Un estudio de Funcas concluye que de los casi 15 millones de personas nacidas en el extranjero que iniciaron su residencia en España entre 2002 y 2024, solo siete millones permanecen en el país. La tasa de retención del 48% es una de las más bajas de Europa y cuestiona la idea de que la inmigración pueda resolver por sí sola el declive demográfico español. El encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral son los principales factores de expulsión.
España es desde el año 2000 el principal receptor de inmigración de la Unión Europea en términos relativos y el segundo en términos absolutos, solo por detrás de Alemania. En 2025, uno de cada cinco residentes en el país había nacido en el extranjero, frente a una media del 14% en el conjunto de la Unión. Y sin embargo, más de la mitad de quienes llegan terminan marchándose. Esa es la paradoja central que documenta el informe Los límites de la inmigración para el ajuste demográfico en España, publicado por Funcas y elaborado por los investigadores Héctor Cebolla Boado, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y María Miyar Busto, directora de Estudios Sociales de la misma fundación. Entre 2002 y 2024 llegaron al país casi 15 millones de personas nacidas en el extranjero, pero el aumento neto de la población inmigrante en ese periodo fue de apenas siete millones.
La tasa de retención española —esto es, la relación entre el aumento real de la población inmigrante y el volumen de entradas— se situó en el 48% de media en el conjunto del periodo analizado, con un mínimo del 2,7% durante la crisis financiera de 2008-2013 y una recuperación hasta el 50,7% en el último tramo, entre 2021 y 2025. Los datos sitúan a España muy por debajo de países como Alemania o Suecia, que retienen en torno al 60% de sus inmigrantes. Según el informe, «España atrae inmigrantes con extraordinaria eficacia, pero no los retiene con la misma intensidad, lo que obliga a mantener flujos de entrada muy elevados para sostener una población que se renueva constantemente».
El modelo que atrae pero no retiene
Cebolla y Miyar describen el modelo migratorio español como una «estrategia de mantenimiento demográfico externo» que ha funcionado razonablemente bien en el corto plazo pero que «muestra signos claros de agotamiento». El mecanismo es circular: la baja retención obliga a sostener flujos de entrada crecientes para compensar las salidas, en un ciclo que se vuelve estructuralmente dependiente de la llegada constante de nueva población. «Sostenerla exige flujos crecientes e ininterrumpidos con un perfil de edad cada vez más difícil de garantizar», advierte el informe, en un contexto en que los propios países de origen también envejecen y su oferta migratoria tenderá a reducirse en el medio plazo.
El informe rechaza por igual dos narrativas que considera simplificadoras. La primera, extendida en ciertos sectores políticos, atribuye a la inmigración únicamente efectos negativos que, según los autores, «no se sostienen con la evidencia empírica». La segunda, presente en muchos diagnósticos institucionales, la presenta como «solución suficiente a los problemas demográficos». Para Funcas, la contribución real de la inmigración al ajuste demográfico es «relevante, pero limitada», y el país ha delegado implícitamente en los flujos migratorios una función que debería complementarse con políticas de vivienda, familia y planificación territorial. Miyar subrayó en la presentación del estudio la necesidad de «quitarnos ese mito de que la inmigración es la solución a la caída de nacimientos».
Vivienda y precariedad como factores de expulsión
Detrás de la baja tasa de retención están las mismas dificultades que afectan a la población autóctona, pero con una intensidad mayor. El acceso a la vivienda es un problema generalizado en España, pero tiene un efecto especialmente disuasorio entre quienes aún no han consolidado su vida en el país y carecen de red familiar de apoyo. A ello se suma la concentración de la mano de obra inmigrante en sectores de baja cualificación y salarios reducidos, lo que dificulta el ahorro y aplaza las decisiones de arraigo. El resultado es que muchos trabajadores terminan reemigrando a otros países europeos con mayor tensión salarial y mercados de vivienda menos recalentados.
Esa rotación tiene consecuencias económicas concretas. Los trabajadores que perciben su estancia como temporal invierten menos en formación, cambian de empleo con mayor frecuencia y difícilmente contribuyen a la transferencia de conocimiento que requieren los sectores más productivos. El informe documenta, además, que los flujos migratorios se concentran en Madrid, Cataluña y Baleares, las regiones con mayor dinamismo económico y redes de acogida consolidadas, mientras que las comunidades más afectadas por el envejecimiento y la despoblación —Galicia, Asturias, Castilla y León— apenas registran un impacto rejuvenecedor. El patrón, señala Funcas, responde a una lógica estrictamente económica que ninguna política migratoria ha conseguido alterar de forma significativa.
El límite demográfico que la inmigración no puede resolver
El informe cuestiona también uno de los supuestos más asentados del debate público: que la inmigración aumenta la natalidad. Los datos muestran lo contrario. Cebolla explicó en la presentación que España «aplasta» la fecundidad de los inmigrantes, cuyas tasas convergen con las de la población autóctona en el plazo de una generación. Los nacimientos de madres inmigrantes se redujeron un 10% entre 2009 y 2024. «Son personas radicalmente igual a nosotros y, por lo tanto, se comportan de una manera radicalmente igual a nosotros», afirmó el investigador, calificando de «pensamiento mágico» la idea de que la procedencia geográfica garantiza una mayor disposición a tener hijos en un entorno de vivienda inaccesible e ingresos bajos.
El envejecimiento progresivo de la propia población inmigrante añade una dimensión adicional al problema. En 2025, el 22% de los inmigrantes residentes en España tenía 55 años o más, y entre 2021 y 2024 llegaron al país más de 615.000 personas inmigrantes mayores de esa edad, casi uno de cada cinco del total de llegados en ese periodo. La tasa de retención de este grupo supera el 110%, frente al 46% del grupo de 20 a 54 años: los mayores se quedan, los jóvenes se van. Miyar advirtió de que esta dinámica anticipa «una presión adicional» sobre los sistemas de salud y dependencia, y abogó por planificar los flujos migratorios hacia perfiles que puedan contribuir de forma más efectiva a la productividad y la demografía española a largo plazo.
