El cantante solicita poder personarse en el procedimiento para defenderse del «daño reputacional» generado tras la denuncia. Su estrategia se basa en argumentar que la justicia española no tiene competencia para investigar presuntos delitos cometidos fuera del territorio nacional. La denuncia señala hechos ocurridos en República Dominicana y Bahamas con víctimas que no residen habitualmente en España.
Julio Iglesias ha presentado un escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional alegando que este organismo no tiene competencia legal para investigar posibles delitos de agresión sexual supuestamente cometidos en el extranjero. El cantante, cuyo abogado es José Antonio Choclán, solicita personarse en el procedimiento a pesar de que la investigación se encuentra todavía en fase preproceso, es decir, solo en manos de la Fiscalía antes de decidir si España puede ejercer su jurisdicción en este caso concreto. La estrategia de defensa del artista se fundamenta en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula cuándo los tribunales españoles pueden juzgar delitos cometidos fuera del territorio nacional.
El artista, aludiendo a «daño reputacional» generado por la difusión pública de la denuncia, busca acceder al expediente completo para preparar su defensa. En su escrito, Choclán presenta una diligencia exprés solicitando toda la vía de la investigación fiscal y argumenta que el archivo del asunto debe ser «universal» atendiendo a que España no tiene el territorio que más les conviene para juzgar estos presuntos delitos. Fuentes jurídicas confirman que la denuncia pública presentada por Women’s Link Worldwide vulneraría el intento del artista de personarse hasta saber más detalles del procedimiento que se está desarrollando en secreto de sumario.
Denuncia presentada con apoyo de Women’s Link Worldwide
La denuncia interpuesta el día 3 de enero en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide, contiene hechos que podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual como agresión sexual y acoso sexual, y un delito de lesiones y contra los derechos de los trabajadores, según la asociación. El escrito describe que el cantante habría doblegado la voluntad de dos mujeres cuya identidad permanece bajo reserva judicial para participar en encuentros de naturaleza sexual.
Las dos denunciantes son mujeres extranjeras que no residen habitualmente en España, según confirma el propio escrito de defensa del artista. Los presuntos hechos habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas, donde Iglesias cuenta con varias propiedades inmobiliarias. Women’s Link Worldwide sostiene que la denuncia cumple todos los requisitos legales para ser investigada en España, aunque reconoce que la víctima tendría derecho a oponerse a que el asunto fuera conocido por la justicia española si así lo decidiera. La organización internacional argumenta que existen mecanismos de jurisdicción universal que permiten a España investigar determinados delitos graves cometidos en el extranjero.
El argumento jurisdiccional de Iglesias
El cantante busca tener acceso completo a la denuncia, a pesar de que el procedimiento todavía está en la fase preproceso, es decir, solo en manos de la Fiscalía. «No puede dudarse que, en función de la difusión pública de la denuncia dirigida frente a mi representado, existe ya la necesidad material para que sea informado de las diligencias de investigación, sin perjuicio de los derechos de defensa que eventualmente», expone el letrado. El escrito describe que el caso de las dos mujeres habría sido doblado con información falsa y que su identidad «no puede considerarse irrelevante a ningún efecto», en clara alusión a una posible información veraz de acuerdo con la doctrina constitucional.
En este sentido, el abogado sostiene que la causa «indeterminada» no supera el requisito de jurisdicción que establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto detalla los «hechos cometidos por españoles o extranjeros» que la ley penal internacional de España sí podría aplicar cuando el Estado donde se han cometido los hechos no puede investigar. El artista asegura que no puede invocarse la necesidad de la reserva de la información amparada en la protección de la supuesta víctima que ha participado voluntariamente en la difusión pública de la denuncia a través de medios. «Las víctimas han pretendido al mismo tiempo dar publicidad a su denuncia, concediendo entrevistas», argumenta el letrado, «y acogerse simultáneamente a la reserva de protección reservada».
El cantante alega que la Fiscalía española no puede investigar porque las víctimas no son españolas, ni tiene el derecho de optar a la jurisdicción que considera «más conveniente». En este escrito, al que ha tenido acceso El País, el abogado José Antonio Choclán asegura que aceptar la denuncia contra un ciudadano español por un supuesto delito contra la libertad sexual, cometido en las residencias que Iglesias tiene en República Dominicana y Bahamas y con denunciantes víctimas de nacionalidad extranjera, daría derecho a las denunciantes a «buscar el foco mediático internacional», sobre todo cuando «ese fuero es el que mayor perjuicio» provocaría al cantante por el «daño reputacional más intenso» que produce en España y esto contraviene el derecho constitucional.
