La primera macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre percepción social de la prostitución, elaborada con 10.019 entrevistas, sitúa a casi siete de cada diez españoles entre quienes consideran la práctica una forma de violencia contra las mujeres, pero expone una sociedad dividida en torno a las medidas legales y atravesada por profundas brechas de género en la valoración de la pornografía y el trabajo sexual
El Ministerio de Igualdad presentó el 26 de febrero el mayor estudio de opinión realizado en España sobre prostitución y pornografía, elaborado a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El trabajo, basado en 10.019 entrevistas a población de 16 o más años, ofrece por primera vez una fotografía estadística amplia de cómo percibe la sociedad española estos fenómenos, sus causas, sus consecuencias y las posibles respuestas políticas. Los resultados llegan en un momento de particular relevancia: el Gobierno trabaja en un proyecto de ley abolicionista —orientado a eliminar la demanda de prostitución penalizando a quienes pagan, no a quienes la ejercen— cuya presentación fue anunciada para septiembre de 2025 y que aún no se ha materializado.
La encuesta no solo aporta datos sobre actitudes colectivas, sino que pone de manifiesto tensiones internas relevantes: entre el rechazo moral mayoritario a la prostitución y el respaldo minoritario a su penalización; entre las posiciones del movimiento feminista abolicionista y quienes defienden la regulación; y entre la percepción de hombres y mujeres ante estas prácticas, con diferencias que en algunos indicadores superan los 30 puntos porcentuales. A continuación, las cinco claves para interpretar sus hallazgos.
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Qué es el estudio y por qué se publica ahora
El estudio tiene una doble dimensión. Es, por un lado, el primer monográfico del CIS dedicado específicamente a la percepción social de la prostitución y la pornografía en España, lo que le otorga un valor de referencia difícilmente comparable con trabajos anteriores de menor escala. Por otro lado, su publicación responde a una estrategia política explícita: la ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó que los datos «reafirman» al Gobierno y «marcan el camino para abolir el sistema de la prostitucióin», y en febrero había avanzado que los resultados del sondeo se trasladarían al proyecto de ley.
El contexto legislativo es relevante para entender el peso político del estudio. España carece de una regulación específica sobre la prostitución: la actividad no está ni legalizada ni penalizada, lo que la sitúa en un limbo jurídico conocido como modelo de alegalidad. El Gobierno socialista lleva varios años intentando avanzar hacia el modelo abolicionista nórdico —también aplicado en Suecia, Francia e Irlanda—, que criminaliza la demanda pero no la oferta. Sin embargo, el proyecto de ley no cuenta con apoyos parlamentarios garantizados, dado que algunos socios del ejecutivo de coalición se oponen al enfoque abolicionista. Organizaciones feministas abolicionistas, agrupadas en torno a la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, interpretaron los datos como una «mayoría social» que exige acción y llamaron al PSOE y al PP a alcanzar un acuerdo legislativo.
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Prostitución como violencia: el dato central y sus matices
El hallazgo más citado del estudio es que el 68,9% de la población residente en España se muestra bastante o muy de acuerdo con la afirmación de que la prostitución es «una forma de violencia contra las mujeres». El porcentaje se eleva hasta el 75,1% entre la población femenina. A ese dato se suma que el 79,1% considera que la prostitución «pone en riesgo la dignidad de las personas que se prostituyen», y que más de tres cuartas partes de los encuestados rechaza que se trate de «un trabajo como otro cualquiera». El 79,8% descarta que sea «una forma de ejercer la libertad sexual», uno de los argumentos centrales del feminismo pro-regulación.
Sin embargo, el estudio también recoge posiciones que matizan esa aparente mayoría abolicionista. El 32% de los encuestados declara que legalizaría la prostitución como una actividad laboral más. Y cuando se pregunta por medidas concretas, solo tres de cada diez respaldan castigar a quienes pagan —la medida central del modelo abolicionista—, frente al 61,2% que sí consideraría útil esa sanción para reducir la explotación. Esta tensión entre el rechazo moral generalizado y el apoyo limitado a la penalización de los clientes constituye uno de los elementos más complejos del estudio y alimenta el debate sobre la eficacia real de los distintos modelos de regulación.
