precisamente porque la Estrategia de Seguridad Nacional identifica repetidamente las amenazas híbridas y porque la cooperación con Marruecos no elimina la necesidad de preparar escenarios de crisis.
Prepararse no significa militarizar la frontera
El contenido discutido durante los trabajos preliminares iba además bastante más allá de la inmigración. Se planteó garantizar suministros esenciales, mejorar el conocimiento sobre las dinámicas demográficas y transfronterizas y proteger accesos e infraestructuras. El abastecimiento de agua constituye una vulnerabilidad particularmente sensible por la dependencia de desalinizadoras y de determinados recursos procedentes de territorio marroquí. También aparecía la necesidad de garantizar suministros alimentarios y sanitarios en escenarios de crisis prolongada.
Es precisamente esa concepción amplia de la seguridad la que adquiere sentido después de tres semanas de emergencia. Ceuta ha sufrido saturación de los sistemas de acogida, presión sanitaria, afectación económica y un despliegue extraordinario de policías y guardias civiles. Preparar una ciudad para una crisis no consiste únicamente en colocar más agentes en la frontera. Implica disponer de capacidades administrativas, sanitarias, logísticas y sociales capaces de responder cuando la prevención falla.
La discusión sobre la responsabilidad política por lo ocurrido los días 30 y 31 de julio continuará. También deberá esclarecerse qué información tenían las autoridades, qué podía anticiparse y qué parte de una movilización extraordinaria podía realmente evitarse. Pero existe un hecho anterior a esa controversia. España decidió después de la crisis de 2021 que Ceuta y Melilla necesitaban un plan específico de seguridad y resiliencia. Cinco años después, cuando Ceuta volvió a enfrentarse a una emergencia todavía mayor, aquel instrumento seguía sin terminarse.
