La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo rechazó plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes y volvió a descartar su suspensión cautelar, como pedían Aragón y la Comunidad Valenciana. La decisión, adoptada por unanimidad, supone un respaldo procesal al decreto del Gobierno, aunque los recursos de fondo presentados por Vox y varias comunidades autónomas siguen sin resolverse.
El Tribunal Supremo dio ayer un respaldo procesal a la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno, a la que han pedido acogerse 1.174.968 personas, según datos del Ministerio de Migraciones. La Sala de lo Contencioso-administrativo rechazó preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si la regularización choca con el derecho comunitario, una posibilidad que habían planteado semanas atrás tres magistrados de la propia sala. Los jueces rechazaron también la suspensión cautelar de la regularización, como habían pedido Aragón y la Comunidad Valenciana.
La decisión no cierra el proceso judicial en su totalidad. El alto tribunal tiene todavía que resolver los recursos planteados por Vox, la Comunidad de Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana contra el real decreto. Sin embargo, el pronunciamiento de ayer cierra la puerta a que la regularización quedara congelada mientras se resuelven esos recursos, o a que el tribunal elevara de inicio el decreto a la justicia europea, lo que habría retrasado varios meses una respuesta definitiva sobre el proceso.
Las dudas planteadas por tres magistrados y su rechazo final unánime
El origen de la incertidumbre se remonta al 30 de junio, cuando la Sala Tercera planteó a las partes, un día antes de que se cerrase el proceso para presentar solicitudes, la posibilidad de formular ante el TJUE una cuestión prejudicial interpretativa sobre extremos del real decreto que podrían entrar en conflicto con el derecho de la Unión Europea (UE). La duda partió de tres magistrados de la sección quinta, que días antes habían suscrito una resolución en la que planteaban si el régimen de regularización podría entrar en colisión con las normas en las que se apoya el Pacto de Migración y Asilo.
Las objeciones se concentraban en dos disposiciones adicionales del decreto, que prevén una autorización de residencia temporal por arraigo para quienes hubieran solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026, incluso si esa solicitud fue denegada y la persona está afectada por un procedimiento de expulsión. Pese a esas dudas iniciales, ninguno de los siete magistrados formuló voto discrepante, pese a que tres de ellos habían firmado la resolución en la que se planteaban las dudas. El Supremo precisó que no se conocerá el contenido íntegro de los autos hasta dentro de unos días.
Los argumentos del Supremo para no paralizar el decreto
Para justificar el rechazo a suspender el decreto, la sala argumentó que existe un «interés público notorio» en la regularización extraordinaria de migrantes, que incide en un «sustrato humano» y «trasciende a la mera consideración económica». Se trata de la segunda ocasión en que el tribunal rechaza esta vía cautelar, tras una primera decisión en mayo, y en esta ocasión los solicitantes de la paralización fueron los gobiernos autonómicos de Aragón y la Comunidad Valenciana.
Sobre la cuestión prejudicial, el propio tribunal matizó el alcance de su decisión en una nota de prensa. El Supremo expone que no considera «pertinente» plantear una cuestión prejudicial «en este momento procesal», una fórmula que, según precisa el propio texto, deja la puerta abierta a que lo haga más adelante. La Abogacía del Estado se había opuesto a elevar la cuestión al considerarla una «competencia nacional», mientras que Aragón y la Comunidad Valenciana, los gobiernos que impugnaron el decreto, sí avalaron esa opción.
Las reacciones del Gobierno y los recursos que quedan pendientes
El Ministerio de Migraciones celebró la decisión como un espaldarazo a su gestión del proceso. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, escribió en la red social X: «Una gran noticia. Seguimos». Fuentes del ministerio, que dirige Elma Saiz, expresaron además «el máximo respeto a los procesos judiciales» y reiteraron su confianza en un procedimiento que consideran garantista y respaldado por el Consejo de Estado.
Desde el departamento se subrayó también que la tramitación no se ha detenido en ningún momento. Las fuentes consultadas explicaron que se siguen revisando las solicitudes presentadas y se están remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España, y precisaron que todas las solicitudes correctamente presentadas y sin trámites pendientes están recibiendo su autorización de admisión.
El litigio de fondo, no obstante, continúa abierto. Los magistrados deberán pronunciarse todavía sobre los recursos presentados por Vox y por los gobiernos autonómicos de Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana, que impugnan el real decreto en su conjunto. Hasta que se conozcan esos autos con el detalle de la argumentación jurídica, la decisión de ayer despeja el escenario más inmediato —la paralización del proceso— pero no cierra el debate legal sobre la compatibilidad del decreto con la normativa europea de retorno y asilo.