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La brecha de género: distintas percepciones entre hombres y mujeres
Los datos sobre actitudes de hombres y mujeres ante la prostitución revelan diferencias de gran envergadura. Al 63% de la población en su conjunto le parecería mal que un hombre de su familia pagara por mantener relaciones sexuales. Pero esa cifra encubre una divergencia notable: el rechazo alcanza el 71% entre las mujeres, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje de quienes mostrarían indiferencia ante esa situación familiar es del 40%. El 91,2% de las mujeres encuestadas afirma no tener ninguna disposición a mantener una relación de pareja con alguien que pague por sexo.
Las diferencias se extienden también a la atribución de motivos. Cuando se pregunta por qué razones algunos hombres pagan por mantener relaciones sexuales, los encuestados masculinos señalan en primer lugar la satisfacción de necesidades sexuales (43%), seguida de realizar prácticas o fantasías que otras mujeres no aceptan (32%) y de no conocer mujeres dispuestas a mantener relaciones con ellos (25%). Las mujeres encuestadas, en cambio, sitúan en primer lugar la realización de prácticas o fantasías (49%), seguida de la satisfacción de necesidades sexuales (32%) y del deseo de sentir que se domina la relación (26%). Siete de cada diez encuestados de ambos sexos consideran que las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen por necesidad económica, mientras el 41,5% cree que son forzadas a ello.
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Pornografía y deepfakes: el otro frente del debate
El estudio dedica una sección significativa a la pornografía, que el 71,6% de los encuestados considera que «fomenta la violencia contra las mujeres», y que el 77% estima que «distorsiona la percepción de las relaciones sexuales» sin poder considerarse entretenimiento. No obstante, el 26% de los hombres la valora como una forma de entretenimiento y el 16,3% como una manera saludable de explorar la propia sexualidad, porcentajes que en el caso de las mujeres se reducen al 16% y al 8,7% respectivamente.
El consumo declarado también es dispar: el 2,2% de los hombres consume pornografía a diario y el 7,4% semanalmente, frente al 0,2% y el 1,2% entre las mujeres. Casi el 85% de las mujeres afirma no haberla consumido nunca, frente al 39% de los hombres. El estudio aborda también la difusión de imágenes sexuales falsas generadas con inteligencia artificial sin consentimiento —los llamados deepfakes— y distribuidas sin permiso de la persona retratada. El 7,5% de las mujeres declara haber sido víctima de esta práctica o conocer a alguien de su entorno que lo haya sido, frente al 4,8% de los hombres. El 93,3% de los encuestados respalda la obligación de que las plataformas digitales eliminen el contenido sexual no consentido.
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Qué hacer: las propuestas de la ciudadanía y la división del feminismo
En cuanto a las medidas para reducir o eliminar la prostitución, casi la mitad de los encuestados señala el refuerzo de la educación en igualdad, sexualidad y derechos humanos desde la infancia como la más necesaria. El 40% apuesta por ofrecer programas sociales y económicos que permitan a las mujeres abandonar la prostitución. El 35% respalda castigar a quienes pagan y a quienes se lucran con la prostitución ajena —excluyendo a las mujeres prostituidas—, y el 85,6% considera que penalizar a los proxenetas contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Entre quienes defienden sanciones para los clientes, casi la mitad se inclina por castigos educativos y económicos, y el 82,4% menciona la pena de cárcel para quienes se lucran de la actividad sexual ajena.
Los datos, sin embargo, no han cerrado el debate dentro del propio movimiento feminista español. La Comisión 8M, agrupación que coordina las convocatorias del Día Internacional de la Mujer, criticó el estudio por presentar «encuestas que obvian la diversidad de situaciones y problemáticas en las que se ejerce la prostitución» y acusó al Ministerio de Igualdad de «simplificar» un fenómeno complejo. La Comisión también denunció que el ministerio ha comenzado a exigir a las organizaciones que solicitan subvenciones para programas de prevención de la violencia que reconozcan expresamente que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, lo que calificó de «veto ideológico» que condiciona el acceso a fondos públicos. Esta división interna del feminismo refleja la dificultad de alcanzar los consensos parlamentarios que el Gobierno necesita para sacar adelante una reforma legislativa que lleva años anunciada.
