El Consejo de Ministros aprobará este martes el indulto del colectivo conocido como «las seis de La Suiza», cinco mujeres y un hombre afiliados al sindicato CNT que llevan nueve meses en prisión tras ser condenados a tres años y medio de cárcel por su participación en protestas frente a una pastelería de Gijón. La medida, promovida por el Ministerio de Trabajo, se produce pese a la oposición de la Fiscalía y cierra un proceso judicial que se prolongó casi una década.
El Gobierno español anunció este lunes que aprobará el martes el indulto para el grupo de sindicalistas conocido popularmente como las Seis de La Suiza, cuya situación se ha convertido en los últimos meses en uno de los referentes del debate sobre los límites legales de la protesta laboral en España. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a la agencia EFE que el asunto figura en el orden del día de la reunión del Consejo de Ministros prevista para mañana. La medida de gracia, propuesta por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, quedará efectiva en el momento en que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El colectivo lo integran cinco mujeres y un hombre, todos ellos miembros o afiliados de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en Gijón. Ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias el 10 de julio de 2025, después de que el juzgado de Gijón ordenara ejecutar la sentencia. En el plazo de ocho días obtuvieron el tercer grado penitenciario, lo que les permitió cumplir la condena en régimen abierto. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, expresó su satisfacción ante el anuncio: «El sindicalismo no es un delito. Defender los derechos laborales es un orgullo», publicó en la red social Bluesky.
Un conflicto que duró casi una década
El origen del caso se remonta a 2015 y 2016, cuando una trabajadora embarazada de la Pastelería La Suiza, en el centro de Gijón, denunció al propietario por acoso laboral y sexual. La denuncia fue archivada por falta de pruebas. La empleada acudió a la CNT para gestionar la negociación de su despido, lo que desencadenó una campaña de presión sindical frente al establecimiento que incluyó piquetes, concentraciones en la acera, reparto de pasquines y la difusión de un vídeo denunciando al propietario. La pastelería cerró en 2017 como consecuencia de la presión sostenida.
El empresario interpuso una denuncia penal que, tras un proceso de ocho años, desembocó en condena firme. El Tribunal Supremo ratificó en junio de 2024 una pena de tres años y medio de prisión por dos delitos: un delito continuado de coacciones graves por las movilizaciones frente al local, y un delito de obstrucción a la Administración de Justicia durante el procedimiento judicial. La sentencia incluyó también una indemnización de 150.000 euros al propietario del negocio, que fue abonada por la CNT en representación de los condenados.
El Ayuntamiento de Gijón intentó debatir una petición de indulto en sede municipal, pero la iniciativa fue bloqueada por los grupos del Partido Popular (PP), Foro Asturias y Vox, que impidieron que el asunto llegara a votación. En el ámbito autonómico, el Consejo del Gobierno del Principado de Asturias aprobó en junio de 2025 su propia solicitud de indulto, a iniciativa de Izquierda Unida (IU). La petición sindical, respaldada por más de 22 organizaciones, incluidas las mayoritarias Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), fue presentada en el Ministerio de Justicia ese mismo mayo.
La condena del Supremo y el camino al indulto
Tras el ingreso en prisión de los condenados, el movimiento de apoyo alcanzó su mayor intensidad. Manifestaciones en Gijón, Madrid y otras ciudades reunieron a miles de personas bajo el lema «Hacer sindicalismo no es delito». Díaz se reunió con los seis en Oviedo en julio de 2025 y asumió públicamente el compromiso de impulsar la medida de gracia desde el Gobierno: «El gobierno de España, faltaría más, tramitará el indulto», declaró la ministra ante los medios. Prometió trabajar para que la resolución llegara «cuanto antes».
La tramitación, sin embargo, se demoró varios meses. En octubre de 2025 la Fiscalía de Área de Gijón emitió un informe contrario al indulto. El fiscal consideró que no concurrían «razones de justicia, equidad y utilidad pública» para conceder la medida de gracia, y argumentó que los hechos probados «no suponen el ejercicio de la libertad de expresión, sino prácticas coercitivas que impidieron el ejercicio libre de una actividad comercial con presiones continuadas». La opinión del ministerio fiscal no es vinculante para el Gobierno, que puede conceder el indulto aun en contra de ese criterio.
El Ejecutivo optó por no seguir el criterio de la Fiscalía. En su justificación, el Ministerio de Trabajo argumentó que el Gobierno aprecia «razones de equidad, justicia y utilidad pública» que respaldan la medida, y señaló que la conducta sancionada se produjo «en el ejercicio, aunque eventualmente extralimitado, de un derecho fundamental» dentro de un conflicto laboral. La propuesta subraya que los condenados actuaron «sin ánimo de cometer delitos» y en el marco de la libertad sindical reconocida por la Constitución española.
El debate sobre los límites de la protesta laboral
Más allá del caso concreto, las Seis de La Suiza han funcionado como catalizador de un debate jurídico y político de mayor alcance: hasta dónde llega el derecho de huelga y cuándo la presión sindical se convierte en coacción punible. La sentencia del Tribunal Supremo, al condenar conductas que los sindicatos consideran ordinarias en cualquier conflicto laboral, generó lo que el colectivo Sofitu —el grupo de apoyo creado en Asturias— describió como «alarma en el movimiento sindical y feminista», tanto dentro como fuera de España.
Para las organizaciones sindicales que respaldaron el indulto, la condena estableció un precedente que podría usarse para perseguir penalmente actividades habituales en la negociación colectiva: piquetes informativos, concentraciones en la vía pública y campañas de denuncia en redes sociales. El argumento de la Fiscalía, en cambio, sostuvo que la intensidad y duración de las acciones superó el ejercicio legítimo del derecho de huelga y afectó de forma desproporcionada a la libertad de empresa. El indulto cierra el capítulo penal, pero el debate de fondo sobre los límites de la acción colectiva permanece abierto.
