El Ministerio del Interior ha formalizado el fin de la procedimiento excepcional que desde 2018 permitió a ciudadanos venezolanos obtener permisos de residencia humanitarios de forma casi automática. A partir del 12 de junio, coincidiendo con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, no se concederán ni renovarán estas autorizaciones con independencia de la fecha de presentación de la solicitud. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, insiste en que se trata de un cambio de procedimiento, no de protección.
El Ministerio del Interior ha fijado el 12 de junio de 2026 como fecha de cierre definitivo de la vía humanitaria excepcional que durante ocho años permitió a decenas de miles de venezolanos regularizar su situación en España. La decisión, formalizada en un oficio interno de la Dirección General de Protección Internacional al que tuvo acceso El País, establece que a partir de esa fecha no podrán concederse ni renovarse autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, con independencia de cuándo se hubiera presentado la solicitud. La medida afecta al canal de regularización más utilizado por la comunidad venezolana en España durante la última década.
Desde que se abrió esta puerta específica en 2018, España ha concedido en torno a 240.000 autorizaciones de este tipo a ciudadanos venezolanos. En algunos años representaron más del 95% de todos los permisos humanitarios otorgados en el país, y las cifras no dejaron de crecer hasta alcanzar las 50.000 concesiones anuales en 2025. Lo que nació como una respuesta de emergencia a la crisis política y social en Venezuela se fue convirtiendo en un canal estructural que, según el propio documento del Interior, acabó contribuyendo al colapso administrativo del sistema, incapaz de procesar el volumen de solicitudes con los recursos disponibles.
Ocho años de excepción humanitaria
El mecanismo funcionaba como una alternativa práctica al asilo. Los ciudadanos venezolanos que presentaban una solicitud de protección internacional y no obtenían el estatuto de refugiado recibían, en su lugar, un permiso de residencia y trabajo temporal renovable que abría la puerta a una regularización más estable con el tiempo. El sistema canalizaba ambos procedimientos —el asilo y los permisos humanitarios— a través del mismo organismo y el mismo circuito administrativo, algo que el Gobierno presenta ahora como el núcleo del problema. Entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 71.000 solicitudes venezolanas de protección internacional sobre un total de casi 122.000, lo que convirtió a este colectivo en la principal nacionalidad solicitante de asilo en España.
La presión acumulada sobre el sistema fue acompañada de un cambio en el contexto político venezolano. La captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el proceso de transición tutelado por Estados Unidos han alterado el escenario que justificó en su momento el trato excepcional, aunque la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez lidera ahora el país sudamericano y la situación sigue siendo incierta. La comunidad venezolana residente en España ha pasado de 255.000 personas en 2018 a cerca de 700.000 en la actualidad, de las cuales más de 250.000 ya tienen nacionalidad española.
La obligación legal que llega de Bruselas
El Gobierno no presenta el cierre exclusivamente como una decisión propia, sino también como una obligación derivada de la normativa europea. El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que entra en vigor el mismo 12 de junio, exige una separación estricta entre los permisos humanitarios nacionales y el sistema de asilo comunitario, reservado a quienes huyen de guerras o persecución. Según el documento del Interior, mantener ambos procedimientos en el mismo circuito generaría un «riesgo de confusión con la protección internacional» que la nueva normativa no permite. España se suma así al proceso de armonización migratoria europeo en un momento en que varios Estados miembros han endurecido sus marcos de recepción.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la medida en una entrevista en Radio Nacional de España. «Esto es una cuestión no de fondo, sino de formas», afirmó, subrayando que las razones humanitarias seguirán siendo atendibles por otros cauces. Saiz señaló que, una vez cerrada esta vía, los venezolanos podrán acogerse al proceso de regularización extraordinaria en marcha, y que el Gobierno «seguirá con las vías propias del Reglamento de la Ley de Extranjería». En la práctica, sin embargo, los criterios de acceso serán más restrictivos: las autorizaciones humanitarias fuera del sistema de protección internacional quedan reservadas a circunstancias muy concretas, como las de naturaleza médica.
Una comunidad de 700.000 personas ante el cambio
El impacto inmediato recaerá sobre quienes tenían previsto regularizarse por esta vía. Los titulares de autorizaciones humanitarias ya concedidas pueden solicitar su conversión a otro tipo de permiso de residencia y trabajo desde el pasado 16 de abril, lo que les permite mantener su situación administrativa sin acudir al circuito que ahora se cierra. Para quienes aún no hayan dado ese paso, el margen se estrecha de forma significativa: el 12 de junio no habrá nuevas concesiones que alimenten ese circuito, y los trámites para los venezolanos que lleguen a partir de esa fecha serán los mismos que para cualquier otro ciudadano extracomunitario.
La decisión generó una oleada de críticas en redes sociales cuando El País la adelantó en marzo, incluidas las de miembros de la propia diáspora que en su día se beneficiaron del mecanismo que ahora se cierra. Leopoldo López y Edmundo González, dos de los exiliados venezolanos más visibles en España, no se pronunciaron públicamente sobre el cambio. El Gobierno optó por enmarcar la medida en términos técnicos y europeos, alejándola del debate político sobre inmigración que domina la campaña andaluza. La cifra que resume la dimensión del cierre es, en todo caso, difícil de minimizar: en ocho años, casi un cuarto de millón de venezolanos accedió a la residencia española por una puerta que el 12 de junio quedará clausurada.
