La comunidad cubana, que durante décadas disfrutó de privilegios únicos en Estados Unidos, atraviesa ahora sus horas más amargas. Las políticas de deportación masiva de Trump alcanzan incluso a quienes lo apoyaron fervientemente, rompiendo el mito del exilio dorado y exponiendo las contradicciones de una comunidad que avaló medidas que ahora le afectan directamente. Cientos de miles de cubanos enfrentan la amenaza de expulsión tras la cancelación del permiso humanitario.
El café Versailles, epicentro simbólico de la Pequeña Habana en Miami, sigue siendo refugio de quienes una vez creyeron que su estatus privilegiado como exiliados cubanos los protegería ante cualquier política migratoria. Sin embargo, las medidas de la administración Trump han destruido esa ilusión de inmunidad que durante décadas caracterizó a una comunidad acostumbrada a recibir trato preferencial en el sistema migratorio estadounidense. La realidad es cruda: cientos de miles de cubanos que llegaron durante la administración Biden carecen ahora de protección legal tras la cancelación del permiso humanitario —un documento temporal que permitía residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por motivos humanitarios— en marzo de 2025.
La paradoja resulta devastadora para una comunidad que respaldó masivamente el movimiento Make America Great Again (MAGA) en las elecciones. Según encuestas de la Universidad Internacional de Florida, el apoyo a Trump entre los probables votantes cubano-estadounidenses de Miami alcanzó máximos históricos en vísperas de las elecciones de 2024. Ahora, esos mismos votantes observan con estupor cómo las políticas que aplaudieron cuando se dirigían contra otros grupos migratorios afectan de lleno a sus propias familias. La contradicción no puede ser más evidente: quienes celebraron las deportaciones masivas como medida de «orden» descubren que el sistema no distingue entre el exiliado político y el migrante económico cuando se trata de aplicar la ley.
El fin de los privilegios históricos
Las cifras oficiales desmienten cualquier narrativa sobre el carácter selectivo de estas medidas. Decenas de miles de cubanos tienen órdenes de deportación pendientes, según datos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) obtenidos por la cadena Fox News, aunque el régimen de Díaz-Canel se niega a recibirlos. La administración Trump envía aproximadamente un avión de 60 plazas a Cuba cada mes, lo que significaría que tardarían décadas en repatriar a todos los cubanos sin estatus de protección. Esta lentitud no responde a consideraciones humanitarias, sino a las limitaciones logísticas y la falta de cooperación del gobierno de La Habana.
El fin del programa de permisos humanitarios ha golpeado especialmente a las familias que llegaron en los últimos años huyendo de la crisis económica en la isla. Como explica la abogada Patricia Hernández, «hay una probabilidad muy grande de que los cubanos que entraron a través del permiso humanitario y llevan menos de dos años en el país puedan ser deportados». Estos migrantes, muchos de ellos profesionales liberales y emprendedores, descubren que su condición de cubanos no los exime de las nuevas reglas del juego migratorio. La Ley de Ajuste Cubano, histórico privilegio que permitía la residencia automática tras un año en territorio estadounidense, no aplica para quienes ingresaron con documentos I-220A o I-220B, dejándolos en una situación legal precaria.
La tensión dentro de la propia comunidad cubana ha alcanzado niveles inéditos. Congresistas republicanos de origen cubano como Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez enfrentan acusaciones de «traidores» por parte de activistas latinos que instalaron vallas publicitarias en las autopistas de Miami. La ironía es demoledora, ya que, los mismos políticos que durante años promovieron líneas duras contra la inmigración ahora son señalados por no proteger a sus propios compatriotas. Marco Rubio, actual secretario de Estado y figura emblemática del exilio cubano, guarda silencio mientras artistas como El Funky, creador del himno «Patria y Vida» y partidario de Trump, es objeto de una orden de deportación.
La desesperación lleva a la autodeportación
El caso más revelador de esta nueva realidad es el de los cubanos que optan por la «autodeportación» ante el miedo a ser enviados a la base naval de Guantánamo. Según el periodista local Javier Díaz, parejas enteras han decidido regresar voluntariamente a Cuba antes que arriesgarse a procesos de deportación que podrían llevarlos al limbo jurídico de la base militar estadounidense. Esta decisión, que implica perder cualquier caso de asilo abierto y la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos, ilustra el nivel de desesperación al que ha llegado una parte de la comunidad de origen cubano.
La transformación del discurso dentro del exilio histórico es notable. Tony Freitas, quien llegó en el éxodo del Mariel de 1980, resume así el sentimiento general: «la gente está temblando. Por cualquier cosa puede ser deportado». Esta ansiedad marca el fin de una era dorada para el exilio cubano, acostumbrado a que su condición política lo protegiera de las medidas migratorias más severas. La realidad actual demuestra que en el sistema de deportaciones masivas de Trump no hay excepciones por origen nacional ni historia política.
El impacto psicológico trasciende lo individual para convertirse en histeria colectiva. La comunidad, que se percibía como pilar del republicanismo en Florida, descubre que su apoyo incondicional no la inmuniza contra las consecuencias de las políticas que respaldó. Las redadas en restaurantes, la detención de antiguos agentes cubanos infiltrados y las cancelaciones masivas de permisos de trabajo han creado un clima de terror que recuerda a los primeros años del exilio, cuando la incertidumbre dominaba la vida cotidiana de los recién llegados.
La estrategia de Trump de señalar y deportar a exfuncionarios del régimen cubano, aunque popular entre sectores del exilio histórico, ha servido como cortina de humo para implementar medidas más amplias que afectan a cubanos sin vínculos con el aparato represivo. El arresto de Tomás Hernández, antiguo agente de inteligencia cubano de 71 años, fue celebrado por la comunidad de exiliados, pero también marcó el inicio de una búsqueda más amplia que ahora alcanza a migrantes comunes sin conexiones políticas.
La comunidad cubana de Miami enfrenta su mayor crisis de identidad desde los años sesenta. El mito del exiliado privilegiado se desmorona ante la realidad de un sistema migratorio que no distingue entre el perseguido político y el migrante económico. Los mismos cubanos que aplaudieron cuando Trump prometía deportaciones masivas para «otros» descubren que en la lógica de la expulsión masiva no existen excepciones históricas ni privilegios heredados. La lección es amarga pero clara: en tiempos de xenofobia institucionalizada, ninguna comunidad está a salvo de las políticas que inicialmente respaldó.
