El Ministerio de Migraciones calcula que recibirá 750.000 peticiones para la regularización extraordinaria de migrantes que aprobará en abril, pero estima que los beneficiarios finales no superarán los 500.000. El proceso, pendiente del informe del Consejo de Estado, acumula retrasos respecto al calendario previsto y deberá completar su tramitación antes del 30 de junio. El control de los antecedentes penales en los países de origen concentra las principales dudas técnicas y políticas.
El Gobierno prevé recibir 750.000 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes y estima que las concesiones finales no superarán los 500.000 beneficiarios, lo que implica una tasa de denegación superior al 30%, según un documento interno del Ministerio de Migraciones al que ha tenido acceso la prensa. El decreto, que se tramita por vía de urgencia, se encuentra pendiente del informe preceptivo del Consejo de Estado, cuyo dictamen no ha sido emitido todavía. Fuentes gubernamentales sitúan su aprobación a finales de abril, con lo que el proceso se retrasa varias semanas respecto al calendario inicial, que preveía iniciar los trámites administrativos en los primeros días del mes.
La ministra de Migraciones e Interior, Elma Saiz, lanzó el miércoles «un mensaje de tranquilidad» dirigido a los potenciales beneficiarios: «habrá tiempo suficiente para que todos los que cumplan los requisitos puedan beneficiarse del proceso», dado que el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de junio. Ese plazo, no obstante, es el último día para presentar las solicitudes, no el máximo para resolver todos los expedientes, por lo que los tiempos para recibir los certificados de los países de origen podrían dilatarse de forma considerable según los territorios implicados.
Los motivos de exclusión
El decreto excluye del proceso a quienes cuenten con antecedentes penales, con la salvedad de que las personas inmersas en una investigación pero no condenadas podrán optar a la autorización de residencia siempre que, a juicio de informes individualizados, no constituyan «una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública». La propuesta también excluye a quienes ya tengan en trámite su permiso de trabajo y residencia, un colectivo que el documento interno estima en 180.000 expedientes de arraigo a finales del año pasado. Las solicitudes duplicadas y los casos en que no se acredite una permanencia continuada en España de al menos cinco meses también quedan fuera del procedimiento.
Respecto a los 200.000 permisos de residencia y trabajo previstos para quienes acrediten arraigo, la estimación ministerial se basa en las autorizaciones de residencia concedidas en los últimos tres años. El documento contempla en esta ocasión una flexibilización del requisito de arraigo: el plazo pasa de cinco meses, como exigía la normativa anterior, a dos años, lo que amplía el universo de potenciales beneficiarios. La regularización alcanza también a familiares de trabajadores que convivan en España, no solo a los propios migrantes con actividad laboral acreditada.
La tramitación en la práctica
La Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, conocida como UTEX y dependiente del Ministerio de Migraciones, será el organismo encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos en cada expediente. La estimación ministerial es que el tiempo medio de tramitación por caso rondará los 15 minutos. La Administración se ha fijado un plazo acelerado: 15 días para la admisión o denegación de solicitudes y tres meses para resolver los expedientes de forma definitiva. Una vez admitido el trámite, el solicitante recibirá un permiso de trabajo y residencia provisional por el que deberá abonar una tasa de 38,28 euros.
Uno de los principales escollos que mantienen enfrentados al Ministerio de Migraciones y al de Interior es precisamente el control de los antecedentes penales. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) advierte de que la ausencia de antecedentes en España no equivale a la ausencia de historial delictivo en el país de origen, «por lo que cualquier relajación en los mecanismos de verificación supone un riesgo evidente». El Gobierno ha organizado «sobre el papel» cómo tramitar expedientes «pero no la seguridad», según las mismas fuentes sindicales. El problema se agudiza en el caso de migrantes procedentes de países inmersos en conflictos armados, como Malí o Sudán, donde obtener documentación oficial en el plazo previsto resulta materialmente imposible.
La reacción política
El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, calificó la iniciativa de «completo disparate» y advirtió que la Unión Europea ya está «poniendo tierra de por medio» con este tipo de procesos, en referencia a la posición de varios Gobiernos comunitarios favorables a endurecer el control de los flujos migratorios. Tellado anunció que su partido supervisará el proceso a través de una ponencia en el Congreso y el Senado, y utilizó la regularización como argumento de campaña de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo: «Ahora se acaba de despedir la señora Montero, que en seis semanas va a comprobar lo que piensan los andaluces de ella», afirmó.
El Gobierno socialista defiende la regularización como una iniciativa de política pública que da respuesta a una demanda de la izquierda trasladada a través de una proposición de ley popular impulsada en 2024, cuya negociación arrancó Podemos antes de su salida del Ejecutivo. La medida ha recibido críticas desde la derecha, la izquierda y la Iglesia Católica, aunque con matices distintos: mientras el PP la rechaza de plano por razones de seguridad y de señal política, algunas organizaciones sociales cuestionan que el proceso excluya a colectivos en situación de especial vulnerabilidad. El calendario no es neutral: la aprobación del decreto se producirá a pocas semanas de los comicios andaluces, en los que el debate migratorio ocupa un lugar central en la estrategia del PP.
