El Ministerio de Igualdad ha confirmado 14 feminicidios y tres víctimas de violencia vicaria en lo que va de 2026, el balance más alto para este periodo en los últimos cinco años. Los datos oficiales revelan fallos persistentes en los sistemas de detección y seguimiento, mientras expertas y organizaciones señalan que la estadística institucional continúa dejando fuera a víctimas mortales cuyas muertes no encajan en los criterios legales vigentes.
España contabiliza 14 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde el uno de enero, según la última actualización del Ministerio de Igualdad. A esa cifra se suman tres menores fallecidos en crímenes de violencia vicaria —modalidad en la que el agresor mata o daña a los hijos para infligir el mayor daño posible a la madre—, elevando a 67 el número de menores asesinados en este tipo de crímenes desde 2013, año en que los niños y niñas comenzaron a ser reconocidos legalmente como víctimas de la violencia de género. El acumulado desde 2003, cuando arrancó la estadística oficial, asciende ya a 1.357 mujeres asesinadas. Diez menores han quedado huérfanos en lo que va de año, sumando 514 desde ese mismo año de referencia.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, convocaron en las últimas semanas dos reuniones del comité de crisis de violencia machista —mecanismo que se activa cuando se registran cinco o más crímenes en un mismo mes—. En sus comparecencias, Redondo apeló al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los jueces apliquen la perspectiva de género «con el máximo rigor» de la ley, especialmente en los casos de maltratadores reincidentes, sobre quienes pidió un seguimiento «muy particular» tras su salida de prisión. La ministra también reclamó a los municipios su incorporación al sistema de protección VioGén del Ministerio del Interior.
El perfil de las víctimas de este inicio de año presenta una característica que ha llamado la atención de investigadoras y organizaciones especializadas. Siete de las catorce mujeres asesinadas tenían entre 51 y 84 años. La antropóloga Mónica Ramos señala que esos datos son «la cúspide de la violencia invisibilizada que han sufrido las mujeres mayores en distintas formas: psicológica, de control, económica o sexual, casi siempre en silencio y fuera del foco público». La violencia contra mujeres de edad avanzada recibe menor atención mediática y social que la que afecta a otros grupos, lo que puede dificultar tanto la denuncia como la intervención preventiva.
El balance de 2026: cifras y perfiles
Entre los casos confirmados figura el de Mercedes, de 64 años, estrangulada el 14 de marzo por su pareja en la localidad cántabra de Pedreña. No existían denuncias previas contra el agresor, aunque este había sido condenado por violencia de género contra dos parejas anteriores en Madrid, en 2011 y en 2019, con los expedientes inactivos en el sistema VioGén. El caso de Dolores, asesinada en Miranda de Ebro el 10 de marzo en un incendio provocado por su expareja, concentra una brutalidad adicional: el fuego mató también a su madre, de 78 años, y a una vecina colombiana de 24. Tampoco existían denuncias previas, aunque el agresor acumulaba antecedentes por secuestro y abuso sexual. En Navarra, Tatiana fue acuchillada por su expareja de 30 años, que hirió asimismo a la madre de la víctima; en este caso sí existían denuncias anteriores.
De los 14 feminicidios confirmados, en seis casos constan denuncias previas por parte de las víctimas o de terceros. En ocho de los catorce, la relación entre víctima y agresor era de pareja o expareja en fase de ruptura. Seis de las mujeres asesinadas eran españolas y tres extranjeras, según los datos del Ministerio correspondientes a los primeros meses del año. La cifra de 2026 se sitúa entre las más altas para el mismo periodo desde que existe la estadística oficial, tras los 48 homicidios contabilizados en 2025, el año con el balance anual más bajo de la serie histórica iniciada en 2003.
Fallos en los protocolos de protección
Varios de los casos documentados este año ponen de relieve deficiencias en los mecanismos institucionales de prevención. El sistema VioGén, que evalúa el nivel de riesgo de las víctimas y permite una respuesta policial escalonada, no siempre registra con exactitud los antecedentes de los agresores ni actualiza los expedientes cuando estos cumplen condenas anteriores con otras parejas. El caso de Pedreña es ilustrativo: el agresor tenía dos condenas previas firmes por violencia de género, pero los expedientes figuraban como inactivos, lo que impidió que el sistema identificara el riesgo que representaba para su nueva pareja.
La ministra Redondo reconoció públicamente que las evaluaciones de riesgo no siempre se realizan de forma exhaustiva y defendió la necesidad de aplicar medidas más estrictas en el seguimiento de los agresores una vez que acceden a la libertad. El Ministerio del Interior tiene detectados en VioGén 1.532 niños y niñas en situación de riesgo por ser hijos de víctimas de violencia de género, de los cuales tres presentan riesgo extremo —con peligro inminente para su vida— y 131 riesgo alto. Los datos reflejan la dimensión del problema: desde 2019, Interior ha identificado 5.914 menores en riesgo y 58.232 casos de especial relevancia en el conjunto del sistema.
El debate sobre las víctimas que no entran en las estadísticas
Más allá de los datos oficiales, organizaciones feministas y expertas plantean desde hace años que el conteo institucional de víctimas mortales no refleja la totalidad del daño letal que causa la violencia de género. La estadística del Ministerio de Igualdad registra exclusivamente los asesinatos perpetrados por parejas o exparejas sentimentales en el marco de la definición establecida por la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004. Quedan fuera, por tanto, los feminicidios cometidos por otros hombres del entorno familiar o social, así como las muertes de mujeres que se suicidan como consecuencia directa de situaciones prolongadas de maltrato.
El caso de María Paloma, de 53 años, cuyo cuerpo apareció en un barranco de Huesca el 17 de enero, ilustra la dificultad del proceso de clasificación. Inicialmente investigada como suicidio, la Guardia Civil encontró posteriormente indicios de homicidio y abrió una investigación que terminó con la confirmación por parte del Ministerio de su carácter de feminicidio. La historia de este expediente —el largo tránsito desde la sospecha hasta el reconocimiento oficial— resume el debate que, con nuevas víctimas y nuevos datos, regresa cada año al centro de la conversación pública sobre la violencia machista en España.
