El Gobierno pondrá fin el 30 de junio al mecanismo excepcional que desde 2018 ha permitido regularizar a unas 240.000 personas mediante permisos de residencia por razones humanitarias, tras la denegación del asilo. La ministra Elma Saiz defiende el cambio como un ajuste de forma. Los nuevos solicitantes deberán acogerse al procedimiento ordinario de extranjería, aunque el Gobierno habilitará en paralelo una regularización extraordinaria negociada con Podemos.
El Gobierno de Pedro Sánchez pondrá fin el 30 de junio a la vía que durante ocho años ha convertido a España en el principal destino europeo de regularización para ciudadanos venezolanos. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confirmó este miércoles en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), recogida por la agencia EFE, que los permisos de residencia por razones humanitarias dejarán de tramitarse de forma casi automática a partir de esa fecha. Los solicitantes venezolanos pasarán a seguir los mismos cauces ordinarios de extranjería que el resto de nacionalidades.
El mecanismo se puso en marcha en 2018 en respuesta a la llegada masiva de ciudadanos que huían de la crisis venezolana. Funcionaba en dos tiempos. La solicitud de protección internacional, que en la gran mayoría de los casos era denegada, derivaba de manera casi automática a una autorización de residencia por razones humanitarias. Este permiso, renovable anualmente, otorgaba derecho a trabajar por cuenta ajena o propia y abría la puerta a la nacionalidad española; para los iberoamericanos, el plazo de residencia legal exigido es de tan solo dos años.
Un volumen de demandas que saturó el sistema
Los datos del Ministerio del Interior ilustran el peso de este cauce en el sistema de asilo. En 2025, España concedió 49.473 autorizaciones de residencia por razones humanitarias, de las cuales 49.178 correspondieron a ciudadanos venezolanos, el 99,4% del total. Desde 2018, el mecanismo ha beneficiado a unas 240.000 personas. La dependencia del indicador español de protección respecto a este sistema es estructural; sin las solicitudes de este colectivo, la tasa de reconocimiento caería al 5-12%, por debajo de la media de la Unión Europea (UE). El embudo resultante acumulaba más de 191.000 expedientes pendientes de resolución a finales de 2025.
El cierre responde a tres factores simultáneos. El primero es esa saturación; la Oficina de Asilo y Refugio acumula retrasos que superan el año en algunos casos. El segundo es la adaptación al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para junio de 2026 y que establece criterios más homogéneos para los Veintisiete, sin contemplar protección diferenciada por nacionalidad. El tercero tiene naturaleza geopolítica. La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el 3 de enero de 2026 y el inicio de una transición política en Venezuela han modificado el contexto que justificó el trato excepcional.
El cambio en Venezuela alteró la percepción institucional sobre las circunstancias que justificaban el tratamiento diferenciado. El Ejecutivo considera que, aunque la situación en el país sigue siendo incierta, el contexto que motivó la creación del procedimiento ha cambiado de forma sustancial. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha caracterizado históricamente este tipo de autorización como «un tipo de protección menos garantista» que el reconocimiento pleno del estatuto de refugiado, una distinción que cobra relevancia ahora que el acceso a esa figura intermedia queda limitado a supuestos muy específicos, como los de índole médica.
La regularización extraordinaria como puente
El Gobierno presentó el cierre de la vía humanitaria junto a un proceso de regularización extraordinaria, negociado con Podemos, que comenzará tras el 30 de junio. Según la formación, la iniciativa busca «garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente» y beneficiará a quienes acrediten haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido al menos cinco meses en el país en el momento de la solicitud. La autorización inicial tendrá un año de vigencia e incluirá permiso de trabajo. Una parte significativa de los venezolanos ya residentes podría acogerse a este proceso.
La ministra Saiz negó que el cambio implique un endurecimiento real. «No es una cuestión de fondo, sino de formas», afirmó en RNE, subrayando la disponibilidad de alternativas ordinarias para quienes no puedan acogerse a la regularización extraordinaria. Entre esas alternativas figuran las distintas modalidades de arraigo —social, laboral y socioformativo— y los permisos por motivos laborales. El Ministerio del Interior sostiene que el volumen de solicitudes venezolanas respondía en muchos casos a un acceso encubierto a la residencia más que a situaciones reales de persecución, argumento que el Ejecutivo emplea para justificar el giro ante la opinión pública.
Permisos existentes, a salvo
El cambio carece de efecto retroactivo. Los titulares de un permiso de residencia por razones humanitarias no perderán su situación administrativa ni serán objeto de revisión; sus autorizaciones seguirán renovándose conforme al procedimiento habitual, sin modificación de las condiciones en vigor. Saiz insistió en que el marco ordinario ofrece alternativas reales: «seguiremos con las vías propias del Reglamento de la Ley de Extranjería», afirmó. Quienes inicien los trámites tras el 30 de junio encontrarán mayores requisitos probatorios, plazos más largos y la desaparición de la garantía casi automática que durante ocho años definió el acceso singular a la residencia para este colectivo.
La medida alinea a España con la mayoría de los socios europeos que no contemplan protección diferenciada por nacionalidad, en un momento en que la comunidad venezolana en el país supera las 700.000 personas, de las cuales más de 250.000 han obtenido ya la nacionalidad española. El nuevo marco migratorio cierra el ciclo de una política que nació como respuesta de emergencia y terminó siendo un elemento estructural del sistema de asilo español. Para quienes aspiren a llegar a España por ese cauce, la garantía que durante ocho años definió el acceso a la residencia ha desaparecido.
